Por: Nancy Zamora (@NancyZamher)
A inicios del mes de abril, Frida Gómez, analista política de SDP Noticias, denunció en una videocolumna -con evidentes golpes en la cara- privación de la libertad, violencia sexual, física y psicológica, además de amenazas de muerte por parte del reportero de Milenio, Ilich Valdez. De acuerdo con su narración en el video, después de una cena de trabajo, Valdez la forzó a subir a su auto donde la mantuvo privada de su libertad, posteriormente la golpeó y la amenazó al no querer tener relaciones sexuales con él. Cuando Gómez logró escapar, llamó a la policía y el reportero huyó del lugar. Después de una hora de espera llegó la patrulla, al conocer los hechos, la respuesta inmediata de las agentes fue que mejor no denunciara: “para que no se metiera en problemas”.
Ni el vigilante ni el personal del valet parking del restaurante, quienes presenciaron en un inicio la escena, fueron capaces de detener la agresión. “La violencia se vive gracias a la indiferencia”, relata Gómez en su renuncia pública (1). Este video, que no es una invitación a conocer la vida personal de la periodista sino una denuncia por tratarse de hostigamiento y misoginia -asuntos de interés público y político-, pone en evidencia la apatía social ante la violencia contra las mujeres y la incapacidad de las autoridades para responder a lo que dictan las leyes, normas y protocolos en este país.
Contextualizando en el caso de Frida -por no mencionar el de miles de mujeres que pasan diariamente por acoso sexual-, cabe mencionar que no sólo el crimen organizado y el Estado nación, cuya construcción heteropatriarcal con una sólida estructura social feminicida, violentan a las mujeres; también son lxs compañerxs de trabajo, con lxs que debería de existir una relación de “respeto” y de “confianza”, quienes contribuyen a normalizar la violencia sexual dentro de un entorno sociocultural profundamente misógino.
Afecta desproporcionalmente a mujeres
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 (2), las mujeres resultaron ser la gran mayoría de las víctimas de los delitos sexuales, con un 89%. En el caso de hostigamiento, manoseo, exhibicionismo e intento de violación en el trabajo, 99.2% de quienes agredieron a las mujeres fueron hombres y 0.8% otras mujeres.
Ante esta violencia que evidentemente afecta más a las mujeres y que, en la mayoría de los casos, es perpetrada por hombres, vale la pena mencionar la respuesta que ha tenido la conversación global del movimiento #MeToo, fundado por la organización Press Forward, que ha abierto una oportunidad de luchar contra prácticas de poder como el acoso sexual. Los casos más recientemente expuestos en México refieren a conductas en el trabajo, que van desde el comentario sexista o insinuación sexual, pasando por tocamientos constantes, hasta llegar a la violación. En algunos casos, quizá, no hubo insinuaciones sexuales, no obstante se presentaron amenazas y represalias laborales, situación que termina condicionando el trabajo de estas mujeres (3). Ahora bien, según las leyes: ¿cuáles de estas conductas se pueden denunciar? ¿Cómo se castigan? ¿Se castigan?
Sólo 16 estados de la República -incluida Ciudad de México- tipifican como delito el acoso sexual, en el resto de los estados, así como en el Código Penal Federal, desde 1991, se tipifica con el término de hostigamiento sexual (4). La pena más alta es de ocho años en prisión (5).
En el gremio periodístico
El acoso sexual en los medios de comunicación es un tema del que mucho se habla entre colegas, pero del que se dice poco públicamente (6). En las redacciones de prensa, radio y televisión son, incluso, algunos jefes de información, editores, reporteros con rostro, nombre y apellido quienes arremeten contra las mujeres con conductas arraigadas a nuestra cultura que ha legitimado el poder y privilegiado la toma de decisiones en los hombres. ¿Son acaso los medios de comunicación un reflejo de nuestra sociedad?
Los estereotipos, valores y normas aprendidas desde la infancia a través de la socialización de género, se ven reflejados, por ejemplo, en el entorno que rodea a las reporteras, quienes además de lidiar con el machismo en las redacciones, son víctimas de agresiones en espacios de cobertura. Recientemente le sucedió a una corresponsal de la cadena televisiva Fox (7), quien tuvo que defenderse con su micrófono después de ser acosada por un aficionado mientras transmitía el festejo de un partido de futbol en Guadalajara.
Estas conductas misóginas también se manifiestan hacia las periodistas que realizan su labor como conductoras de televisión (8), cuyo aspecto físico se consolida en el estereotipo de género y su cuerpo se vuelve motivo de cosificación, de consumo perecedero y, por tanto, susceptible de desecho. Recordemos el video Más de 140 caracteres que dio a conocer la ONG Versus (9), que expone el constante acoso sexual que reciben periodistas deportivas mediante tuits ofensivos y sexistas con comentarios como: “debería de ser autocrítica, dejar de creerse periodista y mejor dedicarse a lavar baños y cocinas. Eso o la prostitución también”.
Por si esto no fuera suficiente, las mujeres que ejercen una labor periodística también se enfrentan ante la brecha salarial y el techo de cristal (10), límites muchas veces originados por el “compadreo” que existe entre los hombres, y ante la falta de perspectiva de género en el mundo de la comunicación. La violación a los derechos en el ámbito laboral ocurre en un fuerte contexto de desigualdad que da cabida a la violencia, y es que, si sólo los hombres siguen ocupando los puestos más altos de decisión en los medios -y en cualquier otro tipo de empleo-, continúa recayendo el poder únicamente en ellos, lo que les confiere un mayor margen de arbitrariedad que afecta las oportunidades laborales de las mujeres, quienes no sólo siguen estando fuertemente condicionadas por la discriminación sino que, además, tienen menores posibilidades de proceder a favor en caso de levantar una denuncia por hostigamiento o acoso sexual ante el Ministerio Público.
50 países, la misma historia
De acuerdo con una encuesta (11) publicada en noviembre de 2017 por la Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés), casi una de cada dos mujeres periodistas ha sufrido acoso sexual, maltrato psicológico, troleo online y otro tipo de formas de violencia de género en sus lugares de trabajo; 85 % declaró que no se tomaron medidas contra los agresores o bien que las medidas fueron inadecuadas. Además, la encuesta reveló que la mayoría de las redacciones o lugares de trabajo no cuentan con una política por escrito para combatir este tipo de abusos o proveer un mecanismo para informar sobre estas conductas. México es uno de los 50 países miembros de la IFJ. Para esta encuesta se registró el testimonio de casi 400 mujeres periodistas.
El costo de la denuncia
La mayoría de los casos de acoso sexual laboral en México no son denunciados. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), publicada en 2016, 91.2% de las mujeres que experimentaron violencia física o sexual en el trabajo a lo largo de su vida, no solicitaron apoyo de ninguna institución, ni interpusieron una queja o denuncia ante alguna autoridad. Solo 2.3% solicitó apoyo a alguna institución, 5.3% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, y 1.2% solicitó apoyo e interpuso una denuncia (12).
A pesar de que levantar una denuncia en este país se ha convertido en “un acto revolucionario” (13) -aspecto en el que se ha centrado el movimiento nacional #MeToo-, la gran mayoría de las mujeres prefieren no denunciar el acoso sexual. ¿Cuál es la razón? De acuerdo con la ENDIREH 2016, un 23.9%, no denunció porque tenían miedo a las consecuencias o a las amenazas; 17.1% porque pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa; 14% por vergüenza; 20% porque no sabía cómo y dónde denunciar; 17.1% porque era una pérdida de tiempo o porque no tenía tiempo; y 12.4% porque no confía en las autoridades del gobierno.
Estos porcentajes cobran sentido cuando conocemos las cifras del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2017 (14). En 15 años, entre 1997 y 2012, sólo se han condenado a 172 personas (168 hombres y 4 mujeres) por la comisión de delitos de “hostigamiento”, “acoso” y “aprovechamiento sexual”. Entre 2013 y 2016, sólo 93 personas han sido sentenciadas por estos delitos, una cifra considerablemente baja si se contrasta con las 8511 investigaciones penales de hostigamiento laboral que se iniciaron en ese mismo periodo (15). A pesar de que en 2012 se incluyó el tema de acoso y hostigamiento sexual en la Ley Federal de Trabajo (LFT), y en 2007 se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), esto no significa que las instancias responsables de impartición de justicia en nuestro país cumplan con sus protocolos y procedimientos.
Entonces surge una serie interminable de preguntas: ¿Qué gana la víctima con denunciar? ¿Cuál es el costo de la denuncia? ¿Vale la pena pasar por este proceso? ¿Para qué denunciar si no se va a lograr una condena? ¿Es suficiente con que el culpable entre a la cárcel? ¿Quién repara el daño psicológico de la víctima? ¿Quién le regresa su trabajo? ¿Quién le devuelve la vida?
Y es que, es difícil ejercer una denuncia, cuando se sabe que el costo por hacerlo es muy alto y las posibilidades de obtener justicia son bajas. Es difícil denunciar en un país donde existe un sistema donde la víctima importa, siempre y cuando, su discurso pueda ser traducido por expertos que buscan una verdad objetiva que, más que reponer el daño en las víctimas, termina por revictimizarlas. Es difícil denunciar cuando el sistema penal es un laberinto institucional diseñado para multiplicar víctimas. Es difícil denunciar ante un régimen colapsado donde el verdadero problema, más allá del machismo, es la incapacidad institucional.
También es muy cierto que, hasta no ir a la médula del problema y no cambiar la forma en la que operan los espacios de trabajo -para lograr que exista un equilibrio de poder- (16), no cambiará nada. A esto podemos agregar que la justicia -reducida a impunidad- se empeña en castigar y criminalizar, cuando lo importante es prevenir la violencia a partir de un cambio sociocultural y un rediseño institucional, e insiste, además, en demostrar la “inocencia” de las víctimas cuando, lo que realmente se tiene que evidenciar es la “culpabilidad” del agresor.
Y todavía nos preguntamos: ¿por qué las víctimas no denuncian y se quedan en silencio?
Referencias:
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