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Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Balazos sin abrazos
Más allá del programa de apoyos económicos, no hay un esquema de políticas públicas que integre todos los factores que intervienen para que la comisión de un delito contra cualquier ciudadano, ni sociales, ni policiales, ni legales, ni institucionales.
Por Nancy A. Canjura Luna
29 de julio, 2021
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El pasado 21 de julio se publicaron, como cada mes, los datos de incidencia delictiva actualizados al 30 de junio, donde se muestra una disminución del 3% de los homicidios dolosos, al igual que el secuestro, mientras que el robo de vehículo con violencia cayó en un 13% durante el primer semestre de 2021 con respecto del mismo periodo de 2020. La disminución de estos delitos ya había sido celebrada por el presidente desde el tercer aniversario de su triunfo en las elecciones de 2018, y que conmemoró con un emotivo discurso a principios de este mes.

En esa ocasión, López Obrador se jactó de que en México ya no existen masacres y que el Estado ya no es el principal agresor de los derechos humanos; sin embargo, el jefe del Ejecutivo no recordó que esa no es la única forma en la que el Estado puede atentar contra los derechos humanos de los mexicanos. Causa en Común realizó el análisis de los datos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en esta ocasión pusimos atención especial en los asesinatos.

La incidencia de estos lamentables hechos expone un par de elementos, cuando menos, que han sido desatendidos sistemáticamente por los gobiernos de los tres órdenes, sin importar su color: la reconstrucción del tejido social y la voluntad para cumplir con el compromiso de garantizar a la población una vida libre de violencia como un derecho humano.1

El reporte del SESNSP señala que se registraron 2 mil 742 asesinatos en el mes de junio, entre los que se reportaron 62 víctimas menores de 17 años y 82 feminicidios. Dicho así, parecen solo números a los cuales estamos acostumbrados y que incluso al verlos de forma general parecen disminuir respecto de otros periodos; sin embargo, estas dos subclasificaciones del delito expresan dos fenómenos directamente asociados con la degradación de los valores comunitarios y familiares, y que se traducen de igual forma en el incremento del 24% de las denuncias por violencia familiar, con 22 mil 411 registros, solo en junio.

En lo que respecta al feminicidio, el presidente ha reconocido en más de una ocasión que este delito registra un comportamiento al alza; sin embargo, no se ha dado a conocer ninguna medida integral para contrarrestar este fenómeno. Sólo se cuenta con el anuncio de la integración de un grupo especial de mujeres de la Guardia Nacional que apoyarán a las fiscalías estatales en la materia. Ni siquiera se han promovido con la celeridad necesaria la homologación de los códigos penales para que los 32 estados clasifiquen los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios. Incluso, recientemente se urgió al Senado que atienda esta solicitud que se fue propuesta desde 2020 para dar un primer paso contra el subregistro y la manipulación que prevalece en este delito.

El asesinato de mujeres en México ha sido una muestra de la falta de voluntad política para reconocer que no toda la violencia que aqueja al país viene del narcotráfico o de la delincuencia organizada, por lo que no hay Guardia Nacional ni presupuesto millonario que alcance para atender el carácter estructural de este fenómeno y frenar los delitos que se alimentan de la descomposición social, la falta de empatía y la desintegración familiar. Incluso si esa fuera la única vía de solución, no existen suficientes policías, ministerios públicos, fiscalías, ni un sistema penitenciario, vaya, no hay un sistema de justicia, seguridad y prevención del delito funcional acorde a la dimensión del problema que vivimos.

Mención aparte merece también la indignación que provoca el número de niños y adolescentes víctimas de asesinato, que en el acumulado de lo que va del año suman 327, y de las cuales el 98% ocurrieron por arma de fuego. No hay discurso que valga para minimizar el impacto que tiene el hecho de que en el primer semestre del año han asesinado a casi la misma cantidad de niños que en lo registrado en todo 2020. Es decir, no es necesario que estos niños hayan sido asesinados por el Estado para que sea un hecho preocupante, basta con saber que fueron asesinados sin que el Estado hiciera algo por evitarlo, y eso también es una violación a sus derechos humanos.

El discurso de “abrazos, no balazos” que promueve el presidente se basa en la necesidad de atender las causas sociales de la violencia y el delito, en lugar del confrontamiento directo; sin embargo, más allá de su programa de apoyos económicos, no presenta un esquema de políticas públicas que integre todos los factores que intervienen para que se cometa un delito contra cualquier ciudadano, ni sociales, ni policiales, ni legales, ni institucionales.

Con el anuncio de los 50 mil millones de pesos que se sumarán al presupuesto de la Guardia Nacional, vemos con preocupación que no hay recursos para las policías locales, para los municipios, para salud, educación, para la creación de un sistema de seguridad social universal que garantice a todos un mínimo acceso a servicios de cuidados y de prevención de riesgos sociales, para políticas de prevención de la violencia familiar y de género. Los abrazos son para los grupos criminales y los balazos para la población.

* Nancy A. Canjura Luna (@canjural), es licenciada en Ciencias Políticas y maestra en Gobierno  y Asuntos Públicos por la UNAM. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Iberoamericana y como investigadora y servidora pública. Se ha especializado en temas de seguridad y violencia, así como género.

 

 

1 Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona

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