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Las invisibles de la pandemia: mujeres en prisión
La citada ley de Amnistía se utiliza en este momento de emergencia para simular acciones de contención, aunque para nada resuelve el colapso del sistema penitenciario en el país. Tampoco resuelve el tema de las mujeres y niños y niñas que viven en prisión en condiciones deplorables.
Por Pilar Déziga
13 de mayo, 2020
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Los efectos de la pandemia por el COVID- 19 se extienden y multiplican. El sistema penitenciario no es la excepción. Si bien el confinamiento no es una circunstancia novedosa o distinta para la población privada de su libertad, sí representa una condición agravante para su estado físico considerando que el virus se propaga al interior de las cárceles y genera condiciones de salud graves y hasta mortales.

El 88% de las prisiones federales tiene deficiencias en servicios de salud, y se han registrado, por lo menos 92 casos de COVID-19. Las malas condiciones de salubridad en los centros federales y estatales agravan y profundizan la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad. Además, a pesar que el país ha recibido donativos internacionales de material sanitario, los centros penitenciarios no han recibido nada de esos insumos.

El riesgo de contagio y la expansión del virus al interior de las prisiones no se puede atender de manera adecuada. ¿Por qué? Porque los centros de detención en México son, en su gran mayoría, controlados por los grupos criminales que instauran autogobiernos y se apropian de las decisiones al interior y al exterior de los centros; también porque el sistema penitenciario, desde siempre, se mantiene corroído por la corrupción, malos manejos y recursos casi inexistentes.

El hacinamiento y la sobrepoblación son constantes en la vida de la población privada de su libertad en este país. También, el olvido y la indolencia. La situación es especialmente delicada para las mujeres que representan alrededor del 5% de las casi doscientas mil personas privadas de su libertad en este país. Ese grupo de mujeres, en su mayoría están presas por delitos de bajo nivel o en prisión preventiva.

De las mujeres que son madres, algunas tienen la opción de convivir o vivir con sus hijos e hijas, aunque en esos casos, el riesgo de contagio se acentúa, puesto que las condiciones sanitarias no existen o son muy precarias al interior de las cárceles. Sumado al riesgo de contagio, los problemas que enfrentan las mujeres privadas de su libertad son muchos y muy graves. La violencia sexual, torturas y malos tratos que atentan contra su dignidad humana son cotidianos para las mujeres en los centros de detención y pareciera que a nadie le importa. También carecen de acceso a la salud ginecológica y obstetra, situación que las deja en un estado de exposición a cualquier contagio. Además, las que no pueden mantener relación con sus familias, padecen de la pérdida de lazos afectivos con hijas e hijos.

Sólo el 10% de las prisiones mexicanas cuentan con áreas de maternidad y educación temprana, el 90% restante, no cuenta con las condiciones aptas para que menores de edad vivan con sus madres, por lo que son separados de ellas después de nacer. Esas niñas y niños comparten las restricciones y encierro de sus madres y, por lo tanto, junto a ellas se suman al grupo de invisibles.

Además, en muchos casos, cuando las mujeres privadas de su libertad ejercen su derecho a la visita conyugal son trasladadas a los reclusorios de hombres, situación que abona al riesgo de contagio para las mujeres y, en su caso, para sus hijos. Y esa situación no cambió ante la actual emergencia sanitaria. Pareciera que a las mujeres privadas de su libertad nadie las ve y nadie se preocupa por ellas.

En el contexto de la pandemia, el sistema penitenciario emitió medidas como la restricción de visitas para prevenir contagios; sin embargo, dichas medidas se han aplicado a discreción de cada centro, generando gran incertidumbre entre familias y mujeres privadas de su libertad. Si bien las visitas son momentos para compartir con las familias, también son un medio para recibir alimentos e insumos para la higiene personal que los centros penitenciarios no proveen a las personas al interior de los centros; por lo tanto, las medidas precautorias deberían considerar esas situaciones y no sólo convertirlas en prohibiciones.

La incertidumbre de las mujeres privadas de la libertad ante el virus del COVID-19 no se queda sólo en la prisión, sino que va más allá de las paredes del centro penitenciario, ya que, las medidas adoptadas por el Poder Judicial de suspender actividades, como audiencias, declaratorias y rendición de testimonios, las afectan directamente ya que se impide el acceso a la justicia en casos urgentes. ¿Por qué no se exploran recursos virtuales o a cualquier opción tecnológica que no retrase el ejercicio de justicia para las mujeres? Porque parece que a nadie le importa.

En ese contexto, se habla, una vez más de la Ley de Amnistía que alimentó la campaña presidencial y que hoy se retomó con el objetivo, según el ejecutivo, de despresurizar 17 centros penitenciarios federales y 292 estatales para evitar más contagios de COVID-19. Para su implementación, en el Congreso se discuten figuras como el indulto y la pre liberación, aplicables al menos a 6 mil 200 personas sentenciadas. Y, en esas discusiones legislativas ¿cómo se discute el tema de las mujeres presas? No sabemos si se discute. Lo que sí sabemos es que no es una Ley que se pensara específicamente para el contexto del COVID-19, sino que se puso sobre la mesa y se agregó el adjetivo de urgente.

La citada ley de Amnistía se utiliza en este momento de emergencia para simular acciones de contención, aunque para nada resuelve el colapso del sistema penitenciario en el país y parece un grito de desesperación ante la emergencia que ya lo rebasa todo. Tampoco resuelve el tema de las mujeres y niños y niñas que viven en prisión en condiciones deplorables.

Si para algo planea ser útil la ley de Amnistía, es primordial que el ejecutivo instale una Comisión que dé seguimiento a las amnistías con perspectiva de género. Será necesario que el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJRES) observe la aplicación de la perspectiva de género; que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) esté presente para observar el respeto a los derechos humanos; que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) asegure la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación; que participe el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para los casos que involucren a personas indígenas y que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) esté presente para los casos de personas con discapacidad. Además, el Órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social debe garantizar la operatividad de la ley y la Oficina de defensoría de oficio deberá diseñar rutas de acción para la promoción de los casos de solicitud de amnistía.

Es importante considerar que este plan es para el corto y mediano plazo y que se intenta adecuar al actual estado de emergencia. Sin embargo, no se deben dejar de explorar opciones de excarcelación que se mantengan en el largo plazo. Par tal efecto, el gobierno federal podría tomar en cuenta las recomendaciones que organismos internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han emitido para los procesos de excarcelación que avanzan en varios países de América Latina.

El organismo recomienda que se diseñen alternativas al encarcelamiento. Las alternativas son indultos, reducciones de sentencias o acciones que, cada sistema legal y judicial nacional permita para personas que no estén acusadas de crímenes de lesa humanidad. Una opción clara para nuestro país es la reducción de la prisión preventiva oficiosa.

Para seleccionar a las beneficiarias de alguno de esos procesos de excarcelación, sería necesario analizar las condiciones de subgrupos de mujeres con algunas condiciones adicionales como, ser mayores de 60 años; tener alguna discapacidad; padecer afectaciones de salud crónicas; mujeres embarazadas o amamantando; mujeres cuyos hijos o hijas vivan en la cárcel; mujeres en prisión preventiva; mujeres en prisión por delitos no violentos, incluidos delitos de drogas; mujeres llegando al final de su condena y mujeres trans que se encuentran en mayor riesgo de experimentar condiciones inseguras.

Si fuera así, se esperaría que fueran mujeres, las que, en su mayoría, se vieran beneficiadas por la ley de Amnistía. Si bien no es una respuesta integral para despresurizar las cárceles, sí representa una ventana de oportunidad para las olvidadas: las mujeres privadas de su libertad.

* Pilar Déziga (@PilarDeziga) es Internacionalista por el ITESM y Socióloga por la UNAM. Se ha desempeñado en el Consulado de México en Douglas, Arizona. Colaboró en la Embajada de Canadá en México en el área de inmigración, formó parte de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Petróleos Mexicanos. Cuenta con cursos de especialidad en temas de Seguridad Nacional, Derechos Humanos y Relaciones bilaterales México – Estados Unidos.

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