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Ebrard y la Supervía: Another brick in the wall
Por Asamblea Nacional Ciudadana
3 de enero, 2011
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Por: Alberto Serdán

@rioszertuche Paquito estamos con el jefe en sinaloa. Me pide te comente que “felicidades por la putiza a Lajous”La hemos seguido. Jajaja

@britoalfonso Director General de Comunicación Social del GDF

En apenas dos días, el gobierno de Marcelo Ebrard muestra de qué está hecho. El año nuevo amaneció con la ocupación de los predios expropiados en La Malinche por parte de la policía capitalina para dar paso a la Supervía Poniente. En clásico madruguete, las autoridades de la ciudad ponen otro ladrillo más al muro que les divide de la ciudadanía. Si ello no fuera suficiente, un desliz evidenció una actitud más profunda: el gobierno de la ciudad no quiere dialogar, quiere imponerse a como dé lugar incluso imaginando que ganan discusiones en la arena pública. Ladrillos que llenan muros. Roger Waters no pudo llegar en momento más oportuno.

La Supervía es una obra polémica por el impacto ambiental que trae consigo. No sólo incrementará el tráfico en la zona –particularmente en la avenida Luis Cabrera adonde desembocarán 138 mil vehículos diariamente– sino que desatará la fiebre inmobiliaria en un poniente que históricamente ha sido el manantial de la ciudad de México. Ahora el asfalto se ha estado convirtiendo en un sello que evitará la recarga de los mantos acuíferos. Quien circule por la autopista México–Toluca constatará los modernos y lujosos edificios construidos en suelo de conservación que disfrutarán de vías que agilizarán su salida hacia el sur de la ciudad privilegiando el modo de transporte que en el mediano y largo plazos ha demostrado su poca sustentabilidad: el vehículo particular.

A la par –quizá motivado por el negocio que significan 44 mil millones de pesos de ganancias garantizadas para los inversionistas (Enfoque, 5/XII/2010)– la Supervía se ha convertido en el símbolo de la regresión autoritaria y el desvanecimiento de la transición democrática en el país y, en este caso, en la ciudad de México. A la opacidad –como la negativa a dar a conocer el “Plan económico financiero” y de la “Recuperación de la inversión total y de la TIR del proyecto” de la Supervía– se suma la cerrazón del gobierno del Distrito Federal para discutir, dialogar y promover la participación sustantiva en la toma de decisiones públicas. Son muros que se levantan.

Un ejemplo. En tan sólo 25 minutos el Comité del Patrimonio Inmobiliario del GDF aprobó la Supervía el 22 de diciembre de 2009 luego de “conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los actos jurídicos o administrativos” asociados con esta obra. Fue hasta el 5 de abril que las autoridades establecieron el primer contacto con los vecinos cuyas casas serían expropiadas. Un día después, ese “diálogo” concluyó en llana expropiación. A partir de entonces el jaloneo entre el gobierno capitalino y la ciudadanía se intensificó. Luego de un largo plantón organizados por los vecinos de La Malinche para impedir la ocupación de sus casas, en la madrugada del 1 de enero entre 500 y 800 granaderos –según versiones periodísticas– dominaron los predios ignorando incluso medidas precautorias de la Comisión de Derechos Humanos del DF. En estos momentos están intensificando la demolición de las casas y la construcción metafórica del muro.

En sociedades poco democráticas hay un comportamiento autoritario que se extiende a lo largo y ancho de decisiones de infraestructura. Presas, carreteras, aeropuertos, siguen el mismo patrón. No importa el país y al parecer tampoco la orientación ideológica del gobierno en turno cuando detrás de estas obras hay cifras estratosféricamente multimillonarias que significan ganancias políticas para los gobernantes y ganancias económicas para sus inversionistas –en no pocas ocasiones incluyendo a algunos miembros del gobierno mismo.

El proceso es más o menos como sigue: inversionistas y políticos toman acuerdos en una lógica del compadrazgo -intercambio de favores, generalmente electorales o simplemente monetarios, pasados o futuros-, luego a escondidas se plantea la decisión ante las instancias gubernamentales correspondientes y se estudia técnicamente su viabilidad. Con el mismo sigilo se lleva a cabo el proceso de asignación de la obra donde suelen ganar sospechosos comunes. Se establecen disposiciones legales en formas crípticas para la ciudadanía y se publican en fechas poco aptas para el escrutinio público: fines de semana, periodos vacacionales, etc.

Es entonces cuando los beneficiados/afectados por las obras se enteran a través de los medios de comunicación de que sus comunidades serán afectadas. En estos procesos no hay notificaciones oficiales previas. Y así comienza la batalla por la información para conocer la magnitud de la obra de infraestructura, luego la exigencia de diálogo y a la sazón vienen las promesas gubernamentales para calmar los ánimos: progreso y dinero son las principales apuestas.

El proceso continúa con una ciudadanía que constata el incumplimiento por parte del gobierno: sea en las expropiaciones, en las obras de mitigación de efectos adversos y colaterales, en las explicaciones públicas sobre la racionalidad de la obra, en la entrega de información. Mientras las obras avanzan, las comunidades se radicalizan ante la inminencia de su afectación y el gobierno los llama y los trata como enemigos del progreso o señala motivaciones “político–electorales” que supuestamente manipula el sentir de los afectados. Es cuando viene un gasto gubernamental en difusión y publicidad para minimizar –y de paso ignorar– los argumentos de los opositores.

En este punto los grupos opositores ganan aliados, en ocasiones inician una defensa legal, en otras cuentan con apoyo técnico especializado para rebatir los argumentos gubernamentales y empresariales, en otras consiguen apoyo de otras luchas y de grupos políticos adversarios al gobierno promotor de la obra, y casi siempre realizan actividades de resistencia y oposición en la vía pública. En suma, su discurso y sus acciones se radicalizan aún más.

Finalmente el gobierno usa la fuerza pública para iniciar las obras y de ahí el desenlace es incierto: en algunos casos el proyecto se cancela, en otros avanza encima de costos electorales, de arrestos e incluso muertos.

La Supervía Poniente sigue al pie de la letra este patrón de comportamiento. ¿En qué momento el gobierno capitalino y los vecinos se divorciaron de esa manera? El gobierno de la capital, de izquierda, hace esfuerzos para convencerse de que ha privilegiado el diálogo. Recita las numerosas ocasiones en que se ha reunido formal e informalmente con los vecinos de la Magdalena Contreras, posibles afectados por la Supervía. “Muestra concreta y fehaciente de este proceso son las modificaciones y ajustes que se fueron haciendo al trazo originalmente previsto, así como la adopción de soluciones de ingeniería como puentes y túneles”, dicen en un cuestionari entregado a la organización Propuesta Cívica, A.C. (que se puede consultar en http://static.ow.ly/docs/PROPUESTA%20CIVICA_%20RESPUESTAS%20%2029%20SEPT_GDF__989.pdf).

Por su parte, la sociedad que no desea modificaciones exige la cancelación del proyecto, se organiza y realiza foros en los que invita al gobierno a debatir ante la construcción de la obra. Sólo eso: contraponer ideas y argumentos para que la opinión pública las valore y se haga un juicio sobre la pertinencia de la Supervía. Lo invita a sus terrenos. Pero el gobierno sólo quiere debatir en sus espacios, bajo su control, con todo preparado para legitimar decisiones ya tomadas en otro lado y así echar a andar la simulación como método para la imposición.

Señalaré un caso. El Gobierno del Distrito Federal argumentó que no asistió al foro “La Supervía a debate: mitos y realidades” organizado por el Frente Amplio contra la Supervía con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal porque “en particular, entre vecinos que mantienen ‘No a la Supervía’, hay quienes participaron en el proceso en diversas condiciones y circunstancias de diálogo, discusión y análisis y algunos otros que en foros y espacios públicos formales con funcionarios, así como en encuentros fortuitos en cafeterías o restaurantes de la zona, mantuvieron una postura por decir lo menos, beligerante y agresiva. Existe por supuesto prueba documental de este dicho”.

Así que debido a esta actitud “por decir lo menos, beligerante y agresiva” el gobierno decidió no contraponer sus explicaciones a los opositores de la Supervía. Pero en todo este proceso de la Supervía un dato salta a la vista: un amplio grupo de especialistas en temas urbanos y ambientales han puesto sobre la mesa serios cuestionamientos a esta autopista urbana. Su diversidad y capacidad aumenta el desconcierto de su unanimidad: la Supervía no debe construirse. ¿Dónde han estado los especialistas y funcionarios públicos que sostienen lo contrario?

El Gobierno de la ciudad prefirió la negación: “Finalmente, cabe señalar que en este proyecto o en cualquier otro, nuestra experiencia es que los grupos opositores por lo general, no requieren promoción gubernamental para su participación en la discusión, análisis, debate e idealmente, la construcción de acuerdos; la Supervía no ha sido, ni es excepción”, dicen en el cuestionario de referencia. Como no requieren “promoción para su participación” entonces el método para tomar decisiones es ignorarlos hasta que pase el tiempo y permitir que siga su curso el guión que sociedades poco democráticas han usado para construir obras de infraestructura.

No obstante, Twitter aparenta una arena en que los funcionarios del gobierno sí se desenvuelven para esgrimir sus argumentos. El domingo 2 de enero, Andrés Lajous, integrante de la ANCA, y la comunidad tuitera vivimos un episodio que de no ser por lo que representa, podría considerarse chusco. El Director General de Comunicación Social del GDF, Alfonso Brito, transmitió un mensaje del “jefe” (Marcelo Ebrard) para Francisco Ríos Zertuche, asesor del jefe de Gobierno, felicitándolo por haberle dado una “putiza” a Lajous durante un cambalache de tuits a propósito de un artículo que publicó en El Universal y en el que criticó la Supervía. Tal “putiza” no se vislumbra en el intercambio, sólo un monólogo en que el funcionario dejó colgado a su interlocutor:

Rioszertuche: @andreslajous GRAN SOFISMA HoY( en Analogía), el ENFERMO TIENE CÁNCER NO PROCEDE CATETERIZARLO . Cualquier otra mejora se RECHAZA. JA !

Andreslajous: @rioszertuche construir segundos pisos no es una mejora, o por lo menos no lo es en los terminos de Martha Delgado.

Rioszertuche: @andreslajous. LINEA 12METRO METROBUS. RTP.ESO ES PARTE DEL BALANCE RESULTADOS A LARGO PLAZO.Supervia no mejora? En términos d REALIDAD!

Rioszertuche: @andreslajous. No haces un balance de modos de transporte. Lo SIENTO ESCRIBISTE CON SESGO. YO YA APRENDÍ A PERDER. Mejor suerte en 2011 !

Andreslajous: @rioszertuche osea tambien reconoces que los segundos pisos hacen daño…bueno.

Rioszertuche: @andreslajous. Ahí la dejo !! Se Feliz.

Alfonso Brito se disculpó horas después señalando que la “putiza” se trató de “una palabra absurda que fue utilizada de forma personalísima y que resulto no solo impropia, sino fuera de lugar” . La expresión no estuvo fuera de lugar: refleja un patrón de comportamiento en el que el gobierno prefiere la negación y la cerrazón. Prefiere los muros para que, en su lado, en su cancha, se feliciten sin razón.

Al día de hoy es imposible anticipar cuál será el desenlace que tendrá el diferendo sobre la Supervía Poniente. La inconsistencia es tan obvia y monumental que no es exagerado afirmar que, al día de hoy, puede catalogarse como la Supervía de las contradicciones y la incongruencia que llena de ladrillos al muro que divide a la ciudadanía de sus gobernantes. Muros que se levantan en la capital y en muchas otras partes del país.

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