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La opacidad en la lista de los más buscados
Todo parecer indicar que en el actual sexenio se han incrementado las capturas de los cabecillas del crimen organizado. Según los datos oficiales, al día de hoy han sido arrestados o abatidos 79 de los 122 objetivos prioritarios del gobierno, sin embargo, dicha cifra esconde una trampa: como el nombre de los 122 criminales más buscados es información reservada, los ciudadanos no pueden estar seguros de que los avances que presume el gobierno sean ciertos.
Por Causa en Común
19 de mayo, 2014
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Por: Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval)

En marzo del 2009, el Gobierno de Felipe Calderón dio a conocer un listado que incluía a 37 miembros del crimen organizado cuyo arresto era prioritario para dicha administración y por los cuales se ofrecían recompensas que oscilaban entre los 15 y los 30 millones de pesos. Al final del sexenio la administración de Calderón pudo atrapar o abatir a 25 de los integrantes del listado, lo que equivale al 67% de los objetivos planteados.

En agosto del 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto incrementó la meta y anunció que su lista de objetivos prioritarios estaría conformada por 122 cabecillas del crimen organizado; 79 de ellos han sido aprendidos o han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, por lo que el 64% de los principales jefes del narcotráfico ya no se encuentran en operación.

Si bien el porcentaje de objetivos prioritarios detenidos o abatidos por la administración de Felipe Calderón es ligeramente mayor que el obtenido por la administración de Enrique Peña, se debe considerar que el actual gobierno se planteó un objetivo más ambicioso y que ha tenido sólo la tercera parte del tiempo que tuvo la administración anterior para cumplir con la tarea. Desde esta óptica pareciera que el gobierno de Peña Nieto ha hecho un trabajo más eficiente que el de su antecesor, pues no sólo se han arrestado a más criminales en menos tiempo, también es necesario destacar que algunos de los personajes capturados o abatidos eran los líderes de las cuatro organizaciones criminales más grandes del país, como es el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán (Cártel de Sinaloa), Nazario Moreno “El Chayo” (Caballeros Templarios), Mario Ramírez Treviño “El X20” (Cártel del Golfo) y Miguel Ángel Treviño “El Z40” (Los Zetas).

A pesar de lo anterior, existe una diferencia fundamental entre el listado que se presentó en el sexenio de Calderón y el que ha sido elaborado por la actual administración: la transparencia del primero y la opacidad del segundo. A lo largo del gobierno de Calderón la lista de los criminales más buscados siempre fue pública y los ciudadanos pudieron conocer en todo momento el nombre de los objetivos prioritarios y fue posible evaluar los avances registrados en la materia. En cambio, el gobierno de Peña Nieto apostó por la opacidad, nunca ha dado a conocer el nombre de los criminales que integran su listado, así que los ciudadanos no tienen la información que requieren para verificar que sea cierto lo que su administración informa en materia de detenciones.

La actual administración ha evitado a toda costa el transparentar la información relacionada con el listado de los criminales más buscados e incluso la PGR se negó a publicar el nombre de los 65 miembros del crimen organizado que habían sido arrestados al momento del Primer Informe de Gobierno de Peña Nieto. En diciembre del 2013 el IFAI ordenó a la PGR que diera a conocer el nombre de los 65 criminales arrestados, pero aún seguimos sin conocer la identidad de los restantes objetivos del listado.

El argumento que el gobierno ofrece para justificar su opacidad es que si da a conocer los nombres de quienes conforman el listado de los criminales más buscados se pondría sobre aviso a los mismos y éstos buscarían evadir a la justicia. Sin embargo, ésta es una justificación endeble: estamos hablando de los cabecillas de los principales cárteles de la droga y todos ellos están conscientes que son un objetivo del gobierno y el que aparezcan en una lista no va a provocar que los mismos escapen del país. En cambio, si los nombres y las fotografías se publican, los ciudadanos pueden ofrecer información que facilite la captura de los mismos.

La actitud del Gobierno me recuerda un cuento de Noah Weinberg que se puede resumir en la siguiente frase: “la mejor estrategia que uno puede seguir para dar siempre en el blanco, es primero disparar la flecha y después pintar los círculos concéntricos del blanco alrededor de la flecha”. Es decir que la única forma de acertar siempre es ajustando los objetivos al resultado y no al revés. Así que cuando el gobierno anuncia que se dio el arresto de uno de los 122 criminales más buscados, los ciudadanos no podemos estar seguros de que dicho personaje formaba parte de la lista original o bien que éste fue incluido con posterioridad aprovechando la coyuntura de su arresto.

Si el listado de los criminales más buscados por el gobierno de Peña Nieto no está disponible para que todos los ciudadanos lo consulten, ¿cómo podemos estar seguros de que el gobierno no está confeccionado la lista sobre la marcha, con los narcotraficantes que van siendo arrestados? Si no hay transparencia en cuanto a los objetivos, el gobierno tiene amplias facultades discrecionales para afirmar que las metas se están cumpliendo, ya que sólo ellos conocen metas.

La idea de que el gobierno de Peña Nieto está haciendo trampa en su conteo de los criminales capturados no es tan descabellada. Incluso la hipótesis adquirió fuerza después de que Animal Político encontró que ninguna dependencia federal reconocía el haber elaborado la lista de los 122 criminales más buscados (la nota original puede consultarse aquí). También debe llamarnos la atención que 17 de los 69 miembros del crimen organizado que habían sido arrestados o abatidos al 19 de diciembre del 2013 pertenecían a un grupo criminal conocido como el Cártel del Poniente, pero no suena lógico que una organización regional que opera en unos cuantos municipios de Coahuila y Durango concentre a casi una cuarta parte de los objetivos prioritarios que hasta el momento han sido arrestados o abatidos, mientras que otras organizaciones de mayor tamaño como el Cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana y el Cártel de los Beltrán Leyva registran menos casos que el Cártel del Poniente.

En conclusión, si el Gobierno de Peña Nieto desea que los ciudadanos confíen en las cifras en materia de arrestos, está obligado a ser transparente en el proceso. No sólo se trata de publicar los nombres de los 122 integrantes de la lista de los criminales más buscados, también se requiere que el gobierno actualice con frecuencia el listado y mantenga informados a los ciudadanos de los avances que se registran en la materia.

 

* Víctor Manuel Sánchez Valdés es colaborador de Causa en Común, A.C., alumno del Doctorado en Políticas Públicas del CIDE y especialista en temas de seguridad pú[email protected]

 

 

     Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

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