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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
¿Cómo vamos en seguridad pública y en el respeto a nuestros derechos?
Los índices delictivos incrementaron, colocando al país en la peor crisis de inseguridad de la que se tenga registro. La militarización del país se ha acelerado. La Policía Federal desapareció, y las policías locales no han recibido apoyos suficientes. El presupuesto para seguridad no se ha incrementado. Se realizaron contrarreformas en detrimento de nuestros derechos. Y las víctimas no tienen acceso a un sistema de atención y reparación del daño.
Por David Blanc Murguía
4 de diciembre, 2019
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El primer año de gobierno del presidente López Obrador ha concluido y México atraviesa por la peor crisis de violencia de su historia moderna. A continuación, se presenta un breve recuento crítico de la situación y las principales acciones en materia de seguridad que ha emprendido el gobierno federal.

I. Incidencia delictiva

En comparación con los sexenios pasados, el número total de delitos se ha incrementado. En comparación con el sexenio de Fox, los delitos aumentaron en un 41%; con el de Calderón, en un 27%, y con el de Peña Nieto, en un 18%. Acorde a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al comparar los primeros once meses del sexenio de López Obrador con los de Peña Nieto, se observa un aumento en la tasa y en el número de homicidios, feminicidios, secuestros y extorsiones.

Durante los primeros once meses del sexenio se reportaron, en promedio, 99 asesinatos al día. Si la tendencia continúa, se podría registrar una tasa a fin de año de 29 homicidios por cada cien mil habitantes. Es probable que, cuando se conozcan los datos del INEGI, el año cierre con cerca de 40,000 víctimas y una tasa de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, para un promedio diario de 110 homicidios.

II. Militarización de la seguridad pública

En marzo se estableció a nivel constitucional la facultad del presidente para disponer de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante cinco años. Asimismo, se creó la Guardia Nacional, un cuerpo que, a pesar de estar adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es militar. En concreto, todos sus procesos están homologados con los de las Fuerzas Armadas, todos los mandos son militares, el supuesto reclutamiento se está realizando únicamente en regimientos militares y no hay previsiones presupuestales para crear nuevas plazas, sólo para compensar a los elementos castrenses que decidan formar parte de la Guardia.

La militarización de la seguridad pública también tiene sus expresiones en el ámbito local. Actualmente, en el país existen siete Secretarios de Seguridad Pública Estatal de procedencia castrense (Colima, Jalisco, Sinaloa Baja California Sur, Morelos, Tamaulipas y Puebla). En el ámbito municipal, sobresale el caso de Sonora, donde se designaron mandos militares al frente de las policías municipales de Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa y Guaymas.

III. Debilitamiento de las Policías

La nueva administración decidió desaparecer a la Policía Federal, la única institución de carácter civil a nivel federal, y la cual contaba con más de 35 mil elementos. Tampoco se ha realizado ningún programa de fortalecimiento para las policías locales. Hoy en día se desconoce el número real de policías operativos con los que cuenta el país. No existe una verdadera carrera policial en el país. El control de confianza se aplica discrecionalmente. No hay condiciones para una verdadera capacitación. La mayoría de los policías en el país trabajan jornadas laborales de 24 horas o más, y perciben salarios mensuales inferiores a los 15 mil pesos. En suma, las policías subsisten precariamente.

El principal indicador de la indefensión de las corporaciones, y de la indiferencia oficial y social, es el asesinato de policías. Del 1 de enero al 2 de diciembre de 2019, Causa en Común tiene registrados, al menos, a 382 policías asesinados. En promedio, se asesina a más de un elemento al día, normalmente sin consecuencia alguna.

IV. Presupuesto para seguridad pública

 Entre 2018 y 2019, el presupuesto para seguridad pública aumentó 0.4% ($873 MDP), lo que representó 0.9% del PIB1. En dicho presupuesto se privilegió al Ejército (10% adicional a SEDENA), disminuyó el monto asignado al fondo de apoyo a los estados (2% menos al FASP), y también disminuyó el fondo de apoyo a municipios (23% menos al FORTASEG).

El panorama para el siguiente año continúa siendo preocupante. De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el presupuesto para seguridad pública crecerá 0.7%, y continuaría representando poco menos de 1% del PIB. La SEDENA continuará siendo la institución que más recursos recibirá, con más de 94 mil millones de pesos. La Guardia Nacional recibirá cerca de 3 mil millones de pesos para “gastos personales” (nómina), y el fondo de apoyo a municipios, el FORTASEG, disminuirá en alrededor de un 3.5% (recorte adicional al 23% de este año).

V. Modificaciones legales con afectaciones a derechos

En abril se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; es decir, que permite que una persona lleve, de manera “automática”, su proceso penal en prisión, sin sentencia condenatoria, afectando el derecho esencial a la presunción de inocencia. Asimismo, en marzo se realizó una reforma constitucional en materia de extinción de dominio, y en agosto se publicó su ley reglamentaria. De nuevo, se afecta el principio de presunción de inocencia, ya que no sólo se ampliaron las causas por las que esta figura procede, sino que se permite vender los bienes relacionados a una investigación penal sin sentencia condenatoria.

VI. Sistema de atención a víctimas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), registró en el 2018 a 24.7 millones de víctimas de algún delito, número que se habrá incrementado este año. Por ello, sigue siendo una asignatura pendiente el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), incluida la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Hoy en día, las víctimas no tienen acceso a un verdadero sistema de atención y reparación del daño. Los principales problemas son las definiciones amplias y conceptos vagos que no terminan por focalizar la atención y reparación; la intervención de distintas dependencias y poderes de los tres ámbitos de gobierno que dificultan el proceso de atención; la falta de sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades responsables de atender a las víctimas; y la reducción presupuestal. Sobre este último, basta mencionar que, de 2018 a 2019, la Comisión sufrió una reducción presupuestal del 18% y, para el 2020, se contempla una reducción adicional del 2%.

En resumen, durante el primer año se han incrementado los índices delictivos, colocando al país en la peor crisis de inseguridad de la que se tenga registro. Se ha acelerado la militarización del país, por las vías legal, presupuestal y operativa. Desapareció la Policía Federal, y las policías locales no han recibido apoyos para su desarrollo y fortalecimiento. El presupuesto para seguridad pública no se ha incrementado en términos globales. Se realizaron contrarreformas en detrimento de la presunción de inocencia. Y, por último, las víctimas no tienen acceso a un sistema de atención y reparación del daño. Así vamos.

 

1 Se consideró para gasto en seguridad el monto designado a SEDENA, SEMAR, FGR, SEGOB, FASP y 20% de FORTAMUN. No se sumó FORTASEG, porque éste es parte de SEGOB.

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