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El blog de Causa en Común
Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
La CNDH: un modelo que defender
Sin la labor de la CNDH no tendríamos la documentación de casos tan emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos como los ocurridos en Ayotzinapa o Tlatlaya.
Por Causa en Común
21 de agosto, 2019
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Por: Reynaldo Saldívar Gutiérrez

En su recomendación 45/2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el 19 de marzo de 2010 Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, fueron ejecutados extrajudicialmente en el contexto de un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y probables integrantes de la delincuencia organizada.

La CNDH determinó que Jorge y Javier no portaban armas ni viajaban en la camioneta que agredió a los elementos militares, ni eran miembros de la delincuencia organizada, como en su momento sostuvo la Secretaría de la Defensa (SEDENA); que habían recibido disparos a corta distancia; que presentaban lesiones en el rostro que no correspondían a una caída y que les fueron infringidas cuando aún tenían vida; que la posición de sus cuerpos fue modificada y que se les depositaron armas con el propósito de alterar la escena de los hechos y representar que se trataba de miembros de la delincuencia organizada y no de estudiantes. Del análisis del video de los hechos, se pudo observar cómo integrantes de la SEDENA destruyeron la cámara de seguridad perimetral del campus.

A casi diez años de estos hechos, no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria en contra de los responsables. De ahí el valor de las recomendaciones de las comisiones nacional y locales de los derechos humanos: visibilizar asuntos graves por parte de un órgano autónomo los que, de ser atendidos únicamente por instancias judiciales, tardarían mucho tiempo en llegar al dominio público. Sin la labor de la CNDH no tendríamos la documentación de casos tan emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos como los ocurridos en Ayotzinapa1 o Tlatlaya2. Por eso la importancia de defender este modelo.

El régimen constitucional de la CNDH y la designación de su titular

El artículo 102, apartado B de la Constitución establece que los organismos públicos de protección de los derechos humanos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen estos derechos, para lo cual podrá emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, quedando obligado todo servidor público a responderlas y, en caso de no aceptarlas, deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa.

Asimismo, al aprobarse la reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio de 2011, se modificó el mecanismo para la designación del titular de la CNDH a fin de fortalecer su autonomía, al pasar de un sistema de selección de candidaturas por parte del Senado de la República a un procedimiento de consulta pública y transparente.

El contenido de la iniciativa

De acuerdo con declaraciones del vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara, el Presidente enviará al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, una iniciativa preferente para eliminar a las comisiones nacional y locales de derechos humanos y convertirlas en una Defensoría del Pueblo.

Entre los puntos clave que tendrá la iniciativa se encuentra que, en caso de que algún funcionario o autoridad se niegue a aceptar o cumplir con una recomendación, se dará vista al Ministerio Público o a la autoridad administrativa correspondiente para que sean sujetos de responsabilidad penal o administrativa. Asimismo, se busca eliminar el sistema de procedimiento de consulta pública emitida por el Senado, en el que cualquier persona que cumpliera con los requisitos para ocupar el cargo puede postularse, por el envío de una propuesta única por parte del presidente.

Los principales riesgos de la iniciativa

Esta propuesta resulta sumamente preocupante y contraria a diversas disposiciones internacionales a las que se ha comprometido el Estado mexicano. En primer lugar, dar a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo un carácter vinculante, implicaría que las investigaciones sean menos ágiles, más tardadas y sujetas a control judicial, lo cual retrasará el acceso a la resolución y a la documentación de los casos, limitando el acceso a la justicia de las víctimas. Asimismo, generará una doble instancia, toda vez que los mismos casos podrán ser conocidos por los poderes judiciales locales y federal.

En relación con la designación de su titular, los Principios de París de Naciones Unidas3 señalan que la composición de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos y el nombramiento de sus integrantes, por vía de elección o de otro modo, deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, lo cual no se garantiza con un sistema de candidatura única presentada por el Ejecutivo.

Finalmente, una preocupación central que se deriva de la iniciativa, y que requiere ser aclarada, es la facultad para la presentación de acciones de inconstitucionalidad en caso de que una norma general viole derechos humanos. La constitucionalidad del matrimonio igualitario4, así como, en su momento, el freno a la militarización de la seguridad pública5, fueron logros que no se hubieran obtenido sin el destacado papel de la CNDH al ejercer esta facultad, la cual sigue ejerciendo frente a uno de los proyectos por los que más ha apostado el gobierno federal: la Guardia Nacional6. Una Defensoría del Pueblo, cuyo titular no cuente con los requisitos mínimos de autonomía e independencia, pondría en riesgo la posibilidad real de presentar un contrapeso frente a los otros Poderes.

Lo anterior tampoco debe llamar a sorpresa; de hecho, una iniciativa con estas definiciones sería la continuación de una serie de acciones del Presidente en contra de la CNDH. Basta recordar que, incumpliendo con uno de sus compromisos al asumir el poder, el gobierno federal rechazó la primera recomendación emitida por la Comisión por un acto de su gobierno: la cancelación del programa de estancias infantiles. “Es el mundo al revés”, “es una vergüenza”, reviró el Presidente en una de sus conferencias matutinas. En ese mismo sentido debe interpretarse su negativa a recibir el informe anual del Presidente de la CNDH, lo que no había ocurrido en ningún otro gobierno. Por otra parte, de aprobarse esta reforma, fortalecería la tendencia por parte de la actual administración y de sus aliados en el Congreso de debilitar a los órganos constitucionales autónomos, hasta el punto de eliminarlos, como sucedió con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Si bien todo modelo es perfectible, esto no significa que se deba, sin una justificación adecuada, romper con un camino ya avanzado y en proceso de consolidación. La CNDH y las comisiones locales han jugado en muchas ocasiones un papel determinante en la documentación y visibilización de graves violaciones a los derechos humanos que, de otra manera, no se hubieran obtenido. Lejos proponer su eliminación y la designación de un titular a modo, el Presidente debería abstenerse de hacer declaraciones y actos públicos que desacrediten la labor de la CNDH y el Congreso, por su parte, debería asegurar que estas instituciones cuenten con los recursos y apoyos necesarios para desempeñar su función.

A modo de propuesta, lo que se debería asegurar es un proceso con una amplia participación de la academia y las organizaciones de la sociedad civil en la próxima designación del o la titular de la CNDH. Asimismo, ambos poderes públicos deberían enfocar sus esfuerzos en reformas verdaderamente urgentes, como la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, para agilizar el acceso a una reparación integral derivada de una recomendación de una comisión de derechos humanos; o la ratificación de la competencia Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, para conocer de casos individuales.

Queda mucho por hacer en este país para hacer de los derechos humanos una realidad para la mayoría de la población. Eliminar a la CNDH no es una opción, al menos no en un Estado democrático de derecho.

* Reynaldo Saldívar Gutiérrez es licenciado en derecho por el Tecnológico de Monterrey. Estudiante de la maestría en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha especializado en temas de derechos humanos y justicia constitucional. Investigador de @causaencomun.

 

1 Recomendación general 15VG/2018

2 Recomendación general 12VG/2018

3 Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos de Naciones Unidas

4 Demanda de acción de inconstitucionalidad 28/2015 en contra del Código Civil del Estado de Jalisco

5 Demanda de acción de inconstitucionalidad 11/2018 en contra de la Ley de Seguridad Interior

6 Demanda de acción de inconstitucionalidad 62/2019 en contra de la Ley de la Guardia Nacional

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