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El blog de Causa en Común
Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Adiós PRONAPRED, ¿y luego?
La estrategia del nuevo gobierno para atender la inseguridad es una política de PREVENCIÓN; por lo que sus resultados no serán visibles en el corto plazo, sino acaso en el mediano o largo plazo (20 años).
Por Alejandra Castillo Hernández / Investigadora de Causa en Común
2 de octubre, 2019
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Como ha planteado reiteradamente el Presidente, la inseguridad debe ser atendida desde sus causas. La política de prevención social de la violencia y la delincuencia implementada en el sexenio pasado albergó este enfoque; no obstante, las estrategias del nuevo gobierno no incluyen un seguimiento de esta política pública. Esto resulta preocupante, pues la política de prevención social de la violencia y la delincuencia es justamente eso, una política de PREVENCIÓN; o sea, que sus resultados no pueden ser visibles en el corto plazo (5 años), sino acaso en el mediano (10 años) o largo plazos (20 años).

El PRONAPRED y el PNPSVD

El Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) creado en 2013, figuró como uno de los principales instrumentos para atender factores de riesgo en poblaciones en situación de vulnerabilidad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y dio vida, tal como dice su nombre, a la política pública de prevención social del delito. Dicho Programa, que en realidad era un subsidio, era coordinado por la (entonces) Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana (SPPC) y operaba bajo los lineamientos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), el cual fue lanzado desde 2013.  Todo esto estaba sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en del eje «México en Paz» (1), y también en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia promulgada a finales del sexenio del presidente Calderón (2). 

A través del PRONAPRED y el PNPSVD, la prevención social del delito se planteó como una alternativa para reducir los índices de violencia, entendiendo que no todo se combate con el uso de la fuerza o medidas punitivas, sino apostando a la atención de las raíces del problema. Estas raíces fueron entendidas por el PNPSVD como factores de riesgo, los cuales son aquellas situaciones de tipo individual, familiar, escolar o social que incrementan las posibilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas. Específicamente, el Programa establecía los siguientes factores: embarazo temprano; consumo y abuso de drogas legales e ilegales; ambientes familiares deteriorados o problemáticos; deserción escolar; falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación; capital social debilitado y participación ciudadana incipiente; entornos de ilegalidad; espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados; marginación y exclusión social (3). 

Asimismo, bajo el enfoque del PNPSVD la participación ciudadana se volvió un elemento central para la construcción de los ambientes seguros. 

Implementación del PRONAPRED

Para dar cumplimiento a los objetivos del PRONAPRED, las acciones debían ser implementadas de manera focalizada, atendiendo poblaciones prioritarias en los municipios con mayor índice de violencia y delincuencia. A través de este Programa, las entidades y municipios adquirieron recursos económicos para implementar estrategias de intervención diseñadas por la SPPC, entre las cuales estaban: emprendimientos socio-productivos para mujeres, adolescentes y jóvenes; el fortalecimiento de ambientes familiares a través de la crianza positiva; la recuperación de espacios públicos; la reducción de las manifestaciones de violencia en las escuelas de educación básica; la disminución del consumo problemático de drogas en adolescentes; la prevención social de violencia en personas migrantes, entre otras.

En un inicio, el presupuesto destinado al Programa fue importante, pero fue disminuyendo hasta llegar a su punto más bajo en 2017, año en el que ni siquiera se le asignó presupuesto para su operación. En 2018, el presupuesto se reactivó, pero sufrió una reducción notable en comparación con los otros años, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

Gráfica 1. Presupuesto PRONAPRED

Elaboración propia con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación y ajustados a precios de 2019.

Elaboración propia con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación y ajustados a precios de 2019.

Cabe mencionar que la prevención social de la violencia se apoya en otros recursos, como son el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG). 

Eliminación del PRONAPRED

Si algo ha dejado claro el presidente López Obrador es que su gobierno ofrecería un cambio de paradigma para atender el tema de la inseguridad. Como parte de esta disrupción “sistémica”, el gobierno en turno eliminó el PRONAPRED. No obstante, de alguna u otra forma, la política de prevención social de la violencia y delincuencia, aún tiene eco en el discurso presidencial cuando el Presidente habla de “atender las causas que originaron la violencia”. Empero, los meses pasan y no se ve una ruta clara para atender dichas causas, ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Por el contrario, tales documentos dejan más preguntas que respuestas.

Hasta el momento, lo que se conoce es que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana se convirtió en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, que de cierto modo absorbió algunas funciones de prevención social de la violencia de la SPPC (4). Por ejemplo, la nueva Subsecretaría tiene como facultad “coordinar la implementación de las estrategias y líneas de acción contenidos en los programas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo que tengan como propósito la inclusión y cohesión social, la prevención social del delito y los asuntos religiosos, la reconstrucción del tejido social, y la cultura de paz y legalidad”. Sin embargo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 no menciona en ningún momento a la prevención social de la violencia o del delito (5). 

No obstante, algunas estrategias plasmadas en el PND podrían analizarse desde la óptica de los niveles de prevención planteados por el PNPSVD (universal, selectiva e indicada). En este aspecto, el PND plantea acciones que podrían empatarse con lo que planteaba el PNPSVD, como prevención selectiva o secundaria, la cual abarca acciones dirigidas a grupos con mayor riesgo de convertirse en generadores de violencia o delincuencia, o ser víctimas de ellas. Esta prevención específicamente podría relacionarse con Jóvenes Construyendo el Futuro, las Becas Benito Juárez y demás programas, si éstos formaran parte de una política integral que realmente abordara los factores de riesgo mencionados al inicio. En este sentido, se están dejando a un lado varias causas de la violencia y a poblaciones en situación de vulnerabilidad que deberían incluirse para atender el tema de la inseguridad. 

Por mencionar un ejemplo, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, el internamiento por rangos de edad a los centros penitenciarios a nivel nacional se dio de la siguiente forma: 

Gráfica 2. Porcentaje de ingresos a centros penitenciarios por edad

Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Elaboración propia con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Es decir, 41 % de las personas que ingresaron a los centros penitenciarios fueron jóvenes entre 18 a 29 años, población objetivo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, empatando así con la política de inclusión laboral de jóvenes en dicho rango de edad. Sin embargo, el 42% de las personas que ingresaron a los centros penitenciarios se encuentran entre los 30 a los 44 años. ¿Qué pasa con aquellas personas mayores de 29 años que también están cayendo en conductas antisociales por diversos motivos, entre ellas, las escasas oportunidades laborales? 

Queda esperar que la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos detalle próximamente lo que será la nueva ruta del gobierno federal para atender las causas de la violencia. No obstante, vale la pena cuestionarse cómo esta Subsecretaría lograría sus objetivos con apenas 41 millones de pesos que están planteados en el proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (6). 

Ni el PND 2019-2024 ni la Estrategia Nacional de Seguridad Pública plantean la consolidación de una política pública de prevención social de la violencia. Esto es preocupante pues ninguna estrategia de seguridad, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional, será exitosa si no se acompaña de una política de prevención efectiva que atienda las causas del problema. Si bien es cierto que el PRONAPRED tuvo muchas deficiencias, existe la oportunidad de mejorar una política que ya tenía un camino recorrido, sin echar en saco roto los aprendizajes de al menos cinco años de esfuerzos. Mientras tanto, seguimos en la espera de una política de prevención seria, sistemática, bien fundada, y a la altura de la crisis social y de violencia que sufre nuestro país.

* Alejandra Castillo Hernández es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESM, con un especial enfoque en estudios de género, derechos humanos y cooperación internacional. Se ha desempeñado como asesora parlamentaria en el Senado de la República y en organizaciones orientadas al diseño de proyectos para el desarrollo local, la prevención social de la violencia y el empoderamiento de las mujeres.

@causaencomun

 

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Disponible aquí

2 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Disponible aquí.

3 Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Disponible aquí.

4 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. Disponible aquí.

5 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Disponible aquí.

6 Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. Disponible aquí.

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