Por: ANCA Jalisco

“La ratificación del Auditor Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, por parte de la Comisión de Vigilancia de la 59 Legislatura, el pasado 28 de junio del presente, es una burla a la inteligencia y dignidad de los jaliscienses”, escribieron ciudadanos al día siguiente de dicha ratificación, en una carta dirigida a los diputados locales. Y es que, con esta ratificación, se sellaba un largo circuito de corrupción, impunidad y cinismo en el gobierno.

Según la auditoría externa practicada por la empresa Rusell Bedfort, sólo en la cuenta de 2009 del Congreso se encontraron irregularidades por 292.68 mdp –entre ellas, el depósito millonario e injustificado de recursos públicos en las cuentas personales de los coordinadores parlamentario –, cuando la ASEJ sólo reportó un faltante por 86.68 mdp. Situación semejante se presentó en las cuentas de 2007, 2008 y 2010. Lejos de tomar medidas, la Auditoría avaló las cuentas. Cuando tocó el turno al Auditor de enfrentar acusaciones por prácticas corruptas, la Comisión de Vigilancia en el Congreso lo exoneró. Descartado así cualquier atisbo de justicia en el caso vía los mecanismos institucionales, diversas agrupaciones civiles celebraron este domingo un juicio ciudadano al Auditor:

“El acto se celebró afuera de la sede de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), donde en punto de las 11:00 horas se reunió medio centenar de personas para participar en la parodia, que incluyó al jurado y a los denunciantes. No al acusado, aunque se dejó asentado que se le invitó a ejercer su derecho de defensa, tanto a él como a sus representantes e incluso a los propios legisladores de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado que lo exoneraron la semana pasada de cobros ilegales y, por ende, lo ratificaron en el cargo (…). Augusto Valencia, ex presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei) y uno de los ciudadanos que participan en el movimiento contra el auditor, explicó el mecanismo del juicio ciudadano, que se efectuó sin contratiempos ante la mirada de los usuarios de la Vía RecreActiva que caminaban o pedaleaban frente al edificio de la ASEJ” (Milenio Jalisco, 4 de julio de 2011).

Los participantes formularon las siguientes acusaciones ante el Juez:

1. Recibir un bono de casi 10 millones de pesos adicionales a su sueldo, de manera irregular.

2. Realizar el traspaso de 30 millones de pesos, dinero de los impuestos, a cuentas de cheques particulares de los coordinadores parlamentarios de la pasada Legislatura..

3. Favorecer indebidamente a su suegro con un contrato por 5 millones de pesos para la compra de formas valoradas por parte del Congreso del Estado.

4. Vender a sobre precio a la UdeG, un terreno propiedad de sus familiares, con un valor de 350 mil pesos, en 29 millones de pesos.

5. Ocultar información pública, violando la Ley de Transparencia, con el fin de fomentar la opacidad y la impunidad.

6. Lavar y permitir lavar las cuentas públicas a cambio de favores.

7. Solventar anomalías de las distintas dependencias gubernamentales, a cambio de impunidad.

8. Comprar a sobre precio, y de manera ilegal, un terreno para el estacionamiento de la Auditoria Superior.

9. No investigar y tapar las denuncias por corrupción que ha presentado la ciudadanía en dependencias de gobierno.

“Ante la falta del acusado, surgió un “defensor de oficio”: un joven disfrazado con una nariz de cerdo sobre el rostro y que por todo argumento a favor del auditor, destacó que el funcionario no había tomado vacaciones y por eso tenía derecho a los cobros extra a su sueldo” (Milenio Jalisco, 4 de julio de 2011) – pues tal es el argumento que Godoy Pelayo efectivamente esgrime a su favor.

El Jurado Ciudadano que se conformó para dicho juicio, encontró al acusado culpable. Tras escuchar el veredicto del Jurado, el Juez dictó la siguiente sentencia: “Se condena al Auditor:

1. A que sea separado de su cargo, porque la ciudadanía le perdió la confianza.
2. A devolver el dinero que se llevó, porque es dinero del Pueblo.
3. A que enfrente las denuncias penales que hay en su contra.
4. A que se someta a Juicio Político, por encubrir anomalías de los diputados.”

En el juicio ciudadano, aunque sin efecto legal, quedaron sentados los hechos, así como el referente de una sensata ruta a seguir en el caso de Godoy Pelayo. Quedó sentado, además, que la correcta designación de un auditor – para la cual los ciudadanos elaboraron un detallado perfil que incluye, además de las credenciales profesionales, criterios de confiabilidad e independencia de los poderes fácticos de la entidad – es un mecanismo posible y necesario para combatir la corrupción endémica en el gobierno. Pero sobre todo quedó sentado que de parte de la ciudadanía aumenta la vigilancia y disminuye la tolerancia. Ahora, los jaliscienses que emprendieron el juicio ciudadano al Auditor seguirán con acciones para destituirlo efectivamente.