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Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
A un año del Fiscal General de la República
Las reformas al sistema de procuración e impartición de justicia penal deben ser normas de avanzada y no contrarreformas al principio de presunción de inocencia que nos hagan involucionar antes del año 2008.
Por Francisco de Villa
22 de enero, 2020
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A un año de que Alejandro Gertz Manero asumiera el cargo como el primer Fiscal General de la República, diversas organizaciones de la sociedad civil decidieron realizar un balance ciudadano sobre su gestión1.

Este ejercicio es indispensable en el contexto de desconfianza que, por parte de la ciudadanía, existe respecto de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, la FGR es la cuarta entidad con mayor percepción de corrupción entre la ciudadanía (60.6%). Lo que en nada ayuda a eliminar la cifra negra de 93.2%, que en mucho abona a la impunidad del país.

En este sentido, el 14 de diciembre de 2018 se publicó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que fue el resultado del diálogo con la sociedad civil y diversas autoridades. Ésta plasmó diversos aspectos que, si bien son perfectibles, se pueden considerar como el camino adecuado para eliminar la brecha de impunidad que impera en el país en materia de procuración de justicia. Es así que, la citada ley, establece diversas obligaciones. Por mencionar un caso, prevé la obligación de crear un Plan de Persecución Penal, instrumento que permitirá a la FGR tener una ruta estratégica y clara para procurar justicia; por otro lado, permite a las víctimas y a la sociedad participar en la elaboración de planes estratégicos institucionales con el fin de establecer qué es lo prioritario y qué es lo que más les afecta en la procuración de justicia federal, lo que es indispensable dados los recursos limitados con los que se cuenta y la necesidad de exigir una mejor rendición de cuentas.

El pasado 18 de enero del 2020 se debió haber presentado ante el Senado de la República el Primer Plan de Persecución; sin embargo, las organizaciones no tenemos información si se presentó o no. Peor aún, no tenemos conocimiento de algún amplio proceso ciudadano para su construcción; por el contrario, en el Senado han habido declaraciones por parte del titular de la FGR de la necesidad de reformar el sistema, y se ha hablado de cambios que parecen regresar a un sistema “inquisitivo” en el que se pulveriza el principio de presunción de inocencia y la progresividad de los derechos humanos que establece nuestra Constitución. No obstante estas omisiones, la sociedad civil ha sido propositiva y ha presentado una propuesta de Plan en la espera de que en algo abone al debate2.

El sistema es perfectible, pero las reformas al sistema de procuración e impartición de justicia penal deben ser normas de avanzada y no contrarreformas al principio de presunción de inocencia que nos hagan involucionar antes del año 2008.

Es por esto que se deben de repensar diversos aspectos, como el modelo de investigación criminal en todo el país. Así, todas las policías deberían convertirse en agentes de investigación criminal, y con base en evidencia científica y el respeto de los derechos humanos, encargarse de presentar investigaciones a los ministerios públicos, quienes exclusivamente deberían hacerse responsables de la defensa legal de las acusaciones penales ante los jueces. En otras palabras, debe repensarse el “mando y la conducción del ministerio público” que encuentra sustento en el artículo 21 constitucional. Esto es indispensable ya que el modelo actual no está funcionando, toda vez que la gran mayoría de los asuntos que se judicializan son consecuencia de la flagrancia y no de casos de investigación.

Eso no es todo. Un gran pendiente es replantear el modelo de competencias para que exista una justa distribución de las cargas de trabajo y presupuestos en materia de procuración de justicia en el ámbito federal y local. Asimismo, debe replantearse el Servicio Profesional de Carrera para que éste obedezca, en realidad, al desempeño y capacidades y no “a las relaciones y favores”. Otro gran pendiente será lograr la independencia de los servicios periciales, sin dejar de mencionar la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, participación ciudadana, y que las víctimas ocupen un papel prioritario en este proceso de reforma.

En suma, hay muchos pendientes a un año de la gestión del señor fiscal general. La solución no es una contrarreforma que viole el principio de presunción de inocencia y la progresividad de los derechos humanos, sino que a partir de un sano diálogo con la sociedad civil, las víctimas y las autoridades, construyan las reformas que nos permitan transitar juntos a una mejor procuración e impartición de justicia.

* Francisco de Villa (@jfdvsmx) es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios de posgrado en la UNAM, como Especialista en Derecho Constitucional. También tiene estudios en materia de Convencionalidad, Derechos Humanos, Tratados Internacionales y su aplicación en el nuevo proceso penal, por parte del Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado en diversas Secretarías de Estado del Ejecutivo Federal, así como en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en la Procuraduría General de la República. También, ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho.

 

1 El informe puede ser consultado aquí.

2 La propuesta del colectivo #FiscalíaQueSirva de un Plan de Persecución Penal se puede consultar aquí.

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