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Los costos del crimen y la violencia en AL y el Caribe
América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo con pérdidas anuales por criminalidad de 3-3.5 % de su PIB. En el caso de México, las pérdidas se calculan en 1.92 % de su PIB, las más bajas de los 17 países analizados.
Por Causa en Común
9 de marzo, 2017
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Por: Clemente Romero Olmedo

América Latina y el Caribe concentran la tercera parte de los homicidios globales con sólo el 9 % de la población mundial, convirtiendo a la inseguridad como la principal preocupación de sus habitantes, por encima del desempleo o la situación económica, según el estudio del BID sobre los costos del crimen y la violencia en la región. El costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe (ALC) se estima entre 165,000-236,000 millones de dólares (MDD), el equivalente al 3-3.5 % del PIB de la región, que en Centroamérica se dispara a 4.2 %. Dichas cantidades equivalen, según el BID, a la inversión en infraestructura de la región o al presupuesto social destinado al 30 % más pobre de su población.

Estas cifras son muy altas en un comparativo con otros países, como se muestra en la siguiente gráfica:

 

Los tres conceptos en los que el BID divide los gastos y costos del crimen son los siguientes:

  • 42 % por gasto público erogado para los sistemas de procuración de justicia, policías y cárceles.
  • 37 % por gasto privado realizado por empresas y hogares; y
  • 21 % por costos sociales, que incluye las pérdidas por homicidios, delitos en general y pérdidas de ingreso de población carcelaria.

Para dar una idea global del costo, el reporte señala que ALC gasta proporcionalmente en seguridad más que el costo global del terrorismo (menos del 1 % del PIB mundial) o del cambio climático (alrededor del 1 % del PIB mundial).

Sobre los costos sociales de los homicidios, en términos absolutos se estimó entre 9,800-11,400 MDD al año, disminuyendo el impacto en términos relativos: de 0.4 % del PIB en 2010 al 0.32 % en el año 2015. Sin embargo, otros estudios citados por el BID estiman el costo de homicidios, sólo de mujeres de ALC, en 0.31 % del PIB, y a nivel mundial, en 0.12 %.

Por el tamaño de sus economías, México y Brasil concentran el 71 % de los costos sociales de los homicidios de la región, representando para nuestro país una pérdida de 0.17% de su PIB. El país más afectado es Honduras, para el que en 2014 se calculó una pérdida del 1.62 % de su PIB, cinco veces más que el promedio regional.

En relación a la delincuencia cibernética, el reporte estima una pérdida anual de 90,000 MDD en ALC, cantidad con la que se cuadruplicaría el número de investigadores científicos en la región.

¿Y México? 

En términos nominales, México es el segundo país con mayor costo del crimen con 41,295 MDD, sólo por debajo de Brasil, con una cifra tres veces mayor (124,351 MDD), y muy por encima de Argentina (29,380 MDD) y Colombia (20,055 MDD). Pero si se calcula el costo del crimen en su límite superior como porcentaje del PIB, México es el país con el menor impacto de los 17 analizados, con sólo 1.92 %. Para Brasil representa el 3.78 % y para países como Honduras o el Salvador representa más del 6 %.

Al realizar el análisis del costo per cápita, México es el país con el quinto costo de criminalidad más bajo de los 17 países con US$344.95. Argentina, Chile y Brasil casi duplican a México con costos superiores a US$600 y los caribeños Trinidad y Tobago, y Bahamas lo triplican con más de US$1100.

Respecto al costo de la administración de cárceles, México gastó de 2010 a 2014 el equivalente al 0.12 % del PIB, el doble que Brasil (0.06 %), pero tres veces menos que Chile (0.33 %). En relación a la pérdidas por población carcelaria, el BID estima que México perdió 0.10 % de su PIB, menos de la mitad de lo que pierde Costa Rica (0.28 %) u Honduras (0.27 %). Chile, el país con la tasa de homicidios más baja de la región, pierde 0.24 %. Ya en el costo global del encarcelamiento, que incluye el gasto en la administración de prisiones y pérdidas por privación de libertad, México pierde 0.22 % de su PIB, mientras el promedio de ALC es de 0.39 %.

Al analizar el gasto salarial de la seguridad privada, México destina el menor porcentaje de los 17 países analizados, con sólo 0.09 % del PIB, mientras el promedio regional es de 0.44 %, liderado por Guatemala (casi 1 %), seguido de Costa Rica (0.92 %).

¿Qué podemos aprovechar?

El BID concluye que la violencia en ALC no es monolítica y las intervenciones de políticas públicas tendrán que adaptarse a las circunstancias locales y basarse en evidencia; para ello, los gobiernos deben trabajar con el sector privado, sociedad civil y academia para mejorar los indicadores oficiales de costos y poder evaluar de mejor manera las intervenciones de prevención y control del delito. El estudio alerta que la sola pérdida anual de 10,000 MDD por homicidios en la región, debería ser una llamada efectiva a las sociedades y gobiernos de ALC para aplicar políticas de prevención del crimen como parte indispensable de sus agendas.

No olvidemos que detrás de las frialdad de las estadísticas antes mencionadas y de la normalización de la violencia sistémica en la que vivimos, en el par de minutos que empleó para leer este articulo, al menos una persona fue asesinada en América Latina, sin listar centenares de otros delitos de menor impacto. La región no ha resuelto los delitos tradicionales, como homicidios o violencia de género, que en otros continentes se han reducido significativamente, y ya debe enfrentar los delitos del siglo XXI, como los cibernéticos. El estudio que se reseña enfatiza que el gran problema de inseguridad pública en la región no se resolverá con gastar más, sino en saber para qué se gasta y en evaluar impactos de gasto. Sin transparencia ni evaluación constantes seguiremos jugando a la piñata con los ojos vendados.

 

* Clemente Romero Olmedo e investigador de @causaencomun.

 

 

El estudio “Los costos del crimen y de la violencia. Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe”, Jaitman, Laura (Ed.), Banco Interamericano de Desarrollo, 2017, disponible aquí, analizó estadísticas de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay, Jamaica, Bahamas y Barbados.

El costo social del homicidio se calculó con el equivalente a un año de vida saludable con el ingreso de una persona de la misma edad y género de la víctima, obteniendo esa información de las encuestas laborales de cada país.

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