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Por Aúna
Aúna es una plataforma que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres,... Aúna es una plataforma que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres, para alcanzar mayores resultados en bienestar, justicia y protección del medio ambiente. (Leer más)
Pendientes impostergables para un México Sustentable
La lucha por el clima es también una lucha por la justicia climática y, por esto, debe ir más allá de la regulación de emisiones y buscar la imposición de responsabilidades diferenciadas para que las empresas que contaminan estén mejor reguladas y se hagan cargo de los costos socioambientales de sus actividades.
Por Eglé Flores
20 de abril, 2021
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El decálogo ambiental AÚNA1 integra una serie de propuestas de política pública para proteger al medio ambiente y los servicios que sus ecosistemas brindan a la sociedad mexicana. Este decálogo fue desarrollado a partir de un proceso participativo, cuyo primer paso fue la generación de una agenda ambiental para informar las agendas programáticas de las candidatas nominadas por AÚNA, así como a la ciudadanía, sobre los desafíos pendientes para construir un futuro sustentable en México.

Nuestro decálogo inicia señalando la necesidad de reconocer la emergencia climática que estamos viviendo. Necesitamos abrir espacios a nuevas representantes que incluyan en la discusión pública reflexiones profundas sobre el modelo de desarrollo actual. Esto considera la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, así como incentivos para el uso de energías renovables. Sin embargo, es urgente entender que la lucha por el clima es también una lucha por la justicia climática y, por esto, debe ir más allá de la regulación de emisiones y buscar la imposición de responsabilidades diferenciadas para que las empresas que contaminan estén mejor reguladas y se hagan cargo de los costos socioambientales de sus actividades, tanto a nivel nacional como en los acuerdos internacionales de los que participamos como país.

En este camino por la sustentabilidad, nuestras representantes deben asegurar que los compromisos públicos incluyen, desde su diseño hasta su evaluación, principios de justicia social. Necesitamos más representantes que reconozcan la importancia de llevar adelante procesos legítimos de consulta previa, libre e informada para impulsar el progreso a partir del consentimiento y las necesidades que tienen las comunidades que habitan los diversos territorios del país. Además, como respuesta inmediata a la emergencia climática, es relevante asegurar una gestión sustentable del agua y su saneamiento, basada en el respeto a su ciclo natural y la protección de cuencas, ríos y acuíferos. En este sentido, el Estado debe garantizar como derecho humano el acceso a agua de calidad, en suficiente cantidad y con infraestructura de saneamiento adecuada para todas y todos.

Si queremos construir un futuro sustentable para México nuestras representantes deben comprender que la efectividad de las políticas ambientales depende de que las leyes que regulan los sectores productivos y energético, así como sus programas e incentivos, se armonicen con la legislación ambiental. De esta forma podemos asegurar un modelo de desarrollo que protege y restaura nuestros bosques, selvas, humedales, océanos y desiertos. Además, se requiere de instituciones públicas fortalecidas a todos los niveles de gobierno; necesitamos una institucionalidad ambiental sólida, dotada de recursos humanos, técnicos y financieros que la habiliten para cumplir con sus responsabilidades y garantizar el derecho a un medio ambiente sano para toda la ciudadanía. Asimismo, es relevante impulsar una revisión y mejora de los mecanismos para evaluar el impacto ambiental de proyectos privados y públicos. La evaluación ambiental debe considerar también los impactos acumulativos y sinérgicos generados por los proyectos, sobre todo, ante un contexto de emergencia climática.

Finalmente, si queremos proteger la inversión que hemos hecho con nuestros impuestos para crear y operar áreas naturales protegidas en las últimas décadas, es necesario prohibir toda actividad de exploración y explotación minera dentro de éstas, incluyendo la minería submarina. También es imperante ordenar el territorio y planificarlo desde una perspectiva ecológica, que considere los usos tradicionales que los pueblos indígenas han dado a los territorios por milenios. De lo contrario seguiremos expuestas a perder nuestra capacidad de resiliencia ante las afectaciones del cambio climático.

Desde AÚNA, esperamos que este decálogo y los principios colaborativos bajo los que fue desarrollado sigan guiando la agenda programática de las candidaturas que aspiran representar los intereses de las y los mexicanos desde el sector público. Sobre todo, esperamos que esta lista de pendientes impostergables haga sentido a la ciudadanía y refleje sus necesidades para lograr una vida digna.

@AunaMexico

 

1 1.Reconocer la emergencia climática y regular el desarrollo para garantizar la protección del medio ambiente.

  1. Adoptar una gestión sustentable del agua y saneamiento, basada en respetar su ciclo natural y proteger las cuencas, ríos y acuíferos.
  2. Eliminar subsidios para los combustibles fósiles y promover el uso de energías limpias respetando principios de justicia social, a partir de consultas, consentimientos informados y beneficios claros a las comunidades y sus territorios.
  3. Armonizar leyes para proteger y recuperar los bosques, las selvas, la vida silvestre, los mares y las costas, evitando su destrucción por programas y subsidios públicos.
  4. Impulsar que los alimentos se produzcan localmente, junto con mercados comunitarios y cooperativas, acercando a productores y consumidores y garantizando una producción amigable con la biodiversidad.
  5. Prohibir la actividad minera en áreas naturales protegidas y la minería submarina.
  6. Aumentar el reciclaje, la reutilización y separación a través de apoyos e incentivos para evitar el desecho de basura en nuestros hábitats.
  7. Ordenar el territorio, planear ciudades sustentables y promover la movilidad sustentable, a través del transporte público y acuerdos entre ciudadanía y gobierno.
  8. Fortalecer a las instituciones que promueven la protección del medio ambiente, y aumentar los recursos humanos y financieros del gobierno federal, estatales y locales para cumplirlo.
  9. Actualizar los procesos para evaluar el impacto ambiental de todos los proyectos y subsidios, y garantizar la defensa del derecho a un medio ambiente sano y la protección de sus defensores, desde la sociedad y los juzgados.
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