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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Más atrocidades y sin rumbo…
Pese a la propaganda gubernamental, las carpetas de investigación por homicidio doloso se han incrementado con López Obrador, al pasar de 16 mil 179 con Calderón a 45,538 en los primeros 18 meses del actual gobierno.
Por José Francisco de Villa Soto
15 de julio, 2020
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Causa en Común recientemente publicó su análisis sobre el comparativo de los registros delictivos de los primeros 18 meses de este sexenio, respecto del de Calderón y Peña Nieto. En resumen, estamos peor, pese a la propaganda gubernamental. Por ejemplo, por lo que respecta al homicidio doloso, el número de carpetas de investigación de este delito con Calderón ascendía a 16,179, con Peña Nieto a 26,633 y con López Obrador llega a 45,538.

Por lo que respecta al robo con violencia el número de carpetas de investigación con Calderón ascendió a 244,573, con Peña Nieto a 313,253 y con López Obrador a 406,571. Por mencionar otro ejemplo, respecto a las carpetas de investigación del delito de extorsión también estamos peor: con Calderón teníamos registradas 4,966, con Peña Nieto 11,652 y con López Obrador 12,405.

Naturalmente, estos ejemplos sólo son una muestra de la gran problemática y violencia en la que vivimos todos los días. Basta revisar cualquier medio de información y analizar más sobre el contexto de los casos para ver las atrocidades que pasan. Por ejemplo, del homicidio doloso no sólo es evidente la intención de privar de la vida, sino que constantemente se presenta en un contexto de masacre, o bien, afectando a personas vulnerables o de interés político. En muchos casos abundan las laceraciones, los descuartizamientos, los linchamientos, la profanación de cadáveres, las mutilaciones, los feminicidios, la tortura, el calcinamiento, etc.

En algunos estados la problemática está fuera de control. Basta ver el caso de la inseguridad en Guanajuato, que en el año de 2019 fue la Entidad Federativa con mayor número de homicidios dolosos (3,558). Asimismo, en los primeros cinco meses de 2020 se iniciaron 1,911 carpetas de investigación por este delito, lo que refleja un aumento de 28% respecto al mismo periodo de 2019. Pese a esto, no se ve una oportuna respuesta institucional ni local ni federal para resolver esta problemática.

Pensaríamos que al menos el gobierno federal presentaría una clara y adecuada estrategia a mediano y largo plazo para revertir esta situación; sin embargo, por sorprendente que les parezca a algunos, no es así. Basta recordar que el pasado 2 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024”; en éste esperaríamos encontrar un verdadero análisis, con “objetivos”, “estrategias”, “acciones puntuales” y “metas” para poder salir adelante como país. Pero no es así.

Si estudiamos a profundidad este documento, se ven las frases retóricas y los lugares comunes, así como los párrafos que no aportan a ninguna definición ni algún diagnóstico y en muchos casos ni siquiera guardan congruencia ni gramatical ni lógica.

Sumado a esto, en este instrumento, hay muchas menciones que al parecer sólo se están quedando en el papel; por ejemplo, refiriendo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República1 señala la “creación de la Guardia Nacional como respuesta ante la necesidad de contar con una corporación de policía capaz de afrontar los desafíos de la inseguridad y la violencia prevalecientes, con la participación corresponsable de entidades federativas y municipios (…)”2.

Pese a esto, no se ve una clara intención de contar con verdaderas policías. Hablar de la Guardia Nacional es hablar de una lógica castrense en labores de seguridad pública; basta revisar su reclutamiento o bien su diseño de normas secundarias.

Sumado a esto, se puede recordar la instrucción presidencial para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, mediante el decreto del 11 de mayo de 20203. Que por cierto, no desarrolla los estándares internacionales que marca la constitución para que su participación sea “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Lo que, no sólo la hace cuestionable constitucionalmente, sino que esta indefinición abonará en la discrecionalidad de actuación de estos cuerpos en la seguridad pública.

Por otro lado, basta revisar el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública4 que simplemente tuvo un aumento de recursos de 0.4% en términos reales (pasa de $7,210 MDP en 2019 a $7,444 MDP en 2020). O sea, prácticamente nada para la seguridad pública estatal pese a que la violencia se dispara. Por mencionar otro ejemplo, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5, pasa de $84,264 MDP en el  2019 a $86,971 MDP en el 2020; es decir, aumenta un 0.4% en términos reales. Dicho en otras palabras, prácticamente nada para la seguridad pública en los municipios.

Como se ve, la situación de inseguridad está peor que nunca, pero por sorprendente que parezca, el gobierno no está presentando planes, programas ni estrategias que en algo verdaderamente puedan ayudar; por el contrario, le apuestan a la militarización en las labores de seguridad pública, lo que no sólo es abusar del diseño militar y los fines para los que los cuerpos castrenses fueron creados sino que, ante el debilitamiento de las instituciones policiales locales, difícilmente tendremos una opción civil a corto, a mediano y largo plazo.

Desafortunadamente, las cosas se pueden poner aún peor. Es necesario que el gobierno aborde con seriedad la seguridad del país. Es lo mínimo que como mexicanos exigimos y merecemos.

* José Francisco de Villa Soto (@jfdvsmx) es abogado por la ELD. Cuenta con estudios de posgrado en la UNAM como Especialista en Derecho Constitucional; asimismo, estudios en materia de Convencionalidad, Derechos Humanos, Tratados Internacionales y su aplicación en el nuevo proceso penal, por la Universidad Pompeu Fabra. Se ha desempeñado como servidor público en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en la Procuraduría General de la República. Es investigador de @causaencomun.

 

 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019.

2 Diario Oficial de la Federación 2 de julio de 2020.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020.

4 Que es la transferencia federal más importante en materia de seguridad pública para las entidades federativas y se encuentra destinado a cumplir las estrategias nacionales en materia de seguridad pública

5 Este fondo representa los únicos recursos federales del ramo 33 que son ejercidos directamente por los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

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