A casi dos años de gobierno, ¿cuál ha sido el rumbo en Seguridad Pública?
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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
A casi dos años de gobierno, ¿cuál ha sido el rumbo en Seguridad Pública?
En los primeros siete meses del 2020 se reportaron 99 asesinatos al día; si la tendencia continúa, se podría registrar una tasa a fin de año de 33 homicidios por cada cien mil habitantes, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por Sara López Cerón
2 de septiembre, 2020
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En el marco del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, y en el contexto de la peor crisis de violencia en México en su historia moderna, Causa en Común hace el siguiente recuento de las principales circunstancias y acciones en materia de seguridad.

I. Incidencia delictiva

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha registrado un total de 3,264,281 carpetas de investigación de delitos en el periodo diciembre de 2018 a julio de 2020. El total de carpetas de investigación en los primeros veinte meses de la actual administración es inferior sólo en 1% al total de carpetas de investigación en los últimos veinte meses de la administración anterior (3,313,551).

Con relación a los asesinatos reportados por el SESNSP a nivel nacional, para los primeros siete meses de 2020, éstos aumentaron un 2%, en comparación con el mismo periodo de 2019. En promedio, en los primeros siete meses del 2020, se reportaron 99 asesinatos al día. Si la tendencia continúa, se podría registrar una tasa a fin de año de 33 homicidios por cada cien mil habitantes (incluyendo el incremento promedio a partir de las actas de defunción del INEGI). Además, al comparar el mismo periodo, el SESNSP reportó un incremento del 5% y 2% en feminicidios y violencia familiar, respectivamente. Y se presentó el mayor número de reportes de asesinatos de mujeres y de menores de edad desde que el SESNSP registra las víctimas de este delito, en 2015.

II. Prevención de la violencia

El gobierno federal se ha centrado en políticas públicas que “atacan las causas de la violencia” a través de los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida”. Sin embargo, no hay evidencia alguna de que esa repartición incide en los niveles de violencia.

En cuanto al combate de la violencia en contra de las mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, elaboró un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2020, que no ha sido publicado. Aunado a esto, el pasado mes de julio, a los estados de Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, se les notificó que se les cancela por completo el presupuesto federal que tenían para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; mientras que a Quintana Roo y Tlaxcala, se les redujo el presupuesto asignado para este fin.

III. Militarización de la seguridad pública

En el primer año de gobierno, a pesar de que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad pública, se estableció a nivel constitucional la facultad del presidente para disponer de las FFAA en tareas de seguridad pública durante cinco años; se creó la Guardia Nacional (GN); fueron aprobadas, por unanimidad, las leyes de la Guardia Nacional, sobre el Uso de la Fuerza, del Registro Nacional de Detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública; e inició el arranque oficial de la GN, con un despliegue de 70 mil elementos en 150 regiones en todo el territorio nacional.

En el segundo año de gobierno, tenemos una Guardia que en la realidad demuestra que es una corporación con todas las características de un cuerpo castrense, cuya construcción y desarrollo están liderados por la Secretaría de la Defensa (SEDENA). La mayoría de los elementos que la integran provienen de las FFAA. Los incrementos al estado de fuerza corresponden, principalmente, a las transferencias de personal militar. Los mandos son designados por la SEDENA. Además, la GN posee una doctrina militar estipulada en normatividad. Los cuarteles de la Guardia se encuentran en predios donados a la SEDENA y, además, ésta es la encargada de su construcción. Todos los centros de reclutamiento se encuentran en campos militares.

Por otro lado, a las FFAA se les ha atribuido tareas en materia de obras, “programas sociales”, combate al robo del combustible, capacitación a las corporaciones policiales locales, realizar decomisos de drogas y armas, combatir al crimen organizado, vigilar caminos y carreteras, y atención de la emergencia sanitaria. De manera primordial, en su modalidad de “Guardia Nacional”, son las encargadas de frenar la migración hacia Estados Unidos, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. En tanto que, al Ejército y a la Marina le dieron el control de aduanas y puertos, respectivamente.

IV. Debilitamiento de las policías locales

La reforma constitucional de la Guardia Nacional estableció la obligación de los estados de presentar un diagnóstico y un programa de fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades de las policías estatales y municipales. Sin embargo, el plazo ya se cumplió y, aunque el INAI solicitó al SESNSP presentar dichos diagnósticos, al parecer, todavía faltan más de la mitad.1

En cuanto al presupuesto, su distribución acredita la militarización extrema a nivel federal y el mayor debilitamiento de las policías locales. Entre 2019 y 2020, el presupuesto para seguridad pública aumentó únicamente 1.2% ($2,824 MDP), representando .9 del PIB 2, privilegió al Ejército (41% del total del presupuesto federal de seguridad se asignó a SEDENA), y relegó a las policías locales. En este sentido, el monto asignado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados (FASP), tuvo un aumento minúsculo de 0.4% entre 2019 y 2020; en tanto que el Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (FORTASEG), se redujo en un 3% con respecto a 2019 para los cerca de 300 municipios seleccionados.

V. Sistema penitenciario

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019” registró, del 1 de enero al 31 de octubre de 2019, 1,029 incidentes graves en centros estatales y federales. Entre los tipos de incidentes contabilizados se encuentran homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos. Además, la CNDH afirma que 61 centros estatales de los 183 que visitó, presentaron condiciones de “autogobierno”.

En el 2019, fueron clausurados los Centros de las Islas Marías, que eran los mejor calificados por la CNDH. Incluso eran considerados por este organismo un modelo para otros penales del país.

VI. Posibles violaciones a la ley en materia de seguridad

En el 2019, la CNDH, antes de ser debilitada con su cambio de presidencia, presentó recursos en contra de ordenamientos que relativos al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, por transgredir a la autonomía presupuestaria de la CNDH3; a diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos4; en contra del artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública5; a los artículos 19 y quinto transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones6; o de la Ley de la Guardia Nacional en donde destaca la transgresión a los derechos de los migrantes7.

En lo relativo al segundo año de gobierno, en particular, para los primeros siete meses de 2020, Causa en Común hizo un recuento enunciativo, pero no limitativo, de las reformas, iniciativas, actos y omisiones que representen una posible o probable violación a la ley. En lo relativo al tema de seguridad, destacan las acciones y omisiones que militarizan la seguridad pública y responsabilidades exclusivas de instituciones civiles; el Acuerdo de mayo, que profundiza la vocación militarista del gobierno federal; o el control de los puertos y las aduanas que se otorgó a las Fuerzas Armadas.

VII. Inoperancia del sistema de atención a víctimas

A pesar de las enormes carencias con las que debía operar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el decreto presidencial de ‘austeridad’ de abril de 2020, le impuso, como al resto de las estructuras del gobierno y del Estado, una reducción draconiana en su presupuesto del 75%.8 Ello ha significado, en palabras de la ex comisionada, que la CEAV no cuente con recursos para pagar los salarios de la mayor parte del personal, ni para cubrir servicios esenciales para su operación.

Aunque en junio pasado se publicó el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2020-2024, destacan las siguientes omisiones: i) no distingue entre la atención de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos; ii) el Modelo de Atención a Víctimas no es viable si no se atienden las insuficiencias que ya han sido señaladas reiteradamente por víctimas y expertos; y iii) no hay objetivos, acciones, plazos, responsables y presupuesto.

* Sara López Cerón  (@SaraLopezCn) es etnohistoriadora. Maestra en Antropología Social especializada en temas de derechos humanos, acceso a la justicia, violencias y seguridad pública.

 

 

1 Respuesta a la Solicitud de Información 221030008831 con fecha de 25 de octubre de 2019.

2 Se consideró para gasto en seguridad el monto designado a SEDENA, SEMAR, FGR, SEGOB, FASP y 20% de FORTAMUN.

3 CNDH, “Controversia constitucional 45/2019”.

4 CNDH, “Acción de inconstitucionalidad 52/2019”.

5 CNDH, “Acción de inconstitucionalidad 66/2019”.

6 CNDH, “Acción de inconstitucionalidad 63/2019”.

7 CNDH, “Acción de inconstitucionalidad 62/2019”.

8 CEAV, “Decreto de austeridad paralizará funcionamiento de la CEAV”.

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