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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Justicia, el único canal para la frustración social
Tras las elecciones del 7 de junio se escucha muy poca autocrítica y nadie parece asumir ese concepto tan poco utilizado en la política mexicana: responsabilidad. Responder por. Dar cuentas de. Asumir las consecuencias de actos propios, sin escudarse en las circunstancias o en las culpas de otros.
Por Causa en Común
16 de junio, 2015
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Por: Max Kaiser

Se acabaron las elecciones, y nadie parece estar satisfecho. No parece haber ganadores claros, ni castigados en estado de reflexión.

Casi todos los actores ganaron algo y perdieron algo. Casi todos festejan una victoria de un lado, y señalan fraudes, cochineros, injusticias e ilegalidades de otro. Vuelan de un lado a otro las culpas genéricas, las acusaciones al aire y los señalamientos sin sustento.

Se escucha muy poca autocrítica, y nadie parece asumir ese concepto tan poco utilizado en la política mexicana: responsabilidad. Responder por. Dar cuentas de. Asumir las consecuencias de actos propios, sin escudarse en las circunstancias o en las culpas de otros.

En México no hay culpables de nada. No hay responsables en el sistema político mexicano. Todo tiene una explicación alrededor de la responsabilidad personal. Siempre hay una circunstancia exculpatoria, una culpa externa, o un complot que hace víctima a cada político y servidor público, y que los excluye de cualquier régimen de responsabilidades, sea jurídico, político e incluso social.

La confesión pública de la responsabilidad personal, es algo impensable en la política mexicana, y ante el señalamiento externo, las más eficaces herramientas son la negación vehemente, la explicación circunstancial y la victimización.

El 7 de junio pasado se emitieron 39,872,757 de votos totales. 43,343,555 mujeres estaban en la Lista Nominal y podían votar, así como 40,219,635 de hombres.

43,690,433 de hombres y mujeres, por alguna razón, decidieron no ir a las urnas (52.28%). Y de las mujeres y hombres que si fueron, 1,900,881 decidieron anular su voto. En suma, 45,591,314 de personas, por uno o por otro motivo, consideraron que el proceso democrático que se les ofrecía era una pobre alternativa para expresarse, para influir o para cambiar algo.

Entre esos 84 millones de mexicanas y mexicanos hay jornaleros, abogadas, campesinos, doctores, ingenieras, empresarios, obreras, restauranteros y todo tipo de mujeres y hombres que luchan día a día por tener una vida mejor y darle una vida mejor a los suyos.

Cada uno de estos mexicanos trabaja incansablemente por proveer y mejorar, su vida y su entorno. Las buenas decisiones traen frutos, y las malas traen consecuencias. En los distintos sectores distintos a la política mexicana, existen consecuencias buenas y malas por las ideas y acciones emprendidas, y existe responsabilidad personal.

Un padre de familia no puede llegar a su casa y decir “Me deslindo de las acusaciones sobre la quiebra de nuestra empresa”, o decir “Me hicieron fraude en la evaluación anual y por eso no obtuve el aumento”, ni tampoco “No renunciaré, aunque haya señalamientos y una acusación en mi contra”.

A la mayoría de los mexicanos, nadie nos perdona los impuestos, ni trámites, ni multas, ni sanciones por violar leyes o reglamentos, incluso aquellos que sirven para muy poco.

Un mexicano común, sorprendido en un video violando la ley, por lo menos enfrenta un largo y tortuoso proceso en el que no hay concesiones ni ventajas.

Y eso es bueno. En un sistema democrático nadie debe tener concesiones especiales, ni regímenes de excepción.

Pero además, quienes no formamos parte del Estado o la clase política, estamos viviendo un momento difícil. La economía no parece moverse lo suficiente para que los negocios funcionen y crezcan, ni para que se generen nuevas plazas de empleo y nuevas oportunidades, o para que se desarrollen nuevas tecnologías o para que surjan nuevos sectores económicamente activos. El Estado mexicano no ha generado las condiciones para que la economía funcione y mejoren las condiciones de vida.

Aunado a esto, no existe región del país aislada del flagelo de la inseguridad. Y el mexicano común no tiene más medios de protección, que aquellos que él mismo se pueda procurar. El Estado mexicano no cumple con su responsabilidad esencial de brindar seguridad.

Y ese mexicano común es el que seguramente no quiso ir a votar, o anuló su voto.

Porque todos los días observa que los miembros de la clase política viven en un país diferente al que ellos habitan.

Quienes integran el Estado no cumplen con sus funciones básicas, no hacen su trabajo, y sin embargo, mantienen sus cargos, privilegios y recursos. En el México en que ellos viven, hacer bien o mal el trabajo encomendado no parece tener consecuencias.

En el país en el que ellos habitan, la impunidad es la regla, y la desvergüenza es el rasgo personal más común. Los miembros de la clase política mexicana parecen vivir bajo un régimen de reglas políticas, económicas y sociales, diferentes a las del mexicano común.

Para quienes no fueron a votar, o anularon su voto, nada iba a cambiar con escoger una de las opciones de la boleta y depositarla en la urna. Ninguno de los candidatos propuestos iba a hacer algo para cambiar esta dualidad de mundos en un mismo territorio, ni iba a acercarse al de ellos para preguntar por sus verdaderas necesidades.

Y esto debe preocuparnos, porque entonces la frustración de la sociedad se queda sin cauce. La frustración se queda atorada, guardada.

El voto es la herramienta más relevante que las sociedades democráticas exitosas han encontrado para dar cauce a los intereses y necesidades de la sociedad, pero también a las emociones y a las pasiones.

En estas sociedades, al día siguiente de la elección, los candidatos electos se preparan para gobernar, y la ciudadanía se prepara para vigilarlos. No hay cheques en blanco, pero existe la confianza en que el sistema funcionó: los malos gobernantes aprendieron la lección, y los buenos recibieron el mensaje de confianza. Y cada quien regresa a sus labores.

¿Qué le falta a México entonces?

Le faltan dos cosas.

Primero, una cultura democrática capaz de asignar responsabilidades políticas y consecuencias acordes, a quienes son desleales a la sociedad, violan la ley, destruyen la confianza en las instituciones y promueven beneficios particulares en detrimento del bien social.

Segundo, le falta un sistema de leyes capaz de asignar consecuencias personales e institucionales, que generen claridad sobre la responsabilidad, las causas y los efectos, de los actos ilegales. Un sistema que haga justicia, no sólo que emita algunas sanciones para algunos servidores públicos descuidados, y de bajo nivel.

Se trata de diseñar, crear e implementar un verdadero sistema de justicia. Uno que esté inmerso en todos los ámbitos del Estado, que sea capaz de verificar que el dinero público se utilice sólo para los fines designados y que cada servidor público cumple con su función.

Pero sobre todo, un sistema que sea capaz de identificar, investigar y sancionar todo acto de corrupción.

Cuando el mexicano común crea que el mensaje de su voto será escuchado, y crea que quienes fallaron asumirán su responsabilidad, y que quienes asumen el nuevo mandato se encargarán de hacer justicia, porque existe un sistema que les brinda la capacidad para ejercerla, entonces regresarán a las urnas.

Por eso, los nuevos gobernantes electos el pasado 7 de junio tienen una disyuntiva fundamental para el futuro del país.

Pueden optar por mantener ese mundo de privilegios e irresponsabilidad en el que viven, y así hacer crecer la frustración social que se acumula.

O pueden asumir el momento histórico que plantea la agenda de reformas que se derivan de la reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Si hacen esto último, podrán abrir una válvula que bien puede dar cauce al descontento social, y crear una inédita sinergia entre sociedad y clase política.

Los ciudadanos ya se expresaron, ahora les toca a los políticos.

 

@causaencomun

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