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Diversidades Fluidas
Por Laboratorio Nacional Diversidades
El Laboratorio Nacional Diversidades UNAM-CONACyT tiene como objetivo principal la producción de... El Laboratorio Nacional Diversidades UNAM-CONACyT tiene como objetivo principal la producción de material académico de investigación, docencia, artístico y divulgación, que analice, visibilice y erradique las diversas formas de discriminación y violencias a las diversidades, bajo una mirada interseccional. Es un posicionamiento urgente de la UNAM y entidades aliadas, frente al endurecimiento de los radicalismos que generan xenofobia, misoginia, homofobia y otros tipos de discriminación. Tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se enriquece con la participación de diversas entidades dentro y fuera de nuestra Universidad. (Leer más)
Factor de riesgo: otra forma de violencia a las mujeres
¿Cómo es un 8M en prisión, cómo es la reinserción social de mujeres privadas de libertad, y cuál es la importancia de obtener un beneficio preliberacional para las mujeres frente a un sistema penitenciario y normatividad que responden a esa “neutralidad” en torno al género?
Por Laboratorio Nacional Diversidades
8 de marzo, 2019
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Por: Clara Santos Melo ([email protected]) y Verónica Garzón Bonetti ([email protected])

 

El “factor de riesgo”, respecto a la privación de libertad, así como a los beneficios preliberacionales, afecta de forma desproporcionada a las mujeres. Para las autoridades, las mujeres son peligrosas por sufrir de la discriminación y violencia institucional de género que no toma en cuenta sus necesidades.

Como es usual, el mes de marzo, y especialmente el día 8, transforma el lenguaje y atención de diversos espacios e instituciones a hablar de las mujeres, lamentablemente después de dicha fecha la normalidad de lo “neutral” invisibiliza diversas situaciones que atañen a las mujeres, especialmente a mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

¿Cómo es un 8M en prisión, cómo es la reinserción social de mujeres privadas de libertad, y cuál es la importancia de obtener un beneficio preliberacional (1) para las mujeres frente a un sistema penitenciario y normatividad que responden a esa “neutralidad” en torno al género?

Comencemos a construir la respuesta partiendo de que hablar de un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos de las personas y de conformidad con los principios que rigen el sistema penal acusatorio, es primordial tener un efectivo programa de reinserción para las personas privadas de libertad (2), pues es ésta la justificación a la pena privativa de libertad. Para ello es necesario tomar en cuenta los las múltiples características personales y de contexto que las personas privadas de libertad viven, en especial cuando se trata de un grupo poblacional que vive sistemática desigualdad, como son las mujeres.

Lamentablemente, la realidad del Sistema Penitenciario en México, dista de lo anterior, y en el caso de las mujeres es especialmente grave, pues los efectos negativos del encarcelamiento tienen mayores impactos en la vida de las mujeres, entre ellos está el abandono y desarraigo social que sufren, reproduciendo la exclusión de por sí imperante en el exterior; además son víctimas de una profunda criminalización y estigmatización como consecuencia de los estereotipos que giran en torno a la privación de libertad, que intensifican sus efectos al mezclarse con los estereotipos de género que existen sobre las mujeres, complejizando y obstaculizando su reinserción social.

Pese que a nivel internacional (3) es reconocido que muchas de las mujeres privadas de libertad no plantean un riesgo para la sociedad y su encarcelamiento sólo dificulta su reinserción social, en este sentido el otorgamiento de su libertad, ya sea condicionada o anticipada, adquiere gran relevancia en términos de justicia social. Lamentablemente en México las mujeres privadas de libertad se enfrentan a un sistema penitenciario y judicial que obstruye la aplicación de dichos criterios, convirtiéndose en el factor de riesgo.

El análisis del factor riesgo (4) pretende identificar los aspectos relevantes a tomar en cuenta para poder disminuir y detectar elementos que pudieran orillar a las personas a la reincidencia, siendo ésta uno de los principales desafíos del sistema penitenciario mexicano.  

Idealmente el análisis de factor de riesgo debería significar conocer el contexto social y económico de la región donde se aplica, y examinar el contexto individual de la persona privada de libertad para que le sea diseñado un programa individualizado de reinserción; finalmente se aplicará el análisis de factor de riesgo cuando proceda una preliberación para permitir conocer a las autoridades examinar el nivel de herramientas que el Centro Penitenciario proporcionó a una persona para reinsertarse en la sociedad.

En los casos en que las personas salen de los Centros de Reinserción tras haber sido privadas del exterior y sustraídas de sus redes sociales, vuelven a las mismas duras realidades sin haber adquirido durante su internamiento ninguna herramienta para sobreponerse a ellas, lo grave es que el análisis de factor de riesgo se realiza aun cuando el estado ha fallado en implementar actividades y servicios dentro de los Centros, poniendo una carga desproporcionada a las personas privadas de libertad que legalmente pueden obtener un beneficio preliberacional.

El enfoque individualizado y diferenciado sobre el factor de riesgo es de gran importancia, sobre todo para las mujeres privadas de libertad, pues partiendo de que la mayoría de los Centros penitenciarios y políticas se enfocan en los hombres y fueron pensados para ellos (5), ellas usualmente no cuentan con actividades de trabajo, educación, y deportivas (6) diseñadas especialmente para ellas y que además estén encaminadas a reducir las brechas económicas que la mayoría de ellas vivía antes de la privación de libertad.

Finalmente, las mujeres pasan por el proceso de aplicación del análisis del factor de riesgo sin enfoque de género, el cual resulta en la retención de ellas bajo el argumento de que AUN REPRESENTAN UN RIESGO PARA LA SOCIEDAD, aun cuando pueden ser beneficiadas por una preliberación al cumplir el 50% o 70% de la penalidad que se les impuso si son primodelincuentes. Mientras el Estado incumple en su labor de aplicar el enfoque diferenciado de género en el sistema penitenciario, las consecuencias las pagan las mujeres privadas, quienes siguen padeciendo la falta de autonomía económica, la falta de condiciones dignas de vivienda, y además el aislamiento y abandono siguen incrementándose.

Por lo anterior, los programas postpenitenciarios tienen una labor fundamental para evitar que las mujeres privadas de libertad y sus proyectos de vida sigan retenidos por las omisiones institucionales, y ofrecer acompañamiento con perspectiva de género en aquellas mujeres que no tuvieron las herramientas necesarias dentro de las prisiones para completar su reinserción social a través del fortalecimiento de ámbitos como la familia, el trabajo y la vivienda.

Más allá de discursos que pretenden generar una imagen institucional amigable y respetuosa con los derechos de las mujeres, el gobierno mexicano debe encaminar sus esfuerzos en proporcionar y atender a través de sus diversas instituciones las necesidades de reinserción social que aún adeuda a las miles de mujeres privadas de libertad en México.

 

1 Encontrados en los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

2 GUTIÉRREZ, Román José Luis (Coord.); Ejecución Penal en el Estado de México; Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia; 2016; p. 27. En línea, disponible aquí.

3 Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes y sus Comentarios (Reglas de Bangkok)

4 Concepto reconocido por el artículo 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y el artículo 170 del Condigo Nacional de Procedimientos Penales.

5 GUTIÉRREZ, Román José Luis (Coord.); La situación del derecho a la reinserción social de las mujeres bajo la lupa de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 2018; p. 14. En línea, disponible aquí.

6 Ibidem. p. 36

 

* Clara Santos Melo es coordinadora del Área LGBTI y Género y Verónica Garzón Bonetti es coordinadora del Área de Incidencia Internacional de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A. C. -ASILEGAL (@Asilegal_df)

 

@LNDiversidades

 

 

 

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