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El blog de Causa en Común
Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
El uso de la fuerza en México: una ley no es suficiente
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza debió ser parte de un proceso mucho más amplio de política pública, que atendiera los problemas ya identificados en cuanto a la certeza jurídica que los agentes de seguridad pública necesitan para realizar sus labores diarias y la manera en la que deben conjugar el uso de la fuerza con la protección de los derechos humanos. Los casos paradigmáticos desde la aprobación de la Ley a la fecha y las reacciones tanto del gobierno federal como de la opinión pública nos dejan ver que la realidad está lejos de ser así.
Por Causa en Común
18 de septiembre, 2019
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A pesar de que es una realidad que las y los mexicanos percibimos nuestro entorno como inseguro,1 pareciera que los actores encargados de diseñar las estrategias para garantizar que estemos y nos sintamos seguros han optado por responder únicamente ante eventos muy específicos por medio de soluciones de corto plazo, con la característica de ser reactivas y mediáticas. El proceso de política pública que implica trazar líneas estratégicas de largo alcance cuyo objetivo sea transformar verdaderamente la realidad en la que vivimos ha quedado en el olvido.

El gobierno del presidente López Obrador y la legislatura que lo respalda no han sido la excepción a esta tendencia. La creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional, así como la aprobación del conjunto de leyes secundarias2 que deberían darle sentido a la operación de dicha Guardia, fueron presentadas como la única solución posible ante los altos niveles de violencia e inseguridad y, en su momento, ocuparon la agenda de distintos actores de gobierno, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, es poco lo que hoy sabemos de las acciones de la Guardia Nacional y de la implementación de estas leyes.

En el caso particular de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (Ley), no sólo no tenemos información sobre las acciones específicas que se han seguido para implementarla correctamente. Además, la información disponible sobre casos mediáticos en los que agentes de seguridad pública han usado –o dejado de usar– la fuerza desde la entrada en vigor de esta Ley es una prueba clara de que, para generar cambios reales, no basta con responder a la urgencia de crear marcos jurídicos pendientes, mucho menos con las deficiencias que éstos presentan.

El primer caso del que tuvimos conocimiento –y que tuvo lugar prácticamente a la par de que la Ley entró en vigor– fue lo sucedido en La Huacana, Michoacán. Si bien existen diversas versiones de estos sucesos y no contamos con un reporte oficial hasta la fecha, hay tres puntos que coinciden en los recuentos: 1) elementos de SEDENA decomisaron un conjunto de armas durante un operativo en la zona; 2) posterior al decomiso, civiles armados retuvieron y desarmaron a los integrantes del Ejército Mexicano, y exigieron la devolución de las armas previamente decomisadas a cambio de la liberación de los soldados; 3) las armas en cuestión fueron devueltas a los civiles y los soldados fueron liberados. Las narrativas predominantes en la opinión pública respecto a estos hechos siguieron dos cauces principales. Por un lado, un grupo de opinión liderado por el presidente López Obrador calificó como prudente la actuación de los elementos de la SEDENA y enfatizó la idea de que los tiempos del autoritarismo y la represión por parte de agentes del Estado han terminado. Por otro lado, diversas voces se concentraron en calificar los hechos como una humillación a las Fuerzas Armadas y lamentaron que la respuesta de Presidencia incitara a los soldados a no usar la fuerza física frente a eventos similares.

Ambas perspectivas incluían un factor muy problemático, pues situaban como eje conductor del debate a una asociación automática entre el uso de la fuerza pública y el uso de la fuerza letal. A pesar de que recién había sido aprobado un marco jurídico cuyo objetivo es establecer pautas generales de actuación en cuanto al uso de la fuerza para todos los agentes de seguridad pública, ni el presidente ni múltiples sectores de la opinión pública hicieron referencia a él para evaluar lo ocurrido. Mucho menos tomaron estos hechos como punto de partida para promover la creación de protocolos específicos basados en la Ley ni para llevar a la agenda pública una conversación sobre cómo deberán adaptarse los programas de capacitación de policías y Fuerzas Armadas que hacen labores de seguridad pública ante las nuevas disposiciones.

Esta situación nos lleva a plantearnos preguntas cuyas respuestas deberíamos empezar a considerar si queremos cambiar la perspectiva estrecha con la que entendemos actualmente el uso de la fuerza. ¿Por qué mantenemos la idea de que el único recurso al que pueden acceder los agentes del Estado es la fuerza física, en particular la fuerza letal? ¿Por qué las únicas opciones de éxito que se les da, al menos en el discurso, a los cuerpos de seguridad son poner sus vidas y su integridad en riesgo o responder ante agresiones provocando lesiones o incluso la muerte a civiles? ¿Por qué no hemos logrado pasar de la defensa mediática de un paquete de leyes a un proceso real de implementación de las mismas?

La semana pasada, casi cuatro meses después de los sucesos de La Huacana, integrantes del Ejército Mexicano volvieron a ser protagonistas de videos en los que se observan agresiones por parte de civiles; sin embargo, esta vez las decisiones tomadas por los soldados y sus mandos llevaron a desenlaces distintos. De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por SEDENA, el 8 de septiembre personal militar acudió a atender una llamada de emergencia que reportaba la detención y saqueo de un tren en San Juan del Río, Querétaro. Según la descripción de hechos, el arribo de los elementos del Ejército desencadenó agresiones hacia ellos con piedras, palos y botellas de vidrio. El comandante de la tropa optó por realizar disparos al suelo para salvaguardar a su personal. Un día después de estos hechos, esta vez en Acajete, Puebla, otro grupo de militares fueron agredidos con palos y piedras mientras resguardaban una bodega con vehículos con indicios de robo, y otras mercancías. De acuerdo con la narración de SEDENA, el personal militar efectuó disparos al aire como medida disuasiva para proteger su integridad física.

A pesar de que el tiempo y las experiencias se han acumulado desde los sucesos de La Huacana y de la entrada en vigor de la Ley, no se ha avanzado en transformar realmente el paradigma del uso de la fuerza en nuestro país. Si bien los comunicados sobre los sucesos de San Juan del Río y Acajete sí hacen referencia a la Ley, ésta no se mencionó más que para decir que el Ejército había cumplido con ella. Seguimos a la espera de una evaluación clara y verificable que sirva tanto a la sociedad como a los agentes de seguridad pública para determinar si verdaderamente se tomaron decisiones conforme a derecho, y para detectar qué puede hacerse mejor en cuanto a la capacitación y formación de las Fuerzas Armadas, y nuestras policías. A fin de cuentas, es mandato constitucional que las primeras continúen realizando labores de seguridad pública durante, al menos, los próximos cinco años, y a fin de cuentas se trata de que las policías se profesionalicen.

Además del tiempo y las malas experiencias, también se acumulan las inquietudes. Hoy en día se conjugan elementos preocupantes en la consolidación del modelo de uso de la fuerza que estamos construyendo. Contamos con un marco jurídico deficiente que no muestra avances en su implementación; cuerpos militares en labores de seguridad pública siendo agredidos constantemente y comunicando a la sociedad que responderán en “legítima defensa” ante nuevas agresiones; un presidente cuya respuesta ante estos hechos es hacer juicios de valor respecto a si los soldados “actuaron bien” o “actuaron mal” y llamando al pueblo a “portarse bien” sin realizar análisis más detallados y profundos de los sucesos, y por último, tenemos a diversos sectores de la opinión pública promoviendo un discurso maniqueo entre usar la fuerza letal o ser humillado, lo que está muy lejos de abonar a las respuestas que los agentes de seguridad necesitan para realizar su trabajo.

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza debió ser una parte de un proceso mucho más amplio de política pública, que atendiera los problemas ya identificados en cuanto a la certeza jurídica que los agentes de seguridad pública necesitan para realizar sus labores diarias y la manera en la que deben conjugar el uso de la fuerza con la protección de los derechos humanos. Los casos paradigmáticos desde la aprobación de la Ley a la fecha y las reacciones tanto del gobierno federal como de la opinión pública, nos dejan ver que la realidad está lejos de ser así. Desde la publicación de la Ley a la fecha no se han determinado los pasos a seguir para su implementación; tampoco se han definido cambios a los programas de capacitación ni se han adaptado reglamentos, leyes y protocolos locales. Muy probablemente, la Ley y sus implicaciones ni siquiera se han socializado entre policías, soldados y guardias. La ciudadanía y los agentes de seguridad pública merecemos algo mejor que simplemente continuar elaborando leyes al aire, pues son derechos humanos y vidas las que están en juego.

* Citlali Baltazar es Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en el área de especialización de Política Comparada. Ha trabajado temas de cultura política y transparencia en proyectos como la encuesta “Las Américas y el Mundo”, la evaluación del actuar de los Organismos Garantes del derecho a la información y la investigación del proceso de formación de la cultura política democrática, particularmente de las personas jóvenes.

 

1 La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019 realizada por INEGI muestra que el 73.9 % de la población de 18 años y más considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro.

2 Estas leyes son: Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Ley Nacional del Registro de Detenciones y Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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