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La chicana de la consulta popular: un circo de adrenalina política
Lo que se esperaba de la Corte al evaluar la consulta era que los ministros actuaran en control y moderación de sus decisiones, sacando provecho de su pluralidad, ideologías e intereses, a fin de lograr un debate rico en argumentos.
Por Gabriela Estrada Espínola
6 de octubre, 2020
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Previo a su protesta como presidente, Andrés Manuel López Obrador ya contemplaba la reforma al artículo 35 constitucional, misma que hace hincapié sobre los derechos de la ciudadanía, específicamente en su fracción VIII que se refiere a “votar en consultas populares” sobre temas de trascendencia nacional.

La consulta popular fue incorporada a la Constitución mexicana en 2012, además de ser reformada en 2019 en su apartado tercero, cuarto y quinto de la fracción VIII del artículo 35. Por ello, cuando se habla de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, su formato, sus modificaciones y sus reglas en la Carta Magna nos dice que:

A. En el apartado tercero, se señala que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; ingresos y gastos del Estado; seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia (SCJN) resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia en consulta.

B. La reforma al cuarto apartado indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación de las consultas populares en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley. También le competen la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, mientras la petición de consulta popular deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

Otra acotación importante del cuarto apartado es que el INE es la única institución que puede promover la participación de los ciudadanos en las consultas populares, además de ser la única instancia a cargo de la difusión de las mismas; en resumen, promueve la imparcialidad, la promoción de la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos.

C. Respecto de la reforma al quinto apartado del artículo 35, sólo señala que las consultas populares deben realizarse el primer domingo de agosto.

Por lo anterior, y con base en el tema de la consulta popular promovida por AMLO para juzgar a exmandatarios, la tarea de los ministros era analizar si la materia de ésta era constitucional y, de serlo, ajustar la pregunta; en contraste y, a todas luces, se apreció que para el presidente el enfoque e importancia del referéndum era armar un circo de adrenalina política, más allá de contar con la convicción de investigar y sancionar penalmente a los expresidentes.

El primer planteamiento de la pregunta propuesta por AMLO era: “¿Estás de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?”.

Como ciudadanía, en días previos a la aprobación de la Consulta para enjuiciar a expresidentes, contamos con contrastes y puntos de vista valiosos para apreciar a fondo qué temas se ponían en juego, especialmente cuando la discusión quedaba en la cancha de la Corte. Uno de ellos fue el del ministro Luis María Aguilar Morales quien explicó a detalle y en cinco puntos la inconstitucionalidad del referéndum.

Primeramente, conforme al ministro Aguilar, la consulta condicionaba la eficacia y la validez de los derechos humanos y sus garantías, acotándolos a lo que dictara la población, cuando los derechos humanos no pueden quedar en manos de lo que el pueblo pida, pues para ello existen instituciones encargadas de impartir justicia. También ponía en riesgo los derechos de las víctimas; vulneraba el derecho a la presunción de inocencia; involucraba la restricción de garantías para la protección de los derechos humanos, que no son negociables; violaba el principio de igualdad, ya que no justificaba por qué a un grupo de personas se les sometería a escrutinio público, mientras que a otras no se les daría el mismo tratamiento.

Lo que se esperaba de la Corte al evaluar la consulta era que los ministros actuaran en control y moderación de sus decisiones, sacando provecho de su pluralidad, ideologías e intereses, a fin de lograr un debate rico en argumentos. Actuar como un cuerpo colegiado. Y, en efecto, fuimos testigos de un contrapeso al interior de la Corte, con el primer saque del ministro Aguilar, tras el remate del ministro Zaldívar, que junto con los ministros Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat declararon constitucional la consulta del presidente.

Estos seis ministros dejaron un mensaje tristemente implícito: que el país se rige por los sueños y caprichos de un hombre atrapado en otra época, ya rancia, que poco apuesta por visiones diferentes a la única que le interesa, la propia.

A partir de tales resultados, la cuestión es dónde queda la ley y, peor aún, qué lugar tendrían las instituciones de justicia cuando un mandatario hace hasta la imposible por derruirlas. Eso no puede llamarse democracia, sino manipulación del discurso y de la inocencia de no pocos.

En apariencia, ni el mismo AMLO quedó conforme con la reformulación de la pregunta por parte de la Corte e, incluso, mereció un comentario del presidente de la misma, Arturo Zaldívar: “La pregunta puede ser muy opinable, pero fue conscientemente genérica, de eso se trataba, de que no estuviera personalizada”.

La pregunta quedó planteada de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Aunque la consulta haya quedado sin los nombres de los expresidentes, como tal es un engaño, un juego político que jamás apostó por enjuiciar a nadie, que no se compromete a nada, pero que de aplicarse podría tener un costo superior a los 8 mil millones de pesos de acuerdo con Uuc-Kib Espadas, consejero del INE. Lo anterior, en época de pandemia no le viene bien a ningún país, menos a México, especialmente cuando uno de los principales focos por atender es el tema de la salud, sin mencionar los pendientes que existen en materia de seguridad pública.

En ese sentido nunca faltan las “oportunidades políticas”, especialmente cuando el pasado martes 6 de octubre el coordinador de Morena en el senado, Ricardo Monreal, adelantó que propondrá una iniciativa para que la consulta popular se realice el mismo día de las elecciones de 2021. Ello fue señalado por la oposición como “un intento desesperado” por influir en el voto ante los numerosos fracasos del gobierno de López Obrador.

En suma, el aparente apego a la Constitución y la garantía de contar con el derecho a la “participación” en la consulta siguen resonando en ecos que impiden olvidar no sólo el concierto de inconstitucionalidades que señaló el ministro Aguilar, sino la serie de falacias en torno a la politiquería que se disfraza de democracia y de legalidad. El diablo está en los detalles.

* Gabriela Estrada Espínola (@GabaMaiden) es Comunicóloga y Maestra en Periodismo sobre Políticas Públicas por el CIDE. Ha colaborado en diversos medios y agencias de publicidad.

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