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El blog de Causa en Común
Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
La iniciativa de Ley de Amnistía: una propuesta insuficiente
De aprobarse, la Ley de Amnistía tendría un impacto poco significativo en la cantidad de personas liberadas y dejaría una serie de interrogantes en relación con su aplicación y con el resto de la política de seguridad y justicia que ha implementado el nuevo gobierno.
Por Reynaldo Saldívar
25 de septiembre, 2019
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Amnistía: definición y ejemplos nacionales e internacionales

De acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se define como amnistía la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal (…) contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía1. La mayoría de legislaciones que contemplan esta figura se han dado en contextos de transición a la democracia o el fin de guerras civiles, en los que se considera necesaria una política del perdón y de olvido para la consolidación de un nuevo régimen, exceptuándose aquellos casos de graves violaciones a los derechos humanos.

La figura de la amnistía no es ajena a nuestro régimen jurídico. El artículo 73 fracción XXII de la Constitución establece que el Congreso de la Unión tiene la facultad para emitir leyes de amnistía para delitos federales. En este sentido, se han publicado dos leyes en esta materia: la primera, en 1978, en relación con los presos políticos detenidos en el contexto de la llamada “guerra sucia”; la segunda, publicada en 1994, en relación con los delitos suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas durante el levantamiento del movimiento zapatista.

Discusión en torno a una nueva ley de amnistía en México

En años recientes, se ha discutido la necesidad de aprobar una nueva ley de amnistía, particularmente en relación con las personas que, por su situación de discriminación o exclusión, hayan cometido delitos vinculados con la producción, distribución o posesión de drogas, particularmente mujeres2. En su Estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional en México3, la CNDH señaló que:

La experiencia comparada muestra que existen personas que cometieron delitos forzadas por su situación socioeconómica o por el contexto de violencia generalizada y la ausencia de garantías institucionales de protección. Para estos casos, puede considerarse la expedición de una ley de amnistía, siempre y cuando no se trate de delitos graves, violaciones graves de derechos humanos o derecho humanitario, crímenes establecidos en el Estatuto de Roma, o bien, aquellos cometidos con agravantes.

La iniciativa del Presidente

El 12 de septiembre, el presidente presentó una iniciativa de Ley de Amnistía, una de sus propuestas de campaña, por la cual se extinguirían acciones penales y las sanciones impuestas por diversos delitos del fuero federal: aborto, delitos contra la salud en diversas modalidades, cualquier delito cometido por integrantes de comunidades indígenas que no hayan contado con una defensa adecuada, robo simple sin violencia y sedición.

La iniciativa propone que la Fiscalía General de la República (FGR), de oficio o a petición de las personas interesadas, sus familiares o representantes legales o de una Comisión coordinada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), determine la extinción de la acción penal en contra de las personas en contra de las cuales se hubiera iniciado una investigación, o que la autoridad judicial sobresea los procesos a trámite, revoque la orden de aprehensión librada y ordene su liberación, siempre y cuando no se trate de personas reincidentes.

Comentarios a la iniciativa

Si bien una iniciativa de este tipo puede ser loable en un contexto de discriminación y exclusión histórica en contra de mujeres, personas indígenas y en situación de pobreza, la iniciativa del presidente genera serias dudas en su aplicación y efectividad.

En primer lugar, son pocas las personas sentenciadas o acusadas por los delitos federales previstos en la iniciativa, ya que la mayoría de estos casos se encuentran en los códigos penales locales, por lo que su impacto en el número de personas liberadas será mínimo. Además, una iniciativa como ésta debería ir acompañada de otra que derogara o reformara los tipos penales que pretende abarcar. Primero, porque la iniciativa asume un trasfondo moral en el que no debería ser necesaria la amnistía misma; pero además, porque si una persona comete alguno de estos delitos en las modalidades descritas al día siguiente de la publicación de la Ley, no podrá beneficiarse de la misma, perpetuando la discriminación o exclusión histórica que la iniciativa, en teoría, busca combatir.

Asimismo, si bien en su artículo segundo refiere que la SEGOB promoverá ante los gobiernos locales leyes de amnistía por la comisión de delitos similares a nivel local, no quedan claros como se llevarán a cabo los “mecanismos de coordinación” que se mencionan con las autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos en las entidades federativas.

Tampoco se establece cómo será la conformación y funcionamiento de la Comisión integrada por el Ejecutivo Federal prevista en el artículo 3° de la Ley, la cual solicitará a la FGR la aplicación de la misma en los casos en que considere que un hecho encuadra dentro de los supuestos de amnistía. Se debería precisar, entre otras cosas, el perfil de las personas que podrán integrarla, y se debería incluir la participación de académicos, integrantes de sociedad civil y familiares de personas privadas de la libertad por estos delitos. Del mismo modo, una relación de subordinación de un órgano constitucionalmente autónomo, como la FGR, a la SEGOB, generará un problema de constitucionalidad y otro de operatividad.

La iniciativa de Ley de Amnistía deja más dudas que certezas y, sobre todo, pareciera que servirá de muy poco para saldar la deuda histórica que tenemos con los grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, una estrategia como ésta, que no vaya acompañada de una política pública para la sustitución de cultivos, no abonará a que las y los campesinos puedan salir de su situación de exclusión. Tampoco servirá si los grupos de la delincuencia organizada mantienen el control de las zonas de producción.

De nada servirá esta iniciativa si no se corrigen los vicios propios del sistema de justicia penal, como el abandono a las unidades de medidas cautelares y defensorías públicas para garantizar un genuino acceso a la justicia, con particular énfasis en la defensa de integrantes de comunidades indígenas; si no se despenaliza el aborto en todo el país; si se sigue criminalizando la protesta social, como ocurrió con la “ley garrote”; si se aprueba el aumento de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y, en general, si persiste toda la política de populismo punitivo que se ha impulsado desde el gobierno federal.

En resumen, una propuesta insuficiente, y una triste y lamentable simulación.

* Reynaldo Saldívar es licenciado en derecho por el Tecnológico de Monterrey. Estudiante de la maestría en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha especializado en temas de derechos humanos y justicia constitucional. Investigador de @causaencomun.

 

1 Instrumentos del estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto. HR/PUB/09/1

2 Plantean amnistía para mujeres presas. Disponible aquí.

3 Disponible aquí.

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