Que el dolor y la rabia nos siga organizando
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Que el dolor y la rabia nos siga organizando
Ante esta crisis social de violencia e impunidad generalizada que enfrentamos, Mi apuesta es hacer uso de las instituciones. Al fin y al cabo, las aguerridas feministas que nos precedieron ayudaron a construir dichas instituciones para nosotras.
Por Rebeca Moreno
27 de abril, 2022
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Escribo este artículo con el corazón destrozado ante la confirmación de que el cuerpo de Debanhi Escobar fue localizado en el interior de una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla. Debanhi llevaba 13 días desaparecida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ya había realizado una búsqueda del cuerpo en el lugar donde fue encontrada.

Los hechos de este caso son desgarradores porque muestran una realidad que se ha vivido en el país por más de tres décadas. De acuerdo con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, para noviembre de 2021 México había registrado 95,000 personas desaparecidas y 52,000 personas fallecidas sin identificar.

La desaparición de mujeres y niñas, así como la violencia feminicida, ha sido denunciada por activistas, organizaciones de la sociedad civil y feministas por décadas. Específicamente sobre violencia feminicida, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) “González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México”, de 2009, retrata la crisis de violencia contra las mujeres por razones de género que se enfrenta desde la década de los 90. En ella se describe claramente la máquina feminicida del Estado que permite que crímenes como estos sigan sucediendo, con acciones y omisiones de autoridades: irregularidades en el manejo de evidencias, fabricación de culpables, retraso en las investigaciones, la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, entre otras. En otras palabras, impunidad, corrupción, tráfico de influencias, incumplimiento de obligaciones.

Hago referencia a esta sentencia porque fue un parteaguas en México, y me atrevo a decir que en toda la región, pues logra evidenciar el problema sistémico de violencia contra las mujeres. Además, igual que Chihuahua, Nuevo León es un estado fronterizo con diversas formas de delincuencia organizada, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero, a lo que se ha sumado la militarización de la zona y la criminalidad. Todo junto ha exponenciado los niveles de inseguridad y violencia.

También retomo esta sentencia porque, como consecuencia de ese caso, la sociedad civil y feministas en el gobierno han impulsado avances normativos y de diseño institucional importantes en México: el tipo penal de feminicidio, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, capacitación sobre perspectiva de género a fiscalías, policías y al poder judicial, la creación de fiscalías especializadas para los delitos de violencia contra las mujeres, entre otros. No obstante, la violencia contra las mujeres no ha disminuido, basta con observar nuestras redes sociales o ver cifras oficiales. De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Nuevo León, en lo que va del año ya hay registro de 327 mujeres desaparecidas en el estado.

A 20 años de la sentencia, las autoridades ya debieron haber comprendido que la violencia contra las mujeres por razones de género es un problema estructural. Por tanto, la individualización de la investigación de los casos no funciona, pues hay que analizar el fenómeno integralmente para entender cómo las violencias que se intersectan afectan de forma diferenciada a las mujeres. Si no lo han hecho, es por la discriminación y la violencia institucional contra las mujeres, que se puede observar en los casos descritos en la sentencia de Campo Algodonero y que seguimos observando en los de Debanhi, Ingrid, Zyanya, Fernanda, Fátima, Lesby y de muchas otras mujeres víctimas de feminicidio y desaparición.

Las víctimas no están solas; nunca lo han estado. Hoy más que nunca, activistas, mujeres y niñas salimos a las calles a exigir la búsqueda de la verdad y justicia para Debanhi y para tantas más. En tan sólo 24 horas desde la noticia, tomamos los espacios públicos para exigir justicia. Celebro las manifestaciones masivas, la toma de oficinas de gobierno y la pinta de monumentos, pues se trata de resignificarnos como sujetas políticas con capacidad de organización, con demandas claras y con costos políticos para las autoridades. Es una denuncia contra la dominación del cuerpo de las mujeres y la guerra que el Estado y otros actores han emprendido contra nosotras, como diría Segato. Es la demanda para que la sociedad y el gobierno se convenzan de que la vida de las mujeres y las niñas valen y deben ser protegidas.

Sin embargo, también percibo el gran escepticismo sobre la utilidad de las instituciones. He leído en las redes sociales de todas mis amigas y de mujeres más jóvenes que estamos solas, abandonadas por el gobierno, que sólo nos tenemos a nosotras. Y sí, nos tenemos a nosotras. Sí, las mujeres de hoy estamos más conscientes que nunca de la violencia que enfrentamos. Sí, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Pero, ¿qué sigue?

Ante esta crisis social de violencia e impunidad generalizada que enfrentamos, no dejemos que la apatía democrática nos gane. Invitemos al resto de la sociedad a apoyarnos en la exigencia, porque la violencia contra las mujeres por razones de género afecta al conjunto de la sociedad, no sólo “a las víctimas” y a sus familiares.

Mi apuesta es hacer uso de las instituciones. Al fin y al cabo, las aguerridas feministas que nos precedieron ayudaron a construir dichas instituciones para nosotras. Sé que generaciones más jóvenes están imaginando mundos diferentes, con mecanismos de exigibilidad innovadores, y las aplaudo. Considero que el problema es de tal magnitud que ningún flanco puede quedar descubierto: necesitamos activistas de la disidencia que imaginen y nos enseñen nuevos métodos antipunitivistas de hacer y buscar justicia; académicas que analicen de forma sistémica cómo se ha transformado el problema social al que nos enfrentamos; organizaciones de la sociedad civil que hagan incidencia política y social para transformar el sistema de valores que solapa la impunidad; litigios estratégicos que busquen verdad y justicia para las víctimas; políticas públicas que atiendan el problema de forma estructural; mujeres políticas que desde las instituciones del Estado empujen cambios. Necesitamos, en fin, que madres, abuelas y tías —familias completas— participen activamente, alcen la voz y enseñen a sus hijas, hijos, hijes el respeto a todas las personas.

Ante este contexto, en lugar de apatía democrática necesitamos acción. Tomar el toro por los cuernos cuando no hay una fuerza política que represente una agenda progresista en favor de la vida de las mujeres. Ante la crisis democrática y de representación política que hay en México, apostemos por el activismo, la participación cívica y política. Porque 30 años nos demuestran que “ellos” no van a cuidar nuestra vida ni nuestro futuro y “ellas” (las valientes que están en cargos públicos) están solas en un sistema político que también las violenta.

* Rebeca Moreno (@RebecaMorenoS) es feminista y activista. Internacionalista del ITAM y maestra en género y desarrollo por el IDS. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil en la gestión e implementación de proyectos y como coordinadora de incidencia. En el sector público, fue asesora legislativa en temas de igualdad y grupos vulnerables para la Cámara de Diputados. Previamente, fue asesora de litigio estratégico y asistente de investigación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es cofundadora del colectivo Facción Formativa Feminista y actualmente forma parte del equipo nacional de Aúna. Editado por Georgina Rodríguez Palacios (@gina8103).

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