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La militarización y la Constitución, una impugnación necesaria
El Poder Judicial de la Federación tiene que decidir si se restaura el orden constitucional y se regresa a una vía civil de seguridad pública.
Por Emilio Marcel Regidor Eternod
24 de junio, 2020
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A) Medios de defensa Constitucionales

La Constitución es, esencialmente, un conjunto de principios y reglas, mediante los cuales hemos decidido vivir como sociedad. En este documento encontramos el último fundamento legal del actuar de la autoridad, así como los límites más radicales que tiene ese actuar. También encontramos una serie de mecanismos que sirven para defender a las personas y a la propia Constitución de actos que sean contrarios al orden que ella dispone.

Dentro de estos muy variados mecanismos, destacan aquellos que van dirigidos a reparar las afectaciones que se han generado por la violación del orden constitucional, que son: el juicio de amparo, el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.

El día de hoy, sólo hablaremos de la controversia constitucional y del juicio de amparo. La controversia constitucional tiene como principal objeto defender las atribuciones constitucionales de diversos poderes u órganos, frente a las posibles invasiones en las que incurran otros poderes u órganos. Sin embargo, a partir de la controversia constitucional mejor conocida como el caso “Temixco”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que la controversia constitucional tiene también como fin el bienestar de la persona; por esto, se pueden estudiar violaciones a derechos humanos1 dentro de este procedimiento. Como ya se mencionó, además se cuenta con el juicio de amparo, que tiene como principal objetivo la defensa de los derechos humanos, y también permite la impugnación de otras violaciones constitucionales.

B) La Guardia Nacional y la definición militarista de la seguridad pública

En el proceso de reforma constitucional, se pensó a la Guardia Nacional como una corporación civil, pero en los hechos nació y se consolidó como una corporación militar; como una extensión, en otra Secretaria de Estado, de las Fuerzas Armadas, totalmente en contra del espíritu y de la letra de la reforma constitucional.

La otrora independiente Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impugnó por diversos motivos las leyes que rigen a la Guardia Nacional, que son la Ley de la Guardia Nacional; la Ley sobre el Uso de la Fuerza; la Ley del Registro de Detenciones, y la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Recordemos que, en la reforma de la Guardia Nacional de marzo de 2019, en concordancia con la sentencia del “Caso Alvarado Espinoza Vs. México”2, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad se incluyeron los siguientes criterios: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, cada uno de ellos con interpretaciones puntuales que son las que le dan contenido y sentido a la reforma.

Ahora bien, por la definición militarista del gobierno y de la Guardia Nacional no sorprende que, en mayo, el presidente emitiera un acuerdo mediante el cual, disponía del uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, pero sin cumplir con la exigencia de detallar estos cinco conceptos y como se aplican a la realidad institucional mexicana:

  • No expone cuál es la situación excepcional y justificada que amerita la intervención de las Fuerzas Armadas. Además, sin dar alguna razón, establece una vigencia de cinco años, que es el plazo máximo.
  • Ordena una “coordinación” del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. Claramente, no es lo mismo, “coordinarse” que “subordinarse”.
  • No establece protocolos bien definidos de uso de la fuerza y remite a una ley que se encuentra impugnada (Ley sobre el Uso de la Fuerza).
  • Estableció, lamentablemente, que serían las instancias militares quienes supervisarían a los militares que realicen estas labores, evitando que haya vigilancia externa, que es el sentido de la “fiscalización”.

Este acuerdo, tiene un carácter evidentemente normativo, aunque en el fondo brille más por sus omisiones, ambigüedades e indeterminaciones, que fueron diseñadas expresamente para evadir la exigencia constitucional de determinar dentro de los conceptos de: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. No detallar y dejar la mayor laxitud posible, muestra, claramente, un afán por no cumplir con las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para agravar más las cosas, se estableció en el acuerdo que: “Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la dependencia que reciba el apoyo, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.” Esto invade directamente las facultades de la Cámara de Diputados en materia presupuestal, porque permite modificar el destino de los recursos previamente etiquetados por ese órgano legislativo, sin pasar por los procesos constitucionales o legales apropiados.

Las ambigüedades e indeterminaciones, muestran una claudicación del gobierno por construir una opción del gobierno de seguridad civil y son evidencia del carácter militarista del gobierno federal. Además, colocan a las Fuerzas Armadas en una situación complicada, con la que pueden estar cómodos. Los militares no son policías, ellos mismos lo han dicho, recordemos las declaraciones del General Salvador Cienfuegos3. Las ambigüedades e indeterminaciones, muestran también que, la naturaleza castrense de la Guardia Nacional, es algo intencional, que llego para quedarse, ante esto sólo queda impugnar por las vías institucionales y buscar un cambio por la vía democrática.

C) Impugnaciones

Afortunadamente, este lamentable acuerdo del titular del Ejecutivo, fue impugnado, vía controversia constitucional, por tres instancias distintas, un Alcalde, un Gobernador y la Cámara de Diputados, por conducto de su presidenta, todos de extracción partidaria distinta. Ello, obligará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse sobre este acuerdo. Esto nos beneficia a todos. El acuerdo del presidente también fue impugnado por varias senadoras4 y senadores, a través de juicios de amparo, en los cuales, solicitaron que se suspendiera el acto reclamado.

Recientemente, Jorge Fernández Menéndez al igual que otros, criticaron las controversias. Es cierto, la controversia se da en un contexto de inseguridad alarmante. Es cierto que, al día de hoy, necesitamos de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, pero con controles propios de una democracia, como los que exige la reforma constitucional y la Sentencia del “Caso Alvarado Espinosa Vs. México”. La laxitud y las indeterminaciones de este decreto son impropias de una democracia. Debemos de trabajar por un día en el que a las Fuerzas Armadas solamente les exijamos las funciones que les son propias, que son bastantes.

Las impugnaciones tienen el potencial de restaurar la vía civil de seguridad pública. Por ello, son de celebrarse. Creemos que se ha desviado el cauce constitucional, y que se ha incumplido con condenas internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso que nos ocupa, el Poder Judicial de la Federación tiene que pronunciarse y decidir si el acuerdo invade o no las competencias. Decidirá también, si cumple o no con los requisitos constitucionales que debían de guardarse. Esperemos las resoluciones, quizá al final de estas impugnaciones se habrá restaurado el orden constitucional y se habrá regresado a una vía civil de seguridad pública.

* Emilio Marcel Regidor Eternod (@eregidore1) es licenciado en derecho, investigador de Causa en Común.

 

1 Cfr. Apuntes del doctor, José María Soberanes Díez. Consultables aquí, párrafo 145.

2 Ver sentencia, consultable aquí.

3 Ver aquí.

4 La demanda de amparo es consultable aquí.

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