El servicio público de cuidado infantil debería ser prioridad… pero no lo es
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El servicio público de cuidado infantil debería ser prioridad… pero las cifras demuestran que no lo es
Durante el tercer año del actual sexenio se destinó 20% menos al servicio público de cuidado infantil comparado con el sexenio anterior, y para colmo, lo aprobado no se gastó completamente.
Por Mariana Campos
17 de febrero, 2022
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El gasto público en servicios de cuidado infantil es de los más legítimos y beneficiosos para una sociedad que busca cerrar sus brechas sociales. Incluso podría clasificarse como inversión, debido a la gran cantidad de impactos positivos que genera. De acuerdo con la OCDE,1 financiar “(…) prestaciones y servicios a la familia es clave para movilizar el empleo femenino, reducir los riesgos de pobreza, promover el desarrollo infantil y mejorar la equidad de género”. Es necesario resaltar la frase “movilizar el empleo femenino”: dicha movilización repercute obviamente en el ingreso de las familias, pero también en la economía en su conjunto.

Las mujeres desempeñamos el rol de cuidadoras de niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidades. Según las estadísticas, diariamente pasamos cuatro horas más en el hogar que los hombres, esto sin duda nos bloquea el acceso al trabajo remunerado. De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de participación de las mujeres en la actividad económica era apenas de 45% en 2019, mientras que la tasa promedio observada en países de la OCDE es de 56%.

La cobertura de cuidado infantil debería ocupar un lugar destacado en el repertorio de políticas públicas con perspectiva de género. Lamentablemente, no es prioritario en la agenda, por lo que se encuentra en un estado muy atrasado. La tasa de cuidado infantil formal entre niños menores de tres años sigue siendo considerablemente baja, una quinta parte de la tasa promedio de los países de la OCDE.

Es una mala noticia que, frente a esta situación, el financiamiento del gobierno federal destinado a los servicios de cuidado infantil está retrocediendo de manera alarmante. Esto desalienta la expansión y pone en riesgo la existencia de los escasos servicios o apoyos disponibles actualmente. El gasto en estos servicios2 fue de 15,426 millones de pesos en 2021, cuando en 2018 había sido de 19,442 millones de pesos. La caída no fue menor: durante el tercer año del sexenio se destinó 20% menos, es decir, se recortó una quinta parte en comparación con el último año del sexenio anterior. Para colmo, el presupuesto aprobado no se gastó completamente.

El problema no sólo es que se gasta poco, sino cómo se distribuye. Y esto deja mucho que desear en un país con tantas desigualdades sociales. Como sucede con otras prestaciones de los esquemas disponibles de seguridad social en México, el gasto público en servicios de cuidado infantil acentúa las desigualdades, en lugar de suavizarlas. En 2021, se gastó 84% de este presupuesto en familias con seguridad social y sólo 16% en las familias que no cuentan con seguridad social, a pesar de que el segundo grupo es más numeroso y necesitado.

Analizando los datos por niño, la diferencia es abismal. Se gastó cinco veces más en un niño de una familia con seguridad social que en un niño sin seguridad social. En el mismo sentido, la caída en el gasto total tuvo efectos diferenciados en los servicios de cuidado. El recorte en las guardería del IMSS fue menor que el del Programa de las Estancias del Bienestar (1,559 millones de pesos). La diferencia en términos relativos es abismal:

                      Guarderías IMSS: 12.85% vs. Estancias del Bienestar: 43%.

Tristemente, México también está desprovisto de una política de licencias parentales, carencia que profundiza las dificultades para la participación de las mujeres en el mercado laboral. Existe una licencia por maternidad, pero solamente para las madres con empleo formal; es decir, con “derechohabiencia” en algún sistema de seguridad social. El tiempo que otorga la licencia de paternidad es irrisorio y también excluye a los padres no derechohabientes. Aunque la licencia materna es un beneficio, sus efectos son contradictorios, porque subraya el rol de las mujeres como cuidadoras.

Aumentar la tasa de participación en la actividad económica de las mujeres no sólo mejora la igualdad de género, ¡y no sólo ayuda a las mujeres! Nos beneficia a ti y a mí, a todes. Por eso es indispensable poner un alto en los recortes y comprender que ese financiamiento público en realidad es una inversión. ¡Hay que incrementarla!

* Mariana Campos (@mariana_c_v) licenciada en Economía por el ITAM y graduada con honores como maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Participa opinando en diversos programas de radio y televisión y escribe artículos de opinión en prensa. Sus áreas de experiencia son finanzas públicas, gasto público, gobernanza, infraestructura y contrataciones públicas.

 

 

1 Disponible aquí.

2 Guardería IMSS, Estancia ISSSTE, Programa del Bienestar y SSA.

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