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Diversidades Fluidas
Por Laboratorio Nacional Diversidades
El Laboratorio Nacional Diversidades UNAM-CONACyT tiene como objetivo principal la producción de... El Laboratorio Nacional Diversidades UNAM-CONACyT tiene como objetivo principal la producción de material académico de investigación, docencia, artístico y divulgación, que analice, visibilice y erradique las diversas formas de discriminación y violencias a las diversidades, bajo una mirada interseccional. Es un posicionamiento urgente de la UNAM y entidades aliadas, frente al endurecimiento de los radicalismos que generan xenofobia, misoginia, homofobia y otros tipos de discriminación. Tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se enriquece con la participación de diversas entidades dentro y fuera de nuestra Universidad. (Leer más)
Derechos reproductivos de las mujeres en Veracruz
La reforma constitucional en Veracruz para proteger la vida desde la concepción no es única ni aislada, es un contraataque estratégico de las legislaturas locales para contrarrestar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.
Por Laboratorio Nacional Diversidades
22 de febrero, 2019
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Por: Daniela Castillo (@Vicious_Pink_), Iris González Cortez (@IrisGCortez), Karla Ortiz Antuna (@Maggiantuna) y Montserrat Martínez (@Mont_M_Art)

Por lo general, pensar en un litigio remite directamente a la idea de que solo hay dos partes involucradas, una parte actora y otra demandada. Sin embargo, el uso de nuevos instrumentos legales que dan cabida a la participación de personas ajenas al proceso -sobre todo en asuntos de interés general, como los relativos a los Derechos Humanos- es cada vez más común. El Amicus Curiae, cuya traducción literal es “amigos de la corte”, es uno de estos instrumentos novedosos y, aunque su utilización se da principalmente en el derecho anglosajón, poco a poco se ha convertido en una importante herramienta de incidencia ciudadana en el derecho mexicano.

A principios de este año, integrantes de la Clínica Jurídica del Laboratorio Nacional Diversidades ingresaron a la Oficialía de Partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito en calidad de Amicus Curiae, con la finalidad de coadyuvar en la próxima resolución del Máximo Tribunal del país en relación a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), relativa a la reforma del artículo cuarto de la Constitución del Estado de Veracruz, en la cual, no solo se establece la “protección” de la vida desde el momento de la concepción, sino que se posiciona el derecho a la vida por encima de otros derechos humanos al reconocerlo como ”valor primordial”.

Esta reforma constitucional vulnera los derechos humanos de niñas y mujeres, y recrudece el contexto de criminalización e incertidumbre jurídica que se ha venido experimentando desde hace más de una década. Es por ello que la redacción de dicho documento se hizo desde una perspectiva crítica feminista, lo cual permite tener una visión mucho más amplia de esta problemática tan compleja. El Amicus en cuestión está conformado por cinco apartados que exponen detalladamente los aspectos más relevantes de esta enmienda y sus implicaciones: el contexto de las reformas constitucionales que dicen proteger la vida desde el momento de la concepción en México a partir del 2008; el contexto político de la aprobación de la reforma a la Constitución de Veracruz en 2016; estadísticas sobre las repercusiones en la vida de las mujeres; indicadores sobre acceso a la salud, mortalidad y criminalización relacionada con el aborto en Veracruz; Alertas de Violencia de Género en el Estado de Veracruz y la judicialización de la despenalización del aborto por parte de la sociedad civil y, por último, el análisis dinámico de los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las últimas dos décadas sobre juicios en materia de derechos reproductivos.

En el contexto de las reformas constitucionales, el amicus curiae busca aportar una mirada crítica desde las teorías del minimalismo judicial, a partir de un estudio amplio del contexto jurídico-político, pues a través de la investigación se demostró que la reforma constitucional en Veracruz no es única ni aislada, sino que responde a una misma lógica de contraataque estratégico de las legislaturas locales ante los argumentos minimalistas en los que se sostuvieron las reformas para despenalizar el aborto en la Ciudad de México. En el 2008, la SCJN resolvió sobre la constitucionalidad de las reformas de la Asamblea legislativa de la Ciudad de México, dando lugar a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La resolución fue excesivamente formalista, ya que los argumentos jurídicos se centraron en legitimar las facultades competenciales, evitando de esta manera entrar al fondo del asunto. A partir del 2008, sobrevino una oleada de reformas en las constituciones locales en el sentido de “proteger la vida desde la concepción” y a la fecha hay 19 entidades federativas que contemplan este tipo de normatividad.

En el caso específico de Veracruz, dentro del amicus curiae se explicaron los efectos de la reforma constitucional del Estado que impactan directamente en la vida de las mujeres. Entre los factores que intervienen en los daños causados a las mujeres se encuentran los de carácter estructural y los que derivan de las normas jurídicas que reproducen la discriminación e inclusive replican los mandatos de género sobre la idea de la maternidad.

En este sentido, los datos estructurales nos muestran que la salud y la vida de las mujeres se ven afectados cuando existen sistemas normativos que restringen y sancionan el aborto. En Veracruz las mujeres que abortan se ven obligadas a hacerlo en condiciones de clandestinidad, a someterse a procedimientos inseguros realizados por personas sin la capacitación necesaria y en un entorno que no se ajusta a los estándares médicos mínimos, es decir, son obligadas a someterse a abortos inseguros. Mientras que solo las mujeres que tiene la posibilidad de trasladarse a la Ciudad de México pueden acceder a su derecho a una interrupción legal del embarazo (ILE). De abril de 2007 a mayo de 2015, se registró al menos a 265 mujeres veracruzanas que se trasladaron a la capital del país para acceder a una ILE, lo que hace evidente la discriminación de las mujeres veracruzanas que no pueden trasladarse a la Ciudad de México y no pueden acceder plenamente a su derecho a la salud reproductiva.

Derivado de esto, es necesario tener en cuenta que en México el aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna, por lo que debe ser entendido como un problema de salud pública que el Estado está obligado atender para garantizar a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos. A lo anterior se suma, en primer lugar, la deficiente disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los métodos anticonceptivos y de planificación familiar en Veracruz. Los datos de la Secretaría de Salud mostraron que el programa de planificación familiar refleja bajos indicadores de cobertura anticonceptiva (28.6%) y en calidad de servicios de planificación familiar ofrecidos (23.6%). Y segundo, Veracruz presenta los índices de embarazo en niñas y adolescentes más altos del país. Entre 2009 y 2013 las Estadísticas Vitales de Natalidad registraron 53,360 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, con un promedio de 10,726 casos por año. Para el caso de las niñas de 10 y 14 años, durante 2015 dieron a luz 487 niñas entre 10 y 14 años, lo que implica la cifra más alta en todo el país.

A los factores estructurales antes mencionados se suma la criminalización de las mujeres que abortan y de aquellas personas que la auxilien en el proceso. Estas leyes punitivas, aunadas a la reforma constitucional del Estado de Veracruz que “dice” proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, promueven un entorno de estigma y prejuicio con relación al aborto, que afecta la vida de las mujeres, y que puede simplificarse en cuatro puntos:

  • El personal de salud encargado de realizar interrupciones, generalmente argumenta objeción de conciencia para evitar ser procesados y sancionados. Asimismo, en la mayoría de los casos son ellos quienes denuncian a las mujeres ante el ministerio público.
  • Los agentes del ministerio público y el personal de salud interrogan a las mujeres en contextos de emergencias médicas.
  • La policía y las autoridades presionan a las mujeres para que se declaren culpables.
  • En lo que respecta a los casos de aborto por violación, se registra que, a pesar de ser legal en todo el país, tiene limitado o nulo acceso en el estado. Por otro lado, los datos muestran que el personal de salud solo denuncia en un 50% los hechos que podrían constituir violencia sexual, lo que favorece tanto a la impunidad como a la falta de aplicación de la NOM-046.

En el estudio sobre la judicialización de la despenalización del aborto, fue importante considerar los procedimientos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que fueron activados por la sociedad civil organizada en el contexto de la reforma en Veracruz, como: las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), una por feminicidio y otra por agravio comparado; también los amparos por omisión legislativa que se presentaron ante el incumplimiento de la Asamblea legislativa local en el marco de las recomendaciones de las AVGM, y por último, el recurso de revisión promovido por el Congreso local y que aún no ha sido resuelto.

 Finalmente, para explicar los efectos normativos, se tomaron en cuenta los razonamientos de la SCJN en materia de argumentación en las decisiones relativas a derechos reproductivos en las últimas dos décadas. Para este estudio se utilizó la metodología de Diego López, académico colombiano, sobre el análisis dinámico de las sentencias. Este análisis obedece solo a los argumentos y no a los efectos, es por ello que fue posible incorporar los distintos tipos de control constitucional (acciones, controversias y amparos).

El análisis de las sentencias responde a una pregunta que, en este caso fue: ¿Qué tipo de protección considera la constitución a las mujeres que abortan? misma que fue respondida en tres momentos: 1) excepcional/competencial 2) respeto a los derechos y 3) protección y garantía de derechos. Cada momento responde, a su vez, a la gradual protección que otorga la SCJN, desde la protección restringida hasta la protección más amplia. Este análisis tan particular arroja como resultado una tendencia clara hacia la protección más amplia de las mujeres que abortan, haciendo eco del principio constitucional de la progresividad de los derechos humanos. Lo anterior permite apreciar, por un lado, la progresividad en los argumentos y, por otro, la regresividad en los efectos (como ya se ha revisado con anterioridad).

Esta discrepancia entre los argumentos de la SCJN y los efectos que se producen en la práctica han traído consigo la exigencia de organismos como la CNDH y organizaciones de la sociedad civil (principalmente grupos feministas) de que esta vez se atienda el fondo del asunto, es decir, los derechos humanos de las mujeres y las afectaciones que producen en ellos este tipo de reformas. Así, esta Acción de Inconstitucionalidad y su próxima resolución presentan una oportunidad para acortar esa distancia en la vertiente de progresividad de sus efectos protectores.

 

* Daniela Castillo, Iris González Cortez, Karla Ortiz Antuna y Monserrat Martínez son integrantes de la Clínica Jurídica del @LNDiversidades.

 

 Disponible aquí.

Consultar el documento completo aquí.

Grupo de Información en Reproducción Elegida, La pieza faltante, justicia reproductiva, 2018, recuperado aquí.

Informe de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Veracruz por Agravio Comparado, 2016, recuperado aquí.

Grupo de Información en Reproducción Elegida, Maternidad o castigo, 2018, recuperado de aquí.

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