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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
El olvido de los desaparecidos: una crisis que exige solución
En México estamos viviendo una situación prolongada de desapariciones, una crisis que ha rebasado por completo a las autoridades y en donde cada día crece el temor de ser una víctima de esta problemática.
Por Luis Carlos Sánchez Díaz
18 de noviembre, 2021
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Esta semana llegó a México un grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU, los cuales estarán hasta el 25 de noviembre reuniéndose con autoridades, colectivos de desaparecidos y organizaciones. Esta visita que de acuerdo con la jefa de la delegación se venía posponiendo desde 2013, llega en un momento crucial, ya que el país vive una crisis humanitaria por desapariciones.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, al 15 de noviembre de 2021 se contabilizaban 94,425 personas desaparecidas en México, siendo los estados de Jalisco (14,732), Tamaulipas (11,724) y el Estado de México (10,145) en donde existe una mayor concentración.1 Entre las motivaciones están las desapariciones forzadas a cargo de agentes del Estado, pero también se ha observado un incremento de desapariciones derivadas de trata de personas o reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. Por ello es urgente que se pongan en marcha medidas que ayuden a disminuir y prevenir el fenómeno, ya que no solo se trata de un problema de particulares sino que es una afrenta directa hacia el Estado y la sociedad.

Aunque la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB han declarado que México atraviesa la peor crisis de desapariciones, aún siguen justificando que el problema es una herencia de gobiernos anteriores, cuando en lo que va del año han desaparecido 12,859 personas (7,779 hombres y 5,080 mujeres), lo cual significa que en promedio desaparecieron 40 personas diariamente.

Pero resulta insuficiente que las autoridades reconozcan la crisis, cuando en los presupuestos solo se plantea un precario incremento, pasando de 720 en 2021 a 747 millones en 2022. A ello se agrega que las comisiones estatales de búsqueda solo operan con los recursos de la federación sin que los gobiernos estatales les destinen recursos, lo cual demuestra un completo desinterés por atender la problemática.

En los últimos años hemos observado que los familiares decidieron pasar de acciones individuales a tomar las riendas de las búsquedas a través de acciones colectivas que ayuden a visibilizar la tragedia y el dolor que implica desaparecer y buscar a alguien en México. Se trata de un calvario debido a la falta de recursos económicos, apoyo jurídico, sicológico y las constantes amenazas de muerte por parte de grupos criminales, como ocurrió con el asesinato de Aranza Ramos del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora el pasado mes julio.

Además del desgaste físico y emocional que atraviesan, deben de experimentar la negligencia del Estado para conocer la verdad sobre la desaparición, encontrar a las víctimas y sancionar a los responsables. Se trata de un círculo vicioso en donde existen trabas para anteponer denuncias, las autoridades no siguen los protocolos de búsqueda, subsiste una carencia de personal capacitado, no existe coordinación entre autoridades, se deja en el olvido el seguimiento de las investigaciones, las autoridades solo “actúan” cuando se trata de un caso mediático y constantemente se denigra y re victimiza a los familiares de las víctimas.

Todas estas condiciones fomentan una situación de desamparo sistémico, por lo cual resulta más que justificado el enojo de los colectivos cuando demandan justicia y solo encuentran una serie de trabas y simulaciones. Ejemplo de ello, son las mesas de dialogo con autoridades, lo cual parece ser el mejor mecanismo por parte de las instituciones para retrasar la resolución de los casos. Una muestra lo tenemos con el caso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, quienes a 7 años de los hechos no ha existido un avance sustancial para esclarecer el caso.

El colmo de la simulación y el desamparo es cuando las comisiones de búsqueda les transfieren la responsabilidad de las búsquedas a los familiares. Cada vez es más común conocer que los colectivos se involucren directamente en las jornadas de búsqueda, lo cual se supondría es una tarea de las fiscalías y de la CNB pero en estados como Baja California, Sonora y Tamaulipas, los colectivos son quienes han hecho la labor de encontrar restos humanos y fosas clandestinas. Esto ha quedado documentado por Causa en Común, en el trabajo Atrocidades 2, en donde hasta octubre se habían contabilizado al menos 520 fosas clandestinas en todo el país durante 2021.

Si bien se trata de un problema estructural en donde la sociedad ha naturalizado los actos de desaparición en el país de la misma manera que los homicidios o la corrupción, debemos de entender que se trata de una situación que lacera a nuestro país. Además resulta inaceptable que las autoridades no ejerzan las obligaciones que les fueron asignadas.

Por tal motivo, es urgente enunciar algunas propuestas que ayuden disminuir y prevenir el fenómeno.

  • En primera instancia, las autoridades deben de asumir las obligaciones asignadas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
  • Debemos de pugnar por un incremento sustancial en el presupuesto que se le brinda a la CNB y a su vez, exigir que los gobiernos estatales destinen los recursos necesarios a las Comisiones Estatales.
  • Se debe garantizar el acceso a la justicia a través de brindar atención y acompañamiento durante todo el proceso a los familiares de las víctimas. Además de garantizar su protección integral y las medidas necesarias para la no re victimización.
  • Asimismo, es necesaria la profesionalización de los servidores públicos encargados de procesar e investigar el delito, para que respeten el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas.
  • En cuanto a la localización de las víctimas, se debe contar con un adecuado Sistema Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas que fortalezca el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas y No Localizadas.

En México estamos viviendo una situación prolongada de desapariciones, una crisis que ha rebasado por completo a las autoridades y en donde cada día crece el temor de ser una víctima de esta problemática. Ya no basta con buenas voluntades, esta situación demanda acciones contundentes por parte de las autoridades y esfuerzos conjuntos que coadyuven a garantizar justicia y dignidad para todas las víctimas que adolecen esta lamentable realidad.

* Luis Carlos Sánchez Díaz (@luiscsd23) es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha colaborado en proyectos de investigación en la Universitat Autònoma de Barcelona, la Academia Mexicana de Ciencias y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Se ha especializado en investigación metodológica, análisis de datos y planeación estratégica de proyectos sociales y políticos.

 

 

1 Datos recabados de la Comisión Nacional de Búsqueda (2021). Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

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