Migrar para solicitar refugio en tiempos de la militarización
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Por Causa en Común
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Migrar para solicitar refugio en tiempos de la militarización
El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, grupo que se ha visto tremendamente vulnerable a partir de la militarización del país, donde la GN ha tenido un papel fundamental.
Por Sara López Cerón
17 de junio, 2020
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A nivel mundial, para “[…] finales de 2018, 70,8 millones de personas estaban desplazadas debido a la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones a los derechos humanos”(1). Para el caso de México, de 2016 al 2017 se pasó de 8,796 a 14,603 solicitudes presentadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) (2). En los últimos años, de enero 2018 a mayo de 2020, 119,450 personas han solicitado dicha calidad, procedentes, principalmente, de: Honduras (49,944), Venezuela (15,823), El Salvador (16,985), Guatemala (6,302) y Nicaragua (3,923), solicitudes que se han presentado ante la COMAR en la Ciudad de México, o en las delegaciones de Acayucan (Veracruz), Tenosique (Tabasco), Tapachula (Chiapas) o en las Oficinas de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en el resto del país (3). 

Fuente: elaboración de Causa en Común con datos de la COMAR.

Fuente: elaboración de Causa en Común con datos de la COMAR.

Fuente: elaboración de Causa en Común con datos de la COMAR.

El proceso para solicitar la condición de refugiado en México está señalado en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LRPCAP 2011). En ella, se establece que la condición de refugiado es un derecho para todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo tres supuestos, de los cuales, el último señala que: 

Debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público (Artículo 13, LRPCAP).

Estás son circunstancias a través de las cuales se vincula el proceso de solicitud de refugiados con el de las personas migrantes que transitan por el país sin documentos oficiales; es decir, una persona en tránsito por el país, ya sea para radicar o para llegar hasta el país vecino, al momento de ser víctima de delitos o de violaciones a los derechos humanos en México, puede realizar dicha solicitud, sin que ésta fuera su necesidad original. 

Aunado a todas las brutalidades que los migrantes pudieron pasar en este país, corren otro riesgo: ser detenidos por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con agentes del Instituto Nacional de Migración, a fin de repatriarlos a su país de origen. Sin embargo, la repatriación no sucede de manera inmediata, por lo que, la población migrante es trasladada a estaciones migratorias sin que se les notifique sus derechos; por ejemplo, que pueden solicitar la condición de refugiados en un plazo no mayor a treinta días hábiles después de su entrada al país.

Despliegue de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras

En mayo de 2019, por mayoría, los ministros de la SCJN dictaron como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que, facultaba a las Fuerzas Armadas para ejecutar tareas policiales, sin embargo, en la misma fecha fueron avaladas en lo general y en lo particular las leyes de la Guardia Nacional (GN), sobre el uso de la Fuerza, del Registro Nacional de Detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al respecto, el mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso acciones de inconstitucionalidad en contra de varios artículos de dichas leyes; relativo a la Ley de la Guardia Nacional la CNDH hizo particular énfasis en las atribuciones que facultan la intervención de la GN en temas de migración: 

“Este Organismo protector de los derechos fundamentales, considera que las facultades contenidas en dichas fracciones, el permitir a la Guardia Nacional inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, así como la prohibición de injerencias arbitrarias”. (4) 

Es extremadamente preocupante la intervención de la GN en temas migración ya que, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución señala su carácter civil, en la práctica no lo es. A partir del seguimiento que Causa en Común ha realizado sobre el despliegue de elementos, sabemos, con base en reportes oficiales de agosto, octubre y diciembre de 2019, que 55 mil elementos proceden de las Fuerzas Armadas, de los cuales 40 mil elementos están comisionados y el resto está en “apoyo” a la GN.

De acuerdo a los reportes oficiales, arriba señalados, sabemos que durante el 2019 el despliegue de elementos habría sido en tres etapas: 1) para agosto se desplegaron 56,191 elementos en el país, de los cuales, 7,841 fueron desplegados en la frontera norte (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas), y 11,321 fueron desplegados en la frontera sur (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Veracruz); 2) para octubre se desplegaron 70,920 elementos en el país, 11,820 en la frontera norte y 14,489 en la frontera sur; 3) finalmente, para diciembre se desplegaron 74,437 elementos en el país, 13,015 elementos en la frontera norte y 16,345 en la frontera sur. 

En lo que respecta al despliegue elementos por entidad, podemos observar lo siguiente:

Fuente: elaboración Causa en Común con datos de los informes de gobierno que contienen el despliegue desglosado por Estado.

Fuente: elaboración Causa en Común con datos de los informes de gobierno que contienen el despliegue desglosado por Estado.

Sin embargo, de acuerdo al informe de octubre de 2019, el despliegue de elementos federales en la frontera norte, destinados a desempeñar tareas de migración, fue de 14,951, cuando, en el mismo documento se dice que hay 11,820 elementos desplegados en las seis entidades que colindan con la frontera norte del país. Es decir, encontramos una diferencia de 3,131 elementos que, aunque a ciencia cierta, no sabemos de dónde salieron, es probable que formen parte de la SEDENA o la SEMAR, y no se les esté considerando como elementos de la GN ni como elementos en apoyo a ésta. 

En lo que respecta a la frontera sur, el documento oficial dice que se destinaron 11,965 elementos destinados a desempeñar tareas de migración, cuando en el mismo informe se habla de 14,489 elementos desplegados entre las seis entidades consideradas para esta frontera (5). La diferencia entre dichas cantidades da una diferencia de 2,524 elementos, sobre los cuales tampoco se aclara a qué institución están adscritos. 

Una democracia no debe usar a sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ni en la detención de la población migrante. La militarización de la seguridad pública tiene un impacto directo en el incremento de la violencia en nuestro país que, sin duda alguna, ha venido a re victimizar a las personas solicitantes de refugio, y a vulnerar a las personas que migran para tener una mejor calidad de vida. 

* Sara López Cerón (@SaraLopezCn) es etnohistoriadora. Maestra en Antropología Social especializada en temas de derechos humanos, acceso a la justicia, violencias y seguridad pública.

 

Referencias: 

1  Véase: “Refugiados”, Naciones Unidas.

2 Véase: Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2021, Secretaría de Gobernación, 2019.

3 Véase: “¿Cómo solicitar la condición de refugiado en México?”, Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

4  Véase: “Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los derechos Humanos” 

5 El despliegue en la frontera sur resulta bastante confuso, ya que, en el Plan de Migración y Desarrollo, presentado el pasado 12 de febrero por el Secretario de Relaciones Exteriores, no hay claridad en cuáles son las entidades que se están considerando para dicha área. En tanto que, en el informe de octubre de 2019, se considera al Istmo y al Golfo de México, lo que estaría implicando a las entidades de Oaxaca y Veracruz.

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