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Cuando los planes no son planes
El “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024” no posee un plan para cumplir con las “estrategias” y “acciones” que ahí se mencionan, y se encuentra lejos de proporcionar un panorama real de la situación actual de la seguridad en el país.
Por Raúl Rosales Ochoa
8 de julio, 2020
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El pasado 2 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024”1, en el cual se establecen cinco objetivos prioritarios en materia de seguridad, cuyo cumplimiento estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Este instrumento, lejos de proporcionar un panorama de la situación actual de la seguridad en el país, carece de un diagnóstico certero y riguroso. Además, no posee un plan para cumplir con las estrategias y acciones que ahí se mencionan.

Los objetivos prioritarios del Programa son los siguientes: 1) Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz, 2) Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional, 3) Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural, 4) Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito y 5) Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente.

En una visión rápida, estos objetivos resultan vitales para mejorar la grave situación de inseguridad y violencia, pero, al analizar dicho Programa, se hace evidente que este documento se encuentra lejos de ser un plan con metas claras y alcanzables. En su lugar, estos objetivos forman parte de un discurso político alejado de cualquier intención por establecer una verdadera política pública de Estado en materia de seguridad.

¿Construcción de paz?

Si bien el documento establece un “análisis del estado actual” de la seguridad, se advierte que no es un verdadero diagnóstico, sino un apartado con frases retóricas que no especifican nada. Por ejemplo, en lugar de presentar datos duros, regiones y la numeralia de cómo se ha incrementado de forma histórica la incidencia delictiva en el país, señala párrafos como el siguiente:

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia que se ha presentado en el país en los últimos años, se encuentra localizada en diversas zonas, donde existen múltiples factores de riesgo que se encuentran asociados al origen de la misma, por lo que el diseño de estrategias de seguridad pública debe ser acorde con las condiciones de cada región.

Cada objetivo prioritario contiene “acciones puntuales” que están escritas a manera de lista de deseos, sin formar parte de metas o procesos de política pública. Por ejemplo, el primer objetivo consiste en mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del país para construir la paz a través del establecimiento de la Guardia Nacional (GN) y la implementación del “Nuevo Modelo Policial”. Sin embargo, la GN es una corporación de corte militar, disfrazada de civil, compuesta por elementos provenientes mayoritariamente de las Fuerzas Armadas, quienes conservan sus plazas en sus instituciones de origen y se rigen bajo el lema de “no uso de la fuerza”. Además, la SSPC no tiene presupuesto asignado para la GN, lo cual muestra que esta corporación no se rige por lo que determine esta Secretaría de Estado. En todo caso, la GN poco puede hacer para resolver la profunda problemática que vive el país en cuanto a inseguridad y violencia y, por el contrario, sólo está desgastando a las Fuerzas Armadas.

En cuanto al modelo policial, el Programa explica que se busca fortalecer a las policías estatales y municipales a través de la GN y del “Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica”, pero desde la entrada en vigor de la reforma constitucional que dio origen a dicha corporación, en la que establece la obligación de que todas las entidades federativas deberán dar a conocer sus diagnósticos y planes de desarrollo policial, no se ha publicado un diagnóstico nacional sobre el tema y hay estados que todavía no los han hecho públicos.

También se propone fortalecer a las “mesas de construcción de paz”, “fortalecer los mecanismos de control interno”, “desarrollar modelos de intervención regional”, “mejorar los mecanismos de supervisión de prestadores de servicios de seguridad privada”, “fortalecer los procesos de inteligencia”, entre otros más. Todas éstas, acciones sin diagnósticos, sin presupuesto ni políticas públicas que las respalden.

¿Prevención de la violencia?

En cuanto al tema de prevención de la violencia, las acciones señaladas son insuficientes y ambiguas. En lo general, se alinean las estrategias a algunos programas de política social, como el de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, y, en otros, a los programas municipales de FORTASEG, sin considerar nuevamente estrategias regionales en las políticas de prevención o su articulación con otras líneas de este mismo plan sectorial.

En el documento se proponen tres estrategias prioritarias para atender este problema. Una es la “generación de diagnósticos a través de la creación de una metodología”. La segunda es la “formulación de propuestas de diseño e implementación de programas de capacitación en materia de prevención”. La tercera es el “diseño y aplicación de modelos de intervención con un enfoque diferenciado”. Sorprende que, siendo el segundo año de gobierno, no se tenga ni una metodología para generar diagnósticos o si quiera una propuesta de programas de capacitación. De hecho, al revisar cada una de las “acciones puntuales” de las “estrategias”, se observa que se tratan de frases vacías. No existe un plan para prevenir la violencia y el delito, ya que no están enunciados los pasos a seguir ni tampoco las metas a alcanzar. Tampoco hay una intención clara por generar políticas públicas reales que atiendan las verdaderas causas de algunos de los problemas señalados en el documento.

¿Reinserción social?

El tercer objetivo busca “impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad” a través de un “modelo integral de reinserción social”, a través de la “consolidación de las condiciones de gobernabilidad”, a través de la “profesionalización del personal del sistema penitenciario” y del “fortalecimiento en la coordinación entre instancias y órdenes de gobierno”. No obstante, pese a que refiere a diversos problemas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha evidenciado en su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018”, no se ven medidas concretas que permitan solucionar la gran complejidad de problemas en los centros penitenciarios. Más aún, no establece acciones previas como la creación de verdaderos programas de reinserción social, acciones para evitar el autogobierno o programas de reestructuración del sistema penitenciario. Nuevamente, no existe una intención real por parte del gobierno federal para crear un verdadero plan de desarrollo en materia penitenciaria.

Más deseos, menos planes…

Los otros dos objetivos están centrados en el “fortalecimiento de las capacidades tecnológicas” y en el “fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos”, en los que se establecen acciones difícilmente alcanzables en un periodo de tiempo corto, como el estipulado en el Programa. Algunas de esas acciones son “actualizar la Red Nacional de Radiocomunicación”, “implementar infraestructura y protocolos de seguridad informática”, “interconectar sistemas de video vigilancia y geolocalización de seguridad de los tres órdenes de gobierno”, “consolidar un Sistema Nacional de Alertas”, entre otras más. Además, no se sabe cuánto presupuesto estará destinado para cada cosa.

Por otro lado, dentro del Programa, destacan frases que se traducen en propuestas irrealizables, como que los homicidios “habrán disminuido en un 50%”, tratándose de un problema que, en otros países, ha tardado décadas en resolverse. O hay otros problemas más complejos de resolver como el siguiente: “se habrán instaurado los controles necesarios para inhibir el ingreso ilegal y la circulación de armas de fuego en el país”, siendo un problema que no se ha atendido desde hace décadas.

Asimismo, destacan frases en las que se enuncia que se “habrá fortalecido el diseño de políticas públicas de prevención a través de la coordinación con actores sociales, la reinserción social de las personas, la generación de inteligencia para la seguridad nacional y la seguridad pública y las instituciones de seguridad pública contarán con capacidad tecnológica instalada”, siendo una serie de frases vacías e inconexas que acaban siendo demagogia pura. No hay ninguna ambición en esto.

Conclusiones

El “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana” está lejos de ser un programa, se trata de una simulación que ni siquiera apunta a resolver la situación de inseguridad, violencia e impunidad que imperan en el país. Siendo el segundo año de gobierno, el documento explica que apenas se harán diagnósticos. Además, muchas de las frases son ambiguas e inconexas. No hay recursos para atender cada una de las acciones presentadas. Se trata de una lista de buenos deseos que abarca todo y a la vez nada.

Esto evidencia que se trata de un documento de propaganda que simula cumplir con un requisito establecido en la normativa. En lugar de establecer un plan claro, con metas concisas, y con un sistema de medición de resultados, se trata de un documento lleno de promesas y deseos. Nos encontramos ante una grave simulación, pues no sólo hace falta presupuesto, también hacen falta estrategias reales en seguridad. Ante la situación de violencia que vive el país, se requieren políticas públicas de Estado, no documentos que ni si quiera poseen un esbozo de estrategia.

* Raúl Rosales Ochoa (@ruloarosales) es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con Mención Honorífica por el CIDE. Trabajó como asistente de investigación en México Evalúa en el área de Anticorrupción y Educación. Participó en un proyecto de investigación con el CONACYT y el CIDE acerca de las relaciones comerciales entre México y Guatemala. Ha trabajado temas sobre sociedad civil organizada y participación política con un enfoque especial en las organizaciones de la sociedad civil mexicanas. Es investigador de @causaencomun.

 

 

1 DOF, “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024”, 2 de julio de 2020.

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