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Por Asamblea Nacional Ciudadana
La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) es la forma que asumimos diversos grupos que en 2009 promov... La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) es la forma que asumimos diversos grupos que en 2009 promovimos el voto nulo en México. Somos un movimiento abierto, plural, apartidista, horizontal, deliberativo e independiente. (Leer más)
Fiscalización paralela
Por Asamblea Nacional Ciudadana
31 de enero, 2011
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Por: Mar Estrada (@marestradar)

En 2009, el periódico Mural solicitó al Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) la documentación que comprobara cómo se había gastado, en 2008, el dinero de la partida de Asignaciones a Grupos Parlamentarios de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. En junio de 2010, dicha Legislatura cumplió la orden del ITEI de entregar los documentos correspondientes. A partir de ellos, el 15 de julio Mural informó que los seis coordinadores de las fracciones parlamentarias de la Legislatura en cuestión habían recibido 94 millones de pesos en bonos mediante transferencias bancarias y cheques depositados en sus cuentas personales. Alfredo Argüelles, secretario general de la LVIII Legislatura, justificaba esta práctica como parte del funcionamiento administrativo del Congreso, incluyendo el hecho de que no se comprobara el gasto de ese dinero. Asimismo, la nota afirmaba que “la táctica usada por los ex diputados fue recibir fuertes cantidades de dinero y pulverizarlas en depósitos o compras más pequeñas para no declarar su ingreso” (José David Estrada, “Depositan 94 mdp en cuentas personales”, Mural, 14 de julio de 2010).

La revelación de estos manejos, aunque indignante en un primero momento, pudo haber sido una de tantas que eventualmente pasan a engrosar la noción generalizada de que los funcionarios se apropian de los recursos públicos impunemente; pudo haberse sumado sin más al sentimiento permanente de agravio, impotencia y mala conciencia que nos acarrea el convivir con semejante orden de cosas.

En lugar de esto, el Congreso Ciudadano de Jalisco y miembros de la ANCA sección Jalisco, se movilizaron para darle un vuelco al guión acostumbrado. Con la información recabada por Mural elaboraron una demanda ante la Comisión de Responsabilidades del Congreso, solicitándole investigar y, si los demandados hubieran violado la ley, turnar el caso a la instancia procedente para que se instruyera un juicio político, tal como establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

El 9 de septiembre, ANCA Jalisco organizó un Atole con el dedo frente al Congreso. Se desplegaron pancartas con las fotografías, los nombres y los partidos de cada uno de los coordinadores parlamentarios de la LVIII Legislatura, así como los montos que se habían depositado en sus cuentas. En ese marco, y con cobertura de los medios locales, se presentó la demanda en la Oficialía de Partes del mismo Congreso.

Tomó de septiembre de 2010 a enero de 2011, pero finalmente la Comisión de Responsabilidades anunció que a partir del pasado jueves 13 la demanda había sido enterada al Pleno. Para turnarla al Órgano Técnico de Responsabilidades se pide a los demandantes entregar, en un plazo máximo de 45 días, las pruebas ya presentadas (estados de cuenta, transferencias electrónicas y pólizas), pero ahora certificadas por el Congreso, junto con pruebas adicionales: los presupuestos aprobados y ejercidos en 2008, así como las partidas presupuestales aprobadas para los demandados y la nómina percibida por ellos durante ese año –documentos cuya fuente es el propio Congreso.

Aún cuando se cumplan estos requisitos, sabemos que esta demanda ciudadana de juicio político difícilmente prosperará. Por un lado, la misma Ley Orgánica del Estado de Jalisco deja margen para un manejo discrecional de grandes cantidades de dinero. Por otro lado, el complejo (y costoso) diseño institucional para la fiscalización y rendición de cuentas del Poder Legislativo, favorece la impunidad y la corrupción al hacer del Congreso juez y parte en la determinación de eventuales sanciones por su mal uso del erario. De forma más realista, podemos aspirar al señalamiento público y a que los coordinadores tengan que comparecer para dar explicaciones públicas por los millones que recibieron.

En 1978, Octavio Paz escribía: “Personas de irreprochable conducta privada, espejos de moralidad en su casa y en su barrio, no tienen escrúpulos en disponer de los bienes públicos como si fuesen propios. Se trata no tanto de una inmoralidad como de la vigencia inconsciente de otra moral: en el régimen patrimonial son más bien vagas y fluctuantes las fronteras entre la esfera pública y la privada, la familia y el Estado” (Paz, Octavio, El ogro filantrópico, Joaquín Mortiz, México, 1979, p. 99). Tal parece que en Jalisco, los arreglos políticos e institucionales son  instrumento y reflejo de la persistencia de esta moral. (Tendremos una nueva oportunidad de comprobarlo o desmentirlo observando si los resultados de la auditoría de los ejercicios de 2007, 2008, 2009 y enero de 2010, realizada por la empresa Russell Bedford a instancias de la Junta de Coordinación Política –graves aún en su versión pública– traen alguna consecuencia. Al lado de lo que ahí se revela, palidecen las anomalías por las que el auditor Alonso Godoy tendrá que comparecer).

Ante esta situación, ciudadanos, académicos, periodistas y organizaciones en Jalisco tales como el Congreso Ciudadano, Colectivo Cimtra, Academia Jalisciense de Transparencia y Acceso a la Información y Profesionales por la Ética, se han dedicado a monitorear y a comprender los vericuetos legales y políticos del gasto público y su fiscalización; a crear antecedentes de solicitudes de información y de demandas; a proponer las modificaciones institucionales tendientes a la transparencia y a la autonomía en la fiscalización y la rendición de cuentas.

La demanda a los coordinadores parlamentarios de la LVIII Legislatura puede ser una de las acciones que inyecten la necesaria convicción, entre la ciudadanía y los políticos, de que el mal uso de los recursos de todos no será tolerado, independientemente de las tendencias políticas de cada quien, sin importar quiénes detenten el poder, ni las formas que el gobierno pueda tomar más adelante.

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