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El blog de Causa en Común
Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Guerrero: el eterno pendiente
¿Cuántas personas más necesitan abandonar sus hogares para que se tomen las medidas necesarias que garanticen su seguridad? ¿Será necesario llegar al absurdo en el que todo el estado se convierta en zona de desplazamiento masivo?
Por David Blanc Murguía
4 de septiembre, 2019
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Desde hace mucho tiempo es proverbial la incapacidad de las autoridades locales y federales para proteger a los guerrerenses. La delincuencia ha llenado el vacío de un Estado ausente, lo que ha provocado que distintos grupos del crimen organizado sean, al mismo tiempo, la amenaza y supuesta protección de la ciudadanía. Los niveles de violencia colocan a Guerrero como uno de los estados más inseguros a nivel nacional. Tan sólo en lo que va del año, conforme a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado 1,137 homicidios dolosos. La tasa de homicidios es de 51 por cada 100 mil habitantes. Si bien es cierto que hubo una reducción considerable comparada con el año pasado (la tasa en 2018 para el mismo periodo fue de 69 por cada 100 mil habitantes), es también casi el doble de la tasa nacional y se aproxima a las más elevadas a nivel mundial. Para dimensionar esto, basta mencionar que 1 de cada 20 homicidios intencionales del país se comete en Guerrero. En promedio, cada día se cometen 5 homicidios dolosos en la entidad; es decir, un asesinato cada 5 horas.

Si los números de violencia en Guerrero muestran un escenario preocupante, el tipo de violencia lo agrava. Los titulares de las noticias reflejan esta situación: “…presuntos sicarios sacan el corazón a un hombre vivo y lo graban”, “Dejan cuerpo desmembrado frente a oficinas del PRD en Guerrero”, “…dejan 8 cuerpos apilados dentro de un vehículo en Chilpancingo”. La descomposición social, reflejo de la situación que se vive a nivel nacional, es evidente, y día con día se acumulan eventos similares.

Los más afectados de estas atrocidades han sido desde luego las y los guerrerenses, quienes tienen que huir de sus hogares, abandonando sus vidas, negocios y familias para poder sobrevivir. Acorde al Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2014 y 2016 se reportaron 289 casos de desplazamientos internos forzados en Guerrero por situaciones de violencia. Asimismo, según el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de enero a diciembre de 2018 se registraron 25 episodios de desplazamientos internos forzados en el país, de los cuales 13 ocurrieron en Guerrero afectando -al menos- a 5,506 personas. La cifra de personas desplazadas corresponde al 44 % del total de la población desplazada a nivel nacional. Durante los últimos tres años, Guerrero ha sido la entidad con el mayor número de episodios y personas desplazadas en el país, y todos los eventos de desplazamiento ocurridos en la entidad fueron resultado de violencia generada por grupos armados organizados. Este problema llegó a niveles tan graves, que incluso durante el periodo electoral de 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no instalar casillas en diversas comunidades del Estado porque no reunían el número mínimo de 100 personas en edad para votar.

Uno de los episodios más graves ocurrió en noviembre del año pasado. Alrededor de 1,600 personas de las comunidades de Leonardo Bravo y Tlaltempanaca tuvieron que abandonar sus hogares en medio de una balacera que dejó un saldo de siete muertos, iniciada por grupos armados que se hicieron pasar por policías comunitarios. La mayoría de las personas se alojaron en la cabecera municipal, exigiendo acciones concretas por parte del gobierno estatal y una audiencia con el gobernador. La respuesta, como es costumbre, fue nula.

En febrero de 2019, un grupo de aproximadamente 400 personas desplazadas viajaron a la Ciudad de México para buscar respuestas por parte del nuevo gobierno federal. El presidente no les dio audiencia, y tuvieron que pasar 39 días de plantón afuera del Palacio Nacional para que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, llegara con ellos a un acuerdo. En éste se incluyó, por ejemplo, que el gobierno asumiría el pago de la renta de viviendas para que las familias desplazadas no tuvieran que seguir alojándose en el auditorio municipal. Parecería que, ante un escenario incontrolable de violencia, resulta más rentable pagarles alojamiento que resolver el tema de fondo. En otros casos relevantes, las comunidades reaccionan de inmediato a probables repuntes de violencia. A principios de agosto de este año, circuló una nota la cual refería que 112 personas abandonaron sus hogares porque detuvieron a un líder del grupo criminal “Los Rojos”. Las personas pidieron ser trasladadas por miedo a que se destara una guerra en la sierra a raíz de dicha detención.

La lista de estos episodios es extensa. Ante una nula respuesta gubernamental, la violencia y los desplazamientos siguen siendo la constante, y van en aumento día con día. ¿Cuántas personas más necesitan abandonar sus hogares para que se tomen las medidas necesarias que garanticen su seguridad? ¿Será necesario llegar al absurdo en el que todo el estado se convierta en zona de desplazamiento masivo? Guerrero ha sido durante mucho tiempo una de las tareas pendientes más urgentes y más relevantes en materia de seguridad pública para los gobiernos estatales y federales. La violencia y los desplazamientos forzados trascienden cualquier periodo electoral y partido político. Los gobiernos, todos, están en deuda. Ya va siendo hora de que lo asuman y se coloquen a la altura de su responsabilidad.

* David Blanc Murguía es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales con Mención Honorífica por el CIDE. Realizó estudios sobre seguridad internacional en Kosovo. Fue asistente de investigación en el CIDE, especializándose en temas de seguridad como narcotráfico, terrorismo y guerrillas. Trabajó en la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República asesorando en temas sobre derechos humanos y anticorrupción.

@causaencomun

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