El rumbo de la Guardia Nacional
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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
El rumbo de la Guardia Nacional
¿Es válido afirmar que la GN es un proyecto de pacificación del país, o por el contrario se trata de una institución que pone en riesgo la seguridad pública que intenta proteger?
Por Estefanía López Mendoza
25 de febrero, 2022
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A más de dos años de la conformación de la Guardia Nacional (GN) como una supuesta institución de carácter civil a cargo de la seguridad y el orden público, los señalamientos acerca de su desempeño coinciden en la creciente militarización del país. En el discurso, la GN justifica su despliegue a través de un paradigma de seguridad pública en donde el ciudadano es el eje principal de la seguridad. Sin embargo, en la práctica los resultados dan indicios del desarrollo de una institución militar que absorbe tareas que van más allá de las que debe permitirse a las Fuerzas Armadas en un Estado de Derecho.

Desde su configuración, la GN ha adquirido una fuerte presencia y poder institucional, estableciéndose como un pilar del gobierno actual, razón por la cual es necesario tener bajo la lupa su participación en asuntos públicos. En este contexto, el Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México ofrece elementos de análisis sobre las funciones, la integración y capacitación de efectivos y presupuestos adjudicados, mostrando distintas irregularidades y opacidad en la información presentada por documentos oficiales.

En el transcurso de más de dos años, las 43 funciones para salvaguardar la vida, la paz y el orden público estipuladas en la Ley de la Guardia Nacional se han extendido a 246, de acuerdo con información del CIDE. Entre estas destaca el reparto de libros de texto, el cuidado de playas en época vacacional, el reparto de juguetes en Día de Reyes y en el Tianguis del Bienestar, o el resguardo de actores políticos. En otras palabras, hay un desplazamiento de tareas que anteriormente eran realizadas por funcionarios públicos de carácter civil que no requerían entrenamiento militar. Esto hace cuestionarse la razón del monto asignado por el Presupuesto de Egresos de la Federación a la GN, que de 36 mil millones de pesos en 2021, ascendió a 60 mil millones en 2022.

Respecto a la conformación de la GN, en noviembre de 2021 se contaba con 99,946 elementos, cifra que ascendió a 113,833 en enero del presente año. En un lapso de dos meses se “logró” integrar 14 mil elementos, provenientes en su mayoría de fuerzas armadas. El sorprendente aumento de esta cifra coincide con irregularidades detectadas en la formación inicial de los efectivos. Por medio de solicitudes de información se sabe que únicamente 16,916 elementos del total ha recibido capacitación en materia de derechos humanos, Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema de Justicia Penal Acusatorio, feminicidio, mando y liderazgo, y desarrollo humano; y que 8,097 cuentan con el Certificado Único Policial. 1 En contraste, los datos presentados en el Informe Anual de Actividades 2021 de la GN, especifican que son 42,472 los elementos capacitados, que 32, 594 elementos de nuevo ingreso y veteranos han tenido formación la inicial estipulada por la ley, y que en noviembre de 2021 20,995 elementos cuentan con el CUP.

En el despliegue territorial de la GN, los estados con mayor presencia de efectivos son Ciudad de México (13,102); Estado de México (9,927); Jalisco (6,735); Guanajuato (6,603), y Michoacán (6.508). De acuerdo con Causa en Común, de 2019 a 2021 en Guanajuato y Michoacán el número de víctimas de asesinato no ha disminuido, la trata de personas aumentó en Jalisco y Estado de México, y en Guanajuato incrementó el narcomenudeo. Es interesante observar que en la Ciudad de México –entidad que cuenta con el mayor número de policías- se hayan establecido 1,825 puestos móviles de vigilancia perimetral a dependencias como la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o la Secretaría de Gobernación. Es decir, la presencia de la GN en esta entidad lleva a pensar que su manejo responde a una serie de razones políticas y no de seguridad.

Es importante señalar el riesgo de la militarización y del estado de fuerza que está adjudicándose a la GN. Conforme con los resultados de la Encuesta de Robo de Trasporte de Carga realizada por Caintra en 2020, el 44% de los transportistas refieren haber sido víctimas de extorsión a manos de elementos de la GN. Así mismo, mientras que a mediados de 2021 se acumularon 487 quejas interpuestas ante la CNDH, la GN únicamente reconoció que en un caso hubo un uso excesivo de la fuerza (Recomendación 92/2021), y se deslindó de la responsabilidad de 209 de estas quejas. De los 125 eventos en que se utilizó fuerza letal, sobresale el fallecimiento de 65 civiles en comparación con 10 elementos de la GN. Frente a esta información es sorprendente que en los resultados de la ENSU 2021, la percepción de efectividad de la GN tenga un 74.4%, y un 77.7% en el nivel de confianza.

A más de dos años de operación cabe analizar y cuestionarse cuál es el rumbo de esta institución a partir del impacto que genera en la vida pública del país, toda vez que la historia nos ha demostrado que, en nombre de la seguridad, el bienestar social y la paz, los gobiernos llegan a cometer y justificar grandes violaciones a derechos humanos. ¿Cuál es el impacto de esta estrategia de seguridad en un país en donde los ciudadanos viven constantes violaciones a sus derechos humanos? ¿Es válido afirmar que la GN es un proyecto de pacificación del país, o por el contrario se trata de una institución que pone en riesgo la seguridad pública que intenta proteger?

* Estefanía López Mendoza (@_estefanialm) es licenciada en Filosofía por la UNAM. Ha participado en proyectos de investigación sobre economía política y violencia en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc, UNAM). Cuenta con experiencia colaborando en el área de investigación de organizaciones de la sociedad civil sobre sistema penitenciario y discapacidad, derechos humanos y política de drogas en México.

 

 

 

1 Véase Ángel, A. (31 de mayo de 2021), “Guardia Nacional viola su propia ley: más del 90% de sus elementos no están certificados”, en Animal Político; Instituto Belisario Domínguez (2021), “La certificación policial de los integrantes de la Guardia Nacional”.

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