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En defensa de la autonomía de las instituciones: un análisis de los ataques desde el gobierno
En este día de la independencia, vale la pena recordarle al presidente el verdadero significado de la autonomía y el respeto por las instituciones.
Por Causa en Común
16 de septiembre, 2020
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Carthago delenda est” (“Cartago debe ser destruido”).

Catón El Viejo

 

Alusión a la frase de oratoria pronunciada por Catón El Viejo, político de la república romana y ferviente defensor de la destrucción de Cartago antes de la Tercera Guerra Púnica (149-146 A.C.), periodo en el que la utilizó para terminar todos sus discursos con el fin de presionar el ataque en contra de la antigua ciudad del norte de África, por considerarla un verdadero peligro para la república romana por su riqueza e independencia. En su uso moderno, esta frase ha hecho referencia a la reiteración de una declaración o idea, generalmente relacionada con una creencia fundamental de la, o las, personas responsables de emitirlas.

Es con esta misma vehemencia y creencia que el actual gobierno ha atacado, desde el comienzo, la autonomía de las instituciones, a su personal y sus funciones. Existe, indudablemente, una cruzada en contra de aquellas instituciones conformadas durante lo que el presidente ha llamado el “periodo neoliberal”, especialmente en contra de organismos autónomos que cuentan con independencia de funciones de manera completa o parcial. Sin importar ni tomar en cuenta su verdadero funcionamiento y resultados, así como a la población o grupos de la sociedad que han sido beneficiados, se ha criminalizado a los organismos autónomos por el simple hecho de haber sido creados durante un periodo político que no es el actual.

Es indispensable explicar que la destrucción de las instituciones- o por lo menos el deseo de su destrucción-, se da a partir de un discurso que no disimula. En la práctica, éstas han sido mermadas desde diferentes vías, que pueden ser observadas en los recortes presupuestales y la política de austeridad, el recorte de programas y apoyo sociales, los ataques y campañas de desprestigio y la colonización de algunas directivas. A pesar de esto, las instituciones y organismos autónomos continúan existiendo; aunque algunos, únicamente, como una fachada política.

Son de especial preocupación los ataques sistemáticos, políticos y presupuestales en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH):

En el caso del INE, el presidente ha arremetido en más de una ocasión. Destaca la declaración en la que señaló que estará pendiente de que no se cometa ningún fraude durante las elecciones. En sus propias palabras: “Me voy a convertir en un guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades.”1 En la misma conferencia de prensa también describió al INE como el aparato de organización de elecciones más caro del mundo, y señaló que nunca han garantizado elecciones limpias y libres. Asimismo, cabe recordar que el año pasado se promovió un importante recorte de recursos a la institución, y un magro incremento para este año, lo que ha impactado negativamente en sus trabajos y proyectos.

Destaca la propuesta del presidente que presentará ante el Senado para convocar a un referéndum sobre la posibilidad de juzgar por corrupción a varios exmandatarios del país.  Sobre esto, pidió al INE que se “prepare”, pues aseguró que sí se llevará a cabo una consulta ciudadana en 2021 que tendrá como propósito conocer la opinión de la gente sobre el enjuiciamiento de los últimos cinco expresidentes por presuntos actos de corrupción.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que no es válido el argumento que ha dicho el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, acerca de que la consulta costará alrededor de 8 millones de pesos por lo que pidió al órgano electoral que “se ajusten el cinturón y que ahorre”.2 En palabras del mismo Córdova, llevar a cabo esta consulta implicaría un gasto y movilización similar a las elecciones intermedias, por lo que se debería revisar “dramáticamente” el presupuesto propuesto para el INE para el próximo año.

En cuanto a la CNDH, y desde el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como su titular, era clara su falta de competencia y cumplimiento con los requisitos para ocupar este cargo, lo que sin duda se vio reflejado en el Senado de la República y en la decisión de sus miembros de impugnar la designación. A partir de su entrada en funciones, el colapso de la Comisión ha sido evidente, lo que se debe principalmente a recortes presupuestales indiscriminados, negligencia e ineptitud, y a la subordinación al Ejecutivo federal.3

Entre los señalamientos del presidente sobre la defensa del nombramiento de Piedra Ibarra, destaca que “durante muchos años, la Comisión de Derechos Humanos estuvo sirviendo de tapadera,”4. Aunado a esto, durante los 22 meses previos a la llegada de Piedra Ibarra, las secretarías de Estado a nivel federal fueron objeto de 72 recomendaciones. En los últimos nueve meses, sólo acumulan tres.5

Por si fuera poco, se suman también los ataques en contra del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (COVAIM), que prácticamente han quedado inoperantes ante los recortes presupuestales a los que han sido sujetos durante el último año.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Regulatoria de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), han sido víctimas de los mismos ataques; no obstante, su funcionamiento operativo, aunque reducido, se mantiene. A pesar de que estos organismos siguen existiendo, la mayoría no cuenta con el presupuesto, el personal, ni la infraestructura para mantener sus funciones de manera adecuada.

Por otra parte, el gobierno federal continúa con la eliminación de programas sociales, ecológicos y de infraestructura, y con un debilitamiento extremo de toda la estructura gubernamental. Esto se ha visto acentuado por el decreto presidencial del pasado mes de abril, en el que se establecieron las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, reduciendo su gasto en 75%. Resulta lamentable constatar el proceso continuo de destrucción institucional, que, al eliminar estructuras, programas y presupuestos sociales, deja desprotegidos a millones de mexicanos, justo cuando, golpeados por la pandemia y la brutal crisis económica, más apoyo necesitan.

López Obrador decidió eliminar programas sociales con los que se ofrecía apoyo y servicios a miles de mexicanos, y en cambio, privilegió la entrega de dinero como herramienta de política clientelar. Con esta decisión, desaparecieron programas como el de las estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, los refugios para mujeres víctimas de violencia, apoyos a la vivienda, atención a jornaleros agrícolas, comedores comunitarios y el Seguro Popular.

A partir del diagnóstico realizado a 10 programas sociales por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),6 así como las evaluaciones del CONEVAL, se ha comprobado que los programas sociales implementados por este gobierno no han funcionado para reducir los niveles de desigualdad que imperan en el país, mientras que algunos no identifican a la población objetivo, y carecen de medición de metas y lineamientos para la aplicación de los recursos.7

Sin duda, todo esto seguirá teniendo como consecuencia el debilitamiento de nuestro sistema democrático y Estado de derecho, así como la inevitable destrucción de contrapesos y la concentración de poder en el Ejecutivo federal. Debemos cuidar a las múltiples instituciones y programas dirigidos a la atención social y a la protección de derechos como parte esencial de un Estado sustentado en la defensa de los derechos humanos; habrá que seguir insistiendo en su protección y en su preservación. En este día de la independencia, vale la pena recordarle al presidente el verdadero significado de la autonomía y el respeto por las instituciones históricamente constituidas de manera democrática y autónoma.

Teresa García (@garciat_pe) es Internacionalista y maestra en Derechos Humanos. Ha trabajado en el gobierno en temas de seguridad, educación y combate a corrupción. Se ha especializado en migración, colaborando con ACNUR.

 

 

1 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina, lunes 22 de junio de 2020, disponible aquí.

2 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina, miércoles 02 de septiembre de 2020, disponible aquí.

3 Junco Álvaro, “El asalto a la CNDH”, Animal Político, 26 de agosto de 2020, disponible aquí.

4 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina, viernes 22 de noviembre de 2019, disponible aquí.

5 Ibíd. Junco.

6 Diagnóstico IMCO: La política social en México, sin rumbo ni destino cierto, 04 de junio de 2019, disponible aquí.

7 Arteta, Roldán y Ureste, “Coneval ve fallos en programas insignia de AMLO; gobierno ignora recomendaciones”, Animal Político, 07 de julio de 2020, disponible aquí.

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