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Por Asamblea Nacional Ciudadana
La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) es la forma que asumimos diversos grupos que en 2009 promov... La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) es la forma que asumimos diversos grupos que en 2009 promovimos el voto nulo en México. Somos un movimiento abierto, plural, apartidista, horizontal, deliberativo e independiente. (Leer más)
El 39 constitucional y la Ciudad
Por Asamblea Nacional Ciudadana
1 de diciembre, 2010
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Por: Carlos Páez Agraz

Artículo 39 de la Constitución Mexicana:

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Subrayo el carácter de permanente (siempre, en todo momento, 24/7) que da el Artículo 39 a la capacidad de la ciudadanía (el pueblo) para evaluar y exigir a los poderes públicos la creación de leyes y reglamentos útiles y, por supuesto, su cabal cumplimiento. Hoy no se cumple ni lo uno ni lo otro a pesar de que el 39 es preciso en su mandato de democracia directa y control social permanente de la gestión pública. Ejemplo de ello es el patrón de comportamiento que tienen los responsables de los diferentes niveles de gobierno sobre la construcción de obras de infraestructura vial y sobre decisiones que afectan el desarrollo urbano. Este patrón se caracteriza por su verticalidad, discrecionalidad y por la marginación sistemática y deliberada a la participación ciudadana.

Hoy estamos frente a la bananeras supervías en el estado de México y el Distrito Federal, así como la posibilidad de que el Congreso de Jalisco apruebe la construcción de la Vía Express en la Zona conurbada de Guadalajara. El priista Peña Nieto, el perredista Ebrard y el panista González Márquez comparten una visión de ciudad motorizada e insustentable ambientalmente. Más aún, toman decisiones sin los elementos técnicos mínimos que garanticen la sustentabilidad de las ciudades. La vara en todos los partidos está muy baja.

Para el caso de Jalisco, dicha aprobación será moneda de cambio para que el gobernador (promotor del proyecto) proporcione al Congreso los 250 millones que le urgen por haber gastado más de lo presupuestado. A su vez, nuestros diputados locales, que provienen de todos los partidos políticos, aprobarán la Vía Express sabiendo que Jalisco es el único estado de la República que no cuenta con un Plan Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT) vigente. Pensar en desarrollo urbano o movilidad sin partir del ordenamiento territorial es como querer construir un edificio sin cimientos. El Congreso dócilmente aprobará la construcción de la Vía Express pues eso es lo que entienden nuestros políticos por independencia de poderes y por políticas públicas basadas en evidencia.

La ciudad es la cancha fundamental donde ocurre la democracia para poco más de 80 millones de mexicanos.  La gestión de lo público debe dirigirse hacia las ciudades o comunidades. Planear el desarrollo y comprender las características geográficas, ecológicas, económicas, culturales y sociológicas de Jalisco supone un trabajo titánico que debe dividir los procesos de decisión en por lo menos tres fases que involucren sustantivamente a la ciudadanía, que tengan un enfoque interdisciplinario y que provengan de relaciones de igualdad entre autoridades y ciudadanía.

Primero, las decisiones de ordenamiento, tributación y convivencia locales deben ser definidas por la sociedad mediante procesos de plebiscito y referéndum. Bogotá fue pionera en materia de democracia directa. Conviene saber que allá las decisiones urbanas trascendentales a principios de los años 90 fueron avaladas mediante plebiscitos. Tal es el caso del sobreimpuesto a la gasolina para construir su sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT), la ley de ordenamiento territorial, la coinversión con privados para la generación de energía eléctrica, la creación de los órganos de control de la imagen urbana y más. Acá, echar mano de dichos instrumentos en Jalisco supone una capacidad logística y de recursos que ciudadanos que trabajan y sostienen a sus familias difícilmente pueden lograr. Nuestra Ley Estatal de Participación Ciudadana pudiera ser fácilmente de la autoría de Stalin o Pinochet ya que pone obstáculos que lejos de incentivar, limitan la participación ciudadana.

Segundo, el análisis, así como la propuesta de alternativas y decisiones de carácter técnico sobre aspectos que afectan la calidad de vida en la ciudad, necesariamente deben ser abordadas mediante enfoques interdisciplinarios (urbanistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, psicólogos, economistas, abogados, expertos en salud pública, etc.) y que son quienes deben aportar datos, referencias, investigación o propuestas técnicas que abonen a un debate y decisiones sustentables y de calidad. En este sentido, la Procuraduría de Desarrollo Urbano y el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano en Jalisco deben ser repensados a profundidad para reflejar este carácter interdisciplinario y garantizar que sus decisiones tengan un enfoque sustentable e incluyente. Para ello también conviene que ningún técnico local se considere vaca sagrada del desarrollo. La realidad es que la Zona Metropolitana de Guadalajara está al borde del límite trágico y de ello somos responsables políticos, técnicos y ciudadanos por igual. En desarrollo urbano, los jaliscienses parecemos perros mordiéndose la cola.

Por último, las decisiones de gestión vecinal o comunitaria deben provenir de una relación de trabajo corresponsable y de igual a igual entre asociaciones de vecinos y autoridades municipales para gestionar los servicios municipales básicos, para reglamentar la convivencia entre casas y negocios y sobre todo, para lograr la apropiación comunitaria de los espacios y equipamientos públicos. Los reglamentos de participación ciudadana municipales no obligan a la autoridad a nada y requieren cirugía reconstructiva mayor.

Hay tanto por discutir y tan poca vocación para hacerlo. Estamos actuando con prisa, y pensando muchas cosas a la vez (vivienda, macrobuses, infraestructura, turismo religioso, centros culturales faraónicos y ciclovías), sin el hilo conductor básico que significa el ordenamiento territorial y la construcción colectiva de leyes y reglamentos.

El espíritu del 39 debe instalarse definitivamente en la planeación del desarrollo, en la participación ciudadana y en la gestión de lo público. Las y los ciudadanos somos los dueños del Estado y hemos elegido a otros ciudadanos para que administren e incrementen nuestro patrimonio y recursos. Es de sentido común que el dueño del negocio le exija resultados a quien le ha dado la responsabilidad de dirigir.

Los patos le están tirando a las escopetas. Lo que vivimos no es calidad democrática, y aunque a los políticos les valga madre y nos la mienten: el 39 constitucional es el asidero de los movimientos ciudadanos que se están activando y están tomando la democracia en sus manos. Como sigue la discrecionalidad y la verticalidad en la toma de decisiones, la democracia representativa que los políticos defienden a capa y espada está en camino del forense.

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