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La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) es la forma que asumimos diversos grupos que en 2009 promov... La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) es la forma que asumimos diversos grupos que en 2009 promovimos el voto nulo en México. Somos un movimiento abierto, plural, apartidista, horizontal, deliberativo e independiente. (Leer más)
Ley antigrilla y promaestros, al Senado
Por Asamblea Nacional Ciudadana
26 de noviembre, 2011
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Por Mar Estrada | @marestradar

Para que la educación ocurra de verdad, la energía de los maestros tiene que estar invertida, justamente, en la educación. Se requiere de ellos una activa autonomía, una movilización juiciosa de conocimientos y destrezas para los retos del aula. Esto difícilmente puede darse si su entorno institucional, laboral y cultural los motiva en un sentido diferente al de su complicada tarea. Este requisito que pareciera tan básico es justo lo que falla por todo lo ancho en nuestro sistema educativo.

En otros momentos históricos, eran otras condiciones las que faltaban para lograr la educación básica universal en México. Cuando comenzó a instaurarse la educación de Estado, en el último cuarto del siglo diecinueve, los servicios de educación básica atendían sólo a una minoría. No habría podido ser de otra manera: no existía la maquinaria institucional, las vías de comunicación, los recursos, ni la demanda social por la educación formal. Hoy tenemos una cobertura que entonces hubiera sido impensable, además de que la educación es socialmente reconocida como una necesidad, y por ley tiene que haber fondos suficientes para sostenerla. Y sin embargo, queda sin cumplir la condición sin la cual todo ello es poco menos que vano.

Las reglas imperantes dejan en manos de los dirigentes sindicales, en buena medida, el ingreso, la permanencia y la promoción de los maestros, todo lo cual se reparte con criterios de lealtad política y corrupción. Con esto se impide sistemáticamente la consecución de un magisterio profesional, libre y dedicado. Así, los maestros o escuelas que cumplen cabalmente su función, que son buenos profesionales de la educación, son excepcionales, y lo hacen heroicamente a pesar del sistema.

Pero no tendría por qué ser así. Este régimen perverso surgió en circunstancias históricas específicas. Así como tuvo que haber una etapa fundacional del proyecto de la educación laica, obligatoria y gratuita impartida por el Estado en el contexto de la consolidación de la nación mexicana, así mismo hubo un momento de instauración para el sistema que hoy nos aqueja, en el contexto de la formación de sindicatos charros para el manejo de distintos sectores sociales por parte del régimen priísta. En 1944 se reconoció al SNTE, por decreto, como sindicato único de los educadores, y se le concedió poderes desmesurados para controlar sus carreras en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo en 1946. Esto enmarcó las prácticas corruptas que hoy conocemos: los jerarcas del sindicato reparten plazas, ascensos y privilegios discrecionalmente a familiares, a leales y a quienes ‘coadyuven’ en las interminables actividades sindicales y políticas. No es de extrañar entonces que falle la educación, cuando el sistema empuja a los maestros a convertirse en profesionales de la grilla, en lugar de profesionales de la enseñanza.

Este diagnóstico que muchos han compartido durante lustros, en los últimos años ha venido cristalizando en reclamos ciudadanos, como el que la Coalición Ciudadana por la Educación lanzó en noviembre del año pasado para que Felipe Calderón se decidiera a romper la complicidad entre el gobierno y el SNTE, cosa que hubiera estado en sus manos hacer por medio de la derogación del Reglamento que mencionábamos antes. Ante su falta de respuesta, la Coalición decidió impulsar el cambio por la vía legislativa: el miércoles pasado presentó a la Comisión de Educación del Senado de la República la propuesta de modificación a la Ley General de Educación para crear el Servicio Profesional del Magisterio (SPM).

Esto supone una nueva instauración en la educación mexicana: se trata de un mecanismo integral y autónomo para regular la carrera de los profesores, directores de escuela, supervisores, jefes de departamento y demás personal encargado de la docencia, sin injerencias corporativas. El Servicio Profesional del Magisterio regularía el “ingreso, promoción, permanencia, formación continua, actualización y superación profesional para los maestros de educación básica”. La obtención de plazas docentes requeriría ingresar, por concurso de oposición, al SPM; y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sería el encargado de otorgar la certificación de conocimientos y aptitudes para ejercer la docencia en escuelas públicas o privadas. Los reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a maestros destacados se otorgarían con base en la evaluación mediante comisiones dictaminadoras del Servicio Profesional del Magisterio, sin injerencia del sindicato, con lo cual se derogarían los sistemas actuales de escalafón y estímulos, incluido el programa de Carrera Magisterial.

Esta propuesta viene a complementar la minuta de reformas a la misma Ley General de Educación que el Senado envió a la Cámara de Diputados en octubre pasado, que plantea establecer los mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente “con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo”.

Los senadores de la Comisión de Educación a quienes se les presentó la propuesta – María Teresa Ortuño y Javier Castellón, presidenta y secretario de dicha Comisión, respectivamente – la apoyaron convencidos – el Senador Castellón dijo que no es imposible comenzar a socavar los mecanismos de engranaje corporativo entre el SNTE y la SEP – y anunciaron que presentarán esta iniciativa de ley e impulsarán su aprobación en el Senado.

Aunque la idea principal del cambio necesario es muy clara, queda lugar para la discusión. El Servicio Profesional del Magisterio quedaría establecido en la Ley General de Educación, pero la organización puntual del servicio sería materia reglamentaria que estaría todavía por construir. Además, puesto que las normas no se aplicarían de manera retroactiva (aplicarían para toda nueva plaza de maestro, director, supervisor o jefe de departamento académico), estaría por definir en las disposiciones transitorias las condiciones de incorporación de los maestros actualmente en funciones al Servicio Profesional del Magisterio. Ambos asuntos – la operacionalización del Servicio Profesional del Magisterio y la manera de incorporar a los trabajadores ya en servicio – requieren el debate y las aportaciones de los trabajadores de la educación, de los investigadores de la educación, de las comunidades educativas y demás actores.

Podría discutirse, por ejemplo, si el INEE efectivamente podría encargarse de certificar a todos los profesores, y que se necesitaría para ello; podría discutirse la manera de conformar un Servicio Profesional del Magisterio para que fuera realmente autónomo; o si su creación implicaría cambios en la SEP. Los maestros tendrán preocupaciones y propuestas sobre las nuevas relaciones y condiciones laborales de su gremio, y sobre los nuevos mecanismos de ingreso y promoción…

Todo ello es materia de debate y construcción colectiva, pero ¿se podrá realmente discutir la necesidad de instituir una nueva lógica para el sistema educativo que ayude a revertir el desastre en que se encuentra? ¿Se podrá rebatir la conveniencia de un marco laboral, institucional y cultural para que los maestros efectivamente puedan dedicar sus energías a educar y basar en ello sus perspectivas de crecimiento profesional? ¿Habrá maestros que se opongan a esto porque crean que alinearse a sus líderes sindicales es la única posibilidad? ¿O por el contrario, considerarán que es posible, bajo un nuevo esquema, que los nuevos educadores entren a desempeñar una función más libre y profesional que la que ellos han podido hacer hasta ahora?

Y finalmente, ahora que entrará la iniciativa al Senado, ¿los ciudadanos admitiremos argumentos o intereses sectoriales, partidistas y personales en uno de los más graves asuntos de interés público? Hoy, a diferencia de los tiempos en que el PRI decretó el poderío del SNTE, los argumentos y la presión ciudadana jugarán un papel decisivo.

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