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La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) es la forma que asumimos diversos grupos que en 2009 promov... La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) es la forma que asumimos diversos grupos que en 2009 promovimos el voto nulo en México. Somos un movimiento abierto, plural, apartidista, horizontal, deliberativo e independiente. (Leer más)
Tiempos de crisis, tiempos de cambio
Por Asamblea Nacional Ciudadana
2 de enero, 2012
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Por: Bernardo Jaén Jiménez*

 

El Congreso de Jalisco actualmente está integrado por treinta y nueve diputados; 18 del PRI, 16 del PAN, 2 del PRD, 2 del PVEM y uno independiente. Esta 59º Legislatura pasará a la historia política de la entidad como una de las más opacas e improductivas de los congresos de Jalisco. El Congreso Ciudadano de Jalisco (CCJ) es un organismo de la sociedad civil que nació hace seis años para evaluar el desempeño de los funcionarios públicos en sus tres niveles de gobierno.

Cuando terminó el período de la 57º Legislatura hace casi seis años, el CCJ concluyó que su desempeño había sido lamentable. Esa legislatura estuvo sumida en escándalos de compras de bebidas alcohólicas (bono etílico, le llamaron ellos); la dieta -el sueldo bruto de los diputados- creció de 715 pesos diarios en 2004 a 3,618 pesos diarios en 2007; compras de vehículos de lujo y derroche de recursos nunca comprobados a las fracciones parlamentarias. En esa legislatura, los recursos ejercidos por los partidos -erogaciones parlamentarias extraordinarias, le llaman ellos- crecieron de 31.4 millones de pesos en 2004 a 97.18 mdp; 209% de crecimiento de la 56º a la 57º legislatura.

Sin embargo, cuando terminó la 58º Legislatura a principios de 2010, el CCJ concluyó que esa Legislatura había superado en mal desempeño a la 57º. Sus legisladores se la pasaron también sumidos en escándalos de corrupción y desvío de recursos públicos, opacidad en el uso de los recursos entregados a los partidos y crecimiento exponencial de la nómina del congreso. En la 58º, los trabajadores que “laboran” -asesores, empleados sindicalizados y no sindicalizados- crecieron en más de 600 (pasaron de 800 a más de 1400). Estallaron también los escándalos por los pagos realizados al auditor superior del estado, Alonso Godoy Pelayo. Otro caso que indignó a la ciudadanía fue la compra de formas valoradas -formatos que se usan en la administración pública estatal y municipal y que están bajo control del congreso de Jalisco- a una empresa fantasma por más de diez millones de pesos por parte de Alfredo Argüelles, en ese tiempo Secretario General del Congreso y hoy diputado local por el PAN.

Sin duda, el caso más sonado de la pasada legislatura fueron las transferencias por más de noventa millones de pesos de la cuenta bancaria del Congreso a las cuentas personales de los seis coordinadores de las fracciones parlamentarias: Jorge Salinas Osornio del PAN que recibió 10.4 millones de pesos, José García, tesorero del PAN, 26.6 millones de pesos; Juan Carlos Castellanos, Gloria Rojas y Javier Galván del PRI recibieron 26.6 millones de pesos; Samuel Romero del PRD, 10.3 millones de pesos; Juan Oscar Díaz del PANAL, 7.7 millones de pesos; Alfredo Zárate del PT, 6.1 millones de pesos y Luis Manuel Vélez del PVEM recibió 6.1 millones de pesos. Por recibir estos pagos, integrantes del CCJ interpusimos una demanda de juicio político ante la Comisión de Responsabilidades en diciembre de 2010, que a la fecha no ha procedido.

En Jalisco, los ciudadanos no perdemos la capacidad de asombro con los diputados locales, pues la actual 59º Legislatura -que inició en febrero de 2010 y termina en enero de 2013- ha resultado peor que las dos anteriores. Durante 2010, los diputados tuvieron que enfrentar los escándalos de su Secretario General del Congreso, Carlos Corona, quien ejerció de forma discrecional el presupuesto del Congreso y tuvo que salir con acusaciones de compras de dos autos de lujo marca Mercedes Benz. Durante este año enfrentaron también los señalamientos de corrupción por los pagos indebidos por más de diez millones de pesos al Auditor Superior, Alonso Godoy Pelayo, funcionario que, supuestamente, debería vigilar el buen uso de los recursos públicos a nivel estatal. El auditor perdió la confianza de la ciudadanía que durante muchos meses estuvo demandando su remoción sin que los diputados hicieran caso a dicha demanda.

Envueltos en los escándalos, no han tenido tiempo de legislar. Durante los casi dos años que llevan en el cargo, sólo han “producido” unas cuantas modificaciones de leyes que valga la pena recordar: la ley de los adultos mayores, la ley de coordinación metropolitana y la ley salvavidas (conocida popularmente como ley “antiborrachos”). Todas éstas ni siquiera son leyes integrales: tan sólo modificaciones a las ya existentes. Sin duda este 2011 fue peor el saldo en materia de productividad, pues los diputados modificaron la ley de Transparencia e Información Pública, que se consideraba una de las más avanzadas del país, y la sustituyeron por la Nueva Ley de Información. Esta nueva ley fue criticada y cuestionada por casi todos los actores políticos en la entidad: ONGs, empresarios e incluso por el propio Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco -uno de sus peores efectos es que sancionará a los particulares que difundan información pública que los diputados consideren como reservada. Esto es realmente una regresión en materia de derecho a la información de los ciudadanos.

El que la ley se aprobara a pesar de todo se explica a partir de otro de los escándalos con que concluyó el año el congreso local: se le terminó el presupuesto para pagar la nómina de los meses de noviembre y diciembre. Los 762.1 millones de pesos que recibió el Congreso para 2011 no les alcanzaron para pagar a los más de 1,400 trabajadores, incluidos los diputados. Esta crisis financiera ya se veía venir: la Secretaría general del Congreso estuvo gestionando ante bancos privados nuevos préstamos, pero nadie les quiso prestar. También hicieron solicitudes de recursos adicionales al gobernador Emilio González Márquez, quien, en un estira y afloja que duró varios meses, acabó entregándoles 200 millones a cambio de que le aprobaran la nueva ley de “transparencia” que sanciona la difusión de información de interés público.

El trasfondo de esta modificación es que durante los últimos años, algunos reporteros de medios impresos han estado publicando información sobre desvío de recursos públicos, tanto de los diputados del congreso local como del ejecutivo, lo cual ha molestado sobremanera a los políticos que se ven exhibidos ante la sociedad. El remedio: modificar el marco legal para que ahora los periodistas se inhiban a la hora de publicar las corruptelas de los funcionarios públicos.

De 2004 a 2011 el Congreso de Jalisco ha tenido un presupuesto autorizado de 4,487.6 millones de pesos, y a pesar de ello se encuentra en una profunda crisis financiera y política. Los diputados jaliscienses forman parte de la clase política más desprestigiada del estado, y a pesar de ello se han negado a impulsar cambios que mejoren su desempeño y su imagen ante los ciudadanos que dicen representar. Las épocas de crisis son también propicias para impulsar cambios profundos que modifiquen la trayectoria de una institución tan importante como es el congreso del estado. ¿Tienen la capacidad los diputados de autorreformarse e impulsar cambios que signifiquen un punto de inflexión en su desempeño? La experiencia reciente nos muestra que no: las propuestas y los cambios tendrían que venir de fuera del congreso. Una comisión ciudadana, integrada por líderes de ONGs, académicos y empresarios, podría hacer un diagnóstico de la problemática del congreso y luego hacer propuestas para mejorar su productividad. Esta comisión tendría que surgir por consenso de los diputados, y por supuesto, ellos tendrían que aceptar sus recomendaciones. Sólo así podría iniciarse un cambio profundo para dignificar la imagen del congreso y darle valor a la “H” del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.

* Bernardo Jaén Jiménez es presidente del Congreso Ciudadano de Jalisco.

 

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