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El blog de Causa en Común
Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
¿La paz se negocia?
Este gobierno no enfrenta a un grupo beligerante con respaldo social, sino a centenares de organizaciones criminales que imponen su ley a la población del país, depredando a la sociedad y beneficiándose del actual desorden institucional.
Por Clemente Romero Olmedo
28 de agosto, 2019
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La Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) menciona, como parte de su agenda para “pacificar” al país, la negociación con diversos grupos criminales “ante la imposibilidad – dice el documento- de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares…”, lo cual podría entenderse como una claudicación del gobierno federal, tal y como se comentó en este mismo espacio hace un par de meses.1

Lo que pudo considerarse como una mera línea discursiva de la ENSP, ha ido tomando forma en las últimas semanas. Conforme a diversas notas periodísticas y comunicados de prensa, funcionarios de primer nivel de la actual administración han tenido que “aclarar” o “precisar” sus reuniones con diversos personajes y grupos, a pesar de las advertencias de algunos gobernadores, particularmente de Michoacán y Tamaulipas, que afirman haber informado a los funcionarios federales de los vínculos delictivos de algunos de sus interlocutores.

Es de llamar la atención que una secretaria o un subsecretario de Estado se reúnan con personas de las que, al parecer, carecen de información. Esto puede leerse como el resultado del desmantelamiento de las instituciones de inteligencia del Estado mexicano, o un claro desdén a la información que éstas generan por parte de los tomadores de decisiones. En cualquiera de los dos escenarios son noticias que nos deben preocupar, porque la seguridad pública del país no puede diseñarse al tanteo.

El país ha enfrentado en el pasado a diversos grupos que han combatido abiertamente al gobierno federal. El caso más emblemático de la historia contemporánea fue el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. A unos días de su irrupción y del combate en diversas comunidades en Chiapas, se pactó un cese al fuego y se abrió una mesa de diálogo que permitió el inicio de negociaciones de paz. Cuestionables para algunos las formas, incuestionables para la inmensa mayoría las causas de su lucha, el movimiento zapatista generó una amplia simpatía social en México y el mundo. Si bien la mayoría de las causas de dicho movimiento siguen vigentes 25 años después de su irrupción pública, y los acuerdos alcanzados fueron insuficientes para los zapatistas, el país al menos evitó un derramamiento de sangre mayúsculo en 1994.

Pero lo que vivimos en 2019 es muy distinto. Es muy distinto porque este gobierno no enfrenta a un grupo beligerante con respaldo social, sino a centenares de organizaciones criminales que imponen su ley a la población del país, depredando a la sociedad y beneficiándose del actual desorden institucional. Al asesinato impune de centenares de policías en México, a los que por cierto es indiferente la inmensa mayoría de la población, se suman vejaciones, cada vez más recurrentes, a los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional. Si a este coctel se agrega la confusión del jefe de Estado de equiparar represión con cumplir la ley que juró cumplir, nos encontramos en un escenario muy complejo.

La prisa desde el poder por “transformarlo todo” ha generado un desorden institucional que sólo pueden festejar los grupos criminales. Los altos funcionarios del país deben escuchar a los operadores de la seguridad pública a nivel local, ya que ellos viven diariamente lo que otros teorizan desde un escritorio. ¿Se imagina que usted entre a quirófano sin que los doctores tengan algún diagnóstico de su enfermedad, el tipo de intervención que le realizarán y la posible cura? Algo parecido pasa en la construcción de la política de seguridad pública del país.

De entrevistas que Causa en Común ha realizado a los operadores de la seguridad pública del país en las última semanas, se ha reunido información valiosa sobre la percepción de los operadores locales: distanciamiento total de algunos funcionarios federales de los operadores en las entidades; otros han afirmado tener una buena relación con autoridades federales, la mayoría bien intencionadas, en su dicho, pero con desconocimiento de las dinámicas criminales locales.

Es importante compartir y difundir los éxitos desde lo local, que se pierden en el mar de notas rojas que cubren al país. Por ejemplo, en uno de los estados que ha visitado “Causa en Común” para sus trabajos de investigación, los operadores locales se congratulaban de dos cosas: que la capital del estado registraba más de veinte días sin un homicidio doloso, y la aprehensión de un poderoso líder criminal del estado, sin disparar un tiro. Esto lo presumieron como el resultado de un trabajo de investigación de meses de sus policías, quienes a pesar de trabajar en condiciones precarias, han aleccionado a los “policías foráneos” que los veían por encima del hombro. Reconocen que frente a sus “modestos éxitos”, tienen la tarea titánica de desmantelar a los 21 grupos criminales que se disputan el control de cada camino y población de su entidad. Son a este tipo de operadores a los que los funcionarios del gobierno federal deben escuchar, antes de hilvanar alguna idea de negociación para pacificar al país, sin menoscabo del Estado de Derecho.

Considerar que la pacificación del país puede generarse negociando con diversos grupos criminales es simplificar al máximo un problema con ramificaciones múltiples y globales; así como enfatizar que la causa de la criminalidad es la pobreza, sólo extiende un discurso que estigmatiza a la población más vulnerable del país.

Negociar es intrínseco al ejercicio del gobierno, y para que el gobierno piense en negociar con algún grupo criminal debe hacerlo desde una clara posición de poder institucional, en la que no se negocie el cumplimiento de la ley, sino sólo la atenuación o agravamiento de la sanción por violarla, conforme a los propios parámetros previamente establecidos en ella, y en la que no se sature las cárceles de primo delincuentes, sino sólo de las personas que representen un peligro para la sociedad. Todo, dentro de un Estado de derecho con instituciones sólidas con respaldo social, en el que el cumplimiento de la ley sea norma y no moneda de cambio, y en el que la prevención, y la protección y reparación de las víctimas, sean los ejes de toda política de seguridad. Sólo así se puede pensar en una paz duradera. Lo demás, es retórica sin sentido.

* Clemente Romero Olmedo es Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México con Mención Especial. Maestro en Prevención de Conflictos y Construcción de Paz por Durham University, en Inglaterra donde se graduó con Mérito y becario Chevening, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

 

1 Causa en Común, Cabos sueltos en la “justicia transicional” de la ENSP, junio 5 2019, disponible aquí.

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