Espejismos en las estadísticas delictivas
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Espejismos en las estadísticas delictivas
De acuerdo con estimaciones del INEGI, 1 de cada 100 delitos que ocurren en México sólo se denuncian 10 y se investigan 7. Esto debería ser motivo suficiente para que cualquier político de alto nivel, genuinamente preocupado por el bienestar de la población, rechazara las cifras del SESNSP como indicadores de “incidencia delictiva” y pidiera a sus colaboradores datos más confiables para planear sus estrategias de seguridad.
Por Carlos Galindo
15 de junio, 2022
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Las recientes declaraciones del Gobierno Federal sobre la reducción de homicidios y secuestros a nivel nacional han sido retomadas y discutidas por multiplicidad de analistas y medios de comunicación. Lo que en teoría debería ser una buena noticia ha sido criticado y debatido no sin razón, pues seguimos sin contar con datos confiables sobre los niveles de criminalidad en México.

Desde el inicio de funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a finales de la primera década de este siglo, las cifras elegidas para representar la “incidencia delictiva” han sido criticadas hasta el cansancio. Esto porque la fuente elegida para estimar cuántos delitos ocurren en el país fueron las investigaciones ministeriales (antes averiguaciones previas, ahora carpetas de investigación), y no se tomaron en cuenta registros policiales o encuestas en hogares, como sí hacen los gobiernos de muchos otros países.

La razón más conocida para objetar esta fuente de información es la Cifra Negra Delictiva: de acuerdo con estimaciones del INEGI, 1 de cada 100 delitos que ocurren en México sólo se denuncian 10 y se investigan 7. Esto debería ser motivo suficiente para que cualquier político de alto nivel, genuinamente preocupado por el bienestar de la población, rechazara las cifras del SESNSP como indicadores de “incidencia delictiva” y pidiera a sus colaboradores datos más confiables para planear sus estrategias de seguridad. Sin embargo, 10 años después de la primera publicación de estas cifras, los políticos en turno siguen usando la misma fuente para intentar convencernos de que, ahora sí, se está reduciendo la criminalidad.

En adición a la cifra negra, diversos analistas y organizaciones de la sociedad civil han advertido problemas y posibles manipulaciones en la clasificación de los delitos reportados por el SESNSP. El ejemplo que más se ha discutido son errores y posibles permutas en el conteo de víctimas de homicidio doloso. 2 De hecho, el cambio metodológico del SESNSP en 2017 puede entenderse como una respuesta parcial a las críticas recibidas. Especialmente, la inclusión de grandes categorías por Bien Jurídico Tutelado (que resulta afectado por grupos de delitos), puede verse como un intento por “recuperar” los delitos que pudieran “perderse” por prácticas anómalas de clasificación por parte de las fiscalías.

Veamos un ejemplo en la gráfica 1: mientras que el número de víctimas de homicidio doloso dejó de aumentar a partir de 2019, dentro del mismo grupo de delitos está creciendo de forma dramática el número de víctimas de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”. Si no supiéramos de posibles feminicidios y asesinatos que las fiscalías etiquetan como “suicidios” (u otro delito contra la vida), tal vez resultaría exagerado plantear estas cuestiones, pero desafortunadamente sabemos que algunas veces, en algunos lugares, esto ocurre. 3 y 4

El ejemplo más evidente son los delitos contra la libertad personal. Los casos que los ciudadanos entendemos como “secuestros” reciben una multiplicidad de etiquetas por parte de los agentes del Ministerio Público. Muchos de estos casos son registrados como “privación ilegal de la libertad” o incluso “abuso de autoridad” (cuando alguno de los secuestradores resulta ser policía, custodio o funcionario del algún gobierno). La gráfica 2 da cuenta de la magnitud de casos contra la libertad personal que reciben una etiqueta diferente a “secuestro”. Con respecto a sus tendencias, mientras el número de víctimas de secuestro ha disminuido ligeramente en años recientes, las víctimas de “otros delitos contra la libertad personal” han aumentado drásticamente. Es muy probable que el grueso de casos que conforman la crisis nacional por desapariciones se encuentre en esta categoría de “otros”.

Si revisamos los resultados mensuales más recientes, llegamos a la misma conclusión: no tiene sentido discutir de forma aislada los “secuestros”, pues el grueso de las víctimas se encuentra en casos etiquetados como “otros delitos contra la libertad personal”. Y sin duda alguna, el número total de personas que ven afectada su libertad, sin importar cómo quieran etiquetar los casos en cada fiscalía, sigue aumentando.

Espejismos locales

Toda vez que son las fiscalías locales las responsables de aportar estas cifras al SESNSP, tiene sentido revisar estas mismas tendencias por entidad federativa. Por obvias cuestiones de espacio es difícil incluir gráficas para las 32 entidades, por lo que sólo se presentan las correspondientes a la Ciudad de México (CDMX) y Querétaro.

Presentar las gráficas de estas dos entidades representa una invitación a alejarnos de la tentación habitual de los políticos mexicanos, que consiste en interpretar absolutamente todo a través de los colores de sus camisetas. El problema de las cifras delictivas nada confiables es generalizado entre nuestra clase política. La desinformación en materia de seguridad es transversal a todos los colores y orientaciones ideológicas en México.

Reflexión muy personal

A lo largo de los años me he preguntado si los políticos de alto nivel (y de todos los colores) entienden el problema de la poca confiabilidad de sus cifras delictivas y si, aun así, deciden seguir usándolas para aparentar gestiones exitosas. O si por el contrario, no entienden de datos ni de la necesidad de basar sus decisiones en evidencia y lo que ocurre es que, en su afán por ganar popularidad y votaciones (pues siempre hay elecciones próximas en algún lugar del país), aceptan sin cuestionar cualquier conjunto de cifras alegres que les presenten sus colaboradores cercanos.

Propuestas

  1. Desde hace años las organizaciones de la sociedad civil han expresado la necesidad de contar con mecanismos externos de auditoría de las cifras del SESNSP. No sobra repetir esta propuesta: se requiere implementar revisiones frecuentes e independientes de los datos que usamos a nivel nacional para planear y evaluar las estrategias de seguridad.
  2. Las categorías de las estadísticas deberían reflejar los grandes cambios normativos nacionales. Por ejemplo, la publicación en 2017 de la Ley General en materia de Desaparición debería haber motivado, desde hace años, una revisión de la clasificación de los delitos contra la libertad personal, dando lugar a la creación de categorías específicas para los delitos de “desaparición forzada” y “desaparición cometida por particulares”.

* Carlos Galindo (@causaencomun) es Actuario, Maestro en Demografía y Doctor en Filosofía de la Ciencia. Actualmente se desempeña como investigador en Causa en Común.

 

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

3 Disponible aquí.

4 Disponible aquí.

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