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Migrantes, COVID-19 y la nula respuesta del Estado
Urge que el gobierno tome las medidas adecuadas para evitar la propagación del COVID-19 en las fronteras del país y proteger a la población migrante.
Por Teresa García
1 de abril, 2020
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En las últimas semanas, los mexicanos hemos vivido un clima de percepciones encontradas: por un lado, nos informamos como sociedad y conocemos la gravedad del COVID-19 y sus efectos en otros países del mundo, por lo que empresas y ciudadanos, dentro de sus posibilidades, han decidido tomar las medidas adecuadas de prevención y de cuidado, especialmente para sus empleados y familias. Por otro lado, vivimos una verdad a medias, en la que el gobierno y las autoridades no han sabido dar una respuesta contundente al tema ni dar información acertada a la ciudadanía. Entonces, si así ha sido la comunicación hacia la población sobre la pandemia, ¿qué podemos esperar hacia los grupos más vulnerables? La respuesta, al parecer, es absolutamente nada.

Es bien sabido que nuestro país atraviesa por una crisis migratoria que se ha acentuado con el endurecimiento de las políticas; especialmente a partir de junio de 2019 con la amenaza de la imposición de tarifas especiales por parte de Estados Unidos a todas las importaciones provenientes de México. La condición fue detener la migración irregular y combatir el tráfico de drogas que entra diariamente por la frontera sur. Claro que el gobierno mexicano siguió las órdenes de su vecino del norte.

Las nuevas medidas de política migratoria incluyeron el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en ambas fronteras, lo que significó su militarización y la inflexibilidad de los procesos migratorios. Esto se confirmó con el nombramiento de Francisco Garduño, ex titular del sistema penitenciario, como el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración (INM); así como con el nombramiento de delegados estatales que previamente ocupaban cargos militares.

Se creó el Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras Norte y Sur, en el que se anunció un despliegue de 14,951 elementos en la frontera norte y de 11,965 elementos en la frontera sur. El objetivo ha sido el “rescate” de migrantes, lo que se ha traducido en la detención arbitraria de personas en estaciones migratorias y en la “repatriación” a sus lugares de origen, dando lugar a la violación constante de los tratados internacionales y regionales de los que México es parte en materia de refugio, migración y derechos humanos.

A partir de la implementación de estas medidas, se han presentado diversos informes y declaraciones por parte de organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil, sobre las condiciones en las que se encuentran detenidos los migrantes en estaciones migratorias de todo el país. Todas han manifestado la falta de condiciones de salubridad, el mal trato de las autoridades, la falta de información a los detenidos y las extremas condiciones de hacinamiento. Por si no fuera suficiente, tampoco están a salvo de la propagación de la pandemia.

El viernes 20 de marzo, Donald Trump anunció la devolución a territorio mexicano de todos aquellos extranjeros que crucen de manera irregular por la frontera de Estados Unidos en lugar de mantenerlos en centros de detención, a fin de evitar su confinamiento y posibles contagios. Esta medida va acompañada de la ya aceptada por el gobierno mexicano a principios de 2019; el llamado programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) o “Quédate en México”, en el que se acordó que los solicitantes de asilo en Estados Unidos que entraran por la frontera de México, esperarían la resolución de su estatus legal en territorio mexicano. Actualmente, hay alrededor de 60, 000 personas varadas en la frontera norte en estas condiciones, en su mayoría mexicanos y centroamericanos.

Por si fuera poco, los trámites de solicitud en Estados Unidos se encuentran detenidos indefinidamente, al igual que en México. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), de por sí deficiente en el cumplimiento de sus tiempos establecidos por ley para dar una resolución a las solicitudes de asilo, decidió también suspender hasta nuevo aviso sus procesos, por lo que los solicitantes quedarán confinados en la frontera sin posibilidad de desplazo, hasta que obtengan una respuesta sobre su estatus migratorio.

Por otra parte, miles de migrantes detenidos en las estaciones migratorias se encuentran imposibilitados de regresar a sus países. El pasado 17 de marzo el gobierno de Guatemala decidió cerrar sus fronteras, solicitando a México que cancelara el regreso de migrantes a los países centroamericanos. Además, debido a la pandemia, aquellos migrantes en albergues temporales también han sido desalojados, ya que algunos han cerrado sus puertas.

Ese mismo día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió medidas cautelares al INM, exigiendo acciones urgentes para evitar hacinamiento y contagio masivo de coronavirus en personas migrantes alojadas en estaciones migratorias de este Instituto.1 Por su parte, el INM aceptó las recomendaciones de la CNDH mediante un boletín de prensa2. No obstante, únicamente señaló que desde el mes de enero se han tomado las acciones sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud, como contar con jabón y gel antibacterial en los lugares de atención a migrantes; así como que ninguno de los recintos migratorios registra hacinamiento de personas extranjeras.

Algunas de las medidas inmediatas que deberían tomar las autoridades migratorias en ambas fronteras del país, para evitar casos de contagio, son las siguientes:

  1. La liberación de las personas detenidas en estaciones migratorias, así como de aquellos que llevan ya un proceso de solicitud de asilo; especialmente las más vulnerables, como menores de edad acompañados y no acompañados, mayores de 60 años, y aquellas con algún problema o padecimiento cardiovascular.
  2. La repatriación a los países de origen. Urge que el gobierno mexicano llegue a un acuerdo con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras; a fin de que las personas que esperan ser repatriadas, puedan llegar a sus países de manera segura y voluntaria.
  3. Acelerar los procesos de otorgamiento de asilo, a fin de que se conceda el mayor número de reconocimientos de refugiados posibles; especialmente para aquellas personas que permanecen detenidas y varadas en las ciudades fronterizas.

El gobierno hace exactamente lo opuesto. El pasado 23 de marzo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron un enfrentamiento violento entre migrantes detenidos en la estación Siglo XXI de Tapachula y la Guardia Nacional, asegurando que fueron golpeados y algunos trasladados hacia rumbo desconocido3. El enfrentamiento comenzó como una protesta por parte de los detenidos por la falta de medidas de prevención, salud e higiene ante el COVID-19, así como por su preocupación al contagio; por lo que exigieron su liberación inmediata. Esto evidencia la falta de protocolos y el poco interés por parte de las autoridades ante la pandemia. De acuerdo a las denuncias, las autoridades migratorias y los elementos de la Guardia Nacional, utilizaron macanas, gas pimienta, mangueras y pistolas paralizantes para contener a los migrantes.

Urge que el gobierno enfrente esta problemática de manera integral: tomando las medidas adecuadas para evitar la propagación del COVID-19 en las fronteras del país, en estaciones migratorias, albergues y oficinas de apoyo a migrantes; brindando acceso a servicios básicos y garantizando el cumplimiento de derechos fundamentales para esta población; y reformando las instituciones de política migratoria, como el INM y la COMAR. La primera, con la desmilitarización de los procesos migratorios, que de por sí han sido históricamente desastrosos, y con una transformación de fondo en su actuación a lo largo del país; la segunda, con un mayor presupuesto y capacidades, que hoy en día son insuficientes debido a la gran demanda de solicitudes de refugio.

No cabe duda que ninguna política migratoria será viable sin un plan claro de combate y prevención de la pandemia; con autoridades que violan constantemente los derechos humanos de los migrantes; y con el desmantelamiento de las instituciones responsables. Por otra parte, llevar a cabo el cumplimiento de estas medidas, implica tener dignidad ante el gobierno de Estados Unidos y sus amenazas; cumplir con los compromisos adquiridos por el país en materia de derechos humanos; y sentido de Estado, para la reforma de las instituciones.

* Teresa García (@garciat_pe) es Internacionalista y maestra en Derechos Humanos. Ha trabajado en el gobierno en temas de seguridad, educación y combate a corrupción. Se ha especializado en migración, colaborando con ACNUR.

 

1 “Exige CNDH acciones urgentes para evitar hacinamiento y contagio masivo de coronavirus en personas migrantes alojadas en estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM)”, Comunicado de Prensa DGC/081/2020, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 17 de marzo de 2020, disponible aquí.

2 “Acepta INM medidas cautelares emitidas por la CNDH”, Boletín de Prensa, Instituto Nacional de Migración, 17 de marzo de 2020, disponible aquí.

3 “La Guardia Nacional reprime con violencia una protesta en el centro de detención migratoria de Tapachula”, Comunicado 25/03/2020, Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, disponible aquí.

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