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El blog de Causa en Común
Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Mucha burocracia, escasa justicia
Hay una gran estructura burocrática para procurar justicia, pero son muy pocos los funcionarios públicos que atienden a la víctimas del delito, es decir no están enfocados a atender lo realmente importante.
Por Causa en Común
2 de septiembre, 2013
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Cuando pensamos en procuración de justicia, el común denominador es que el sistema no tiene la capacidad de atender la demanda de este país. Son tantos los delitos que se cometen y  tan pocos los recursos humanos y materiales del sistema de procuración de justicia, que “no se dan abasto”.

Sin embargo en las cifras registradas por el Censo Nacional de Procuración de Justicia encontramos que el problema es mucho más profundo. En síntesis, hay una gran estructura burocrática para “procurar justicia”, pero son muy pocos los funcionarios públicos que atienden a la víctimas del delito, es decir no están enfocados a atender lo realmente importante.

Próximamente el INEGI publicará el Censo 2013, que año con año realiza con información de las procuradurías estatales. De acuerdo a los lineamientos, las entidades federativas debieron entregar el cuestionario correspondiente el 30 de mayo. Esperamos que los resultados de este año nos ofrezcan un panorama mejor que el encontrado en el 2012.

En total a nivel nacional había 79,327 funcionarios responsables de procurar justicia en México, de los cuales únicamente 35,357 estaban adscritos a las agencias del Ministerio Público o Fiscalías. Esto significa que más de la mitad de los funcionarios están realizando funciones administrativas y engruesan la burocracia en México.

Simplemente para darnos una idea de la gran estructura burocrática que implica la procuración de justicia, podemos mencionar los estados de Chihuahua y Durango que “para funcionar” cuentan con 100 unidades administrativas (no se incluyen órganos desconcentrados u organismos descentralizados sectorizados a las procuradurías), cuando incluso el Distrito Federal o el Estado de México tienen casi la mitad.

Por si esto fuera poco, parece ser que este gran número de unidades administrativas no están orientadas a la atención de los delitos más sensibles.

Por ejemplo, 23 estados entre los que se encuentran Michoacán, Guerrero y Sinaloa no reportaron la existencia de una Agencia o Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud; del mismo modo, 9 entidades entre las que destaca Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero, no cuentan con una Agencia o Fiscalía Especializada en Secuestros. Respecto a este último punto, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado 27 de agosto se mencionó que el total de los estados ya cuentan con una Unidad contra el Secuestro, esperemos que esto se vea reflejado en el próximo Censo y sobre todo que  nos ayude a prevenir y atender este delito que tanto afecta a la sociedad.

Del personal que está adscrito a una agencia del Ministerio Público, sólo el 20% son agentes del Ministerio Público, lo que significa que tan sólo 1 de cada 5 de los funcionarios en las agencias atienden a las víctimas del delito e integran las averiguaciones previas. Auxiliando a los agentes, están los secretarios del Ministerio Público (20.6%), los peritos (5%), policías judiciales o ministeriales (25.8%) y personal de apoyo (17.1%).

También llama mucho la atención la infraestructura con la que cuenta el sistema para procurar justicia. A nivel nacional hay un total de 2,174 inmuebles destinados a las procuradurías generales, y el 56.4% son rentados, y en Nayarit el 100% es arrendado. Esta situación implica que una gran parte de los recursos se destina al gasto corriente para pagar estas rentas y no a los programas sustantivos que mejoren la procuración de justicia.

En cuanto a las computadoras en funcionamiento, las procuradurías generales reportan un total de 48,964 computadoras de escritorio y portátiles, si bien no sabemos si están en una agencia del Ministerio Público o en oficinas de mandos medios o superiores, de entrada vemos que del total de funcionarios a nivel nacional tan sólo el 61.7% cuenta con una computadora por parte del sistema. Por esto no nos extraña que en varias agencias del Ministerio Público se integren las averiguaciones previas con una máquina de escribir.

Estas son sólo algunas reflexiones en vísperas de la información que nos ofrezca el Censo 2013. Además de un reconocimiento al INEGI por realizar este importante trabajo al que coadyuvamos desde la sociedad civil monitoreando el desempeño de las procuradurías estatales.

En Ciudadanos por una Causa en Común A. C. damos seguimiento a los Acuerdos del Gobierno con la Ciudadanía y uno de los compromisos está orientado a “rediseñar los sistemas de seguridad pública y justicia penal para hacerlos efectivos y transparentes”

Invitamos a los ciudadanos de cada uno de los estados y a todos los interesados en la rendición de cuentas de los gobiernos estatales a que consulten la información y se sumen a este esfuerzo de contraloría social. La información puede ser consultada aquí. http://causaencomun.org.mx/ac_gob_com_cu.php

Todas sus dudas y comentarios serán recibidos al correo [email protected]

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