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Niños y niñas migrantes: los invisibles
México se mantiene en el discurso como la víctima, aunque en la práctica es victimario tanto de sus migrantes como de los migrantes de otros países.
Por María del Pilar Déziga Velázquez
7 de abril, 2021
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, alrededor de uno de cada once mexicanos vive actualmente en Estados Unidos, lo que ubica a México como el país con el mayor número de nacionales residentes en ese país.

Todos los días, miles de niñas y niños corren el riesgo de ser secuestrados, agredidos sexualmente, asesinados o ser víctimas de trata, mientras intentan llegar a Estados Unidos. La participación de los menores en la migración es un fenómeno con amplia resonancia política. Durante el gobierno de Barack Obama fue motivo de crisis debido a su política de separación de familias; durante la presidencia de Donald Trump, la separación familiar y las denominadas jaulas donde se les mantenía detenidos también condujeron críticas y pronunciamientos de organismos internacionales. Actualmente, Joe Biden ha visto disminuido su apoyo popular por el tema de los niños y niñas migrantes y las condiciones de su detención.

Los motivos de las niñas y niños para atravesar el desierto que divide a México de Estados Unidos son varios: reunirse con sus familias que viven en el país del norte; huir de situaciones de violencia y pobreza, o bien son contratados por grupos criminales para ingresar drogas, aprovechando que su minoría de edad los exenta de repercusiones judiciales en ambos lados de la frontera. De estas opciones, en el caso de niños migrantes mexicanos, su migración se trata principalmente de un asunto de familias y estrategias familiares para reunificarse en algún punto en Estados Unidos.

En cualquiera de esos grupos en que se encuentren, los niños migrantes son objeto de las mismas vejaciones, marcadas por la vulnerabilidad que implica viajar solos ante la violencia y el crimen en las fronteras, además de la ausencia de apoyo en su país de origen y la crueldad con que son tratados por las instituciones de seguridad fronteriza en Estados Unidos y en México. El viacrucis de las niñas y niños migrantes empieza en México, desde que salen de sus lugares de origen y se acentúa ya que no existe un padrón de ellos y la reunificación familiar se lleva a cabo en condiciones poco seguras o humanitarias.

A pesar que no existen fuentes de información o estudios profundos sobre los distintos patrones migratorios de los menores, los casos de las detenciones de niñas y niños en Estados Unidos en jaulas y hacinamiento despertó indignación entre países como México y algunos de centro y Sudamérica. Sin embargo, a pesar del interés creciente por este fenómeno, falta información y conocimiento acerca de las consecuencias psicológicas y sociales que tiene la migración en los menores y sus familias, tomando en cuenta las distintas fases del fenómeno migratorio. Los países que, como México utilizan a la migración como una moneda de cambio en la agenda política binacional, dejan de lado los graves efectos de la criminalización de la migración. Y en este entramado de condiciones adversos, el Instituto Nacional de Migración (INM) se mantiene como un hoyo negro del que hemos escuchado que existe, mas no sabemos qué pasa dentro.

Estados Unidos tiene políticas contradictorias, ya que continúa la integración comercial a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, simultáneamente, frena el flujo de mexicanos a ese país, lo que se refleja en el incremento del número de aprehensiones y deportaciones. México criminaliza la migración en el interior y despliega a la Guardia Nacional en sus fronteras, particularmente la del Sur, buscando dádivas políticas con el Norte.

Uno de los costos de las grandes contradicciones de las políticas migratorias es la separación familiar en medio un contexto de abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos. En este contexto, las niñas y los niños son particularmente vulnerables a los efectos de la migración y la deportación, ya sea directa o indirectamente, a través de sus padres y, en México, poco se quiere saber acerca de las formas en que les afecta a los menores mexicanos que atraviesan estas circunstancias y de las posibilidades institucionales para apoyarlos.

Los niños y niñas migrantes viven diferentes realidades y como tales, se deberían tratar de distintas maneras. Hay niñas y niños que son hijos de migrantes y que permanecen en México al cuidado de algún familiar y que esperan a cumplir la mayoría de edad para sumarse a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. En este grupo de menores el tema migratorio está presente durante toda su vida y la reunificación familiar se convierte en un objetivo que buscan cumplir a cualquier costo.

Existen los niños y niñas que migran a Estados Unidos antes de cumplir su mayoría de edad y que viajan con sus familiares, o que viajan solos, o que viajan “encargados” por sus padres con traficantes de personas. Este grupo pertenece a la población migrante más vulnerable, ya que además existe un importante componente de niñas y niños indígenas que, en muchas ocasiones enfrentan la barrera del lenguaje, además de los peligros y condiciones de riesgo inherentes a su viaje por el centro y norte del país.  Este grupo de niños y niñas son invisibles en México hasta que son detenidos en centros de detención en algún punto en Estados Unidos, ya que durante su recorrido en solitario por territorio mexicano son invisibles para las instituciones federal, estatales o municipales, que deberían tomar la responsabilidad de asegurar su integridad durante su viaje. Además, una vez que son repatriados, empieza para ellos un segundo infierno en medio de la burocracia institucional, carencia de recursos y heterogeneidad de procesos de reintegración familiar que imperan en las instituciones mexicanas.

En los procesos de repatriación, los Consulados Mexicanos, particularmente aquellos en la franja fronteriza de Estados Unidos, son los encargados de recibir la información de parte de las autoridades estadounidenses sobre su detención, estado de salud y proceso de repatriación. Para los procesos de repatriación, se debe buscar que -cuando sea el caso- se lleven a cabo en familia y en condiciones de tiempo y forma adecuadas. Las repatriaciones de estos menores se llevan a cabo, regularmente, por vía terrestre a través de alguno de los puertos fronterizos. Al momento de las repatriaciones, deben estar presentes las autoridades de la Patrulla Fronteriza, del Consulado Mexicano y del Instituto Nacional de Migración para, entre todos, asegurar el bienestar e integridad de los menores. En el caso de las niñas y niños que viajan solos, se debe sumar la participación del DIF, institución encargada de la reunificación familiar.

En todo este proceso, los niños y niñas deben contestar un gran número de cuestionarios para cada institución, estadounidense o mexicana y, enfrentar los procesos de traslado entre distintos centros de detención hasta su llegada a un puerto fronterizo, que debería ser el mismo por el que cruzaron y de emprender su viaje a sus estados de origen. Para los niños y niñas indígenas que no hablan español, se apoyan de algún conocido o familiar de su comunidad para dar respuesta a las varias preguntas que se les hacen, ya que los tiempos de espera para traductores rebasan los límites de tiempo en que pueden permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias. A su llegada a México tampoco existen opciones para brindarles traductores y familiarizarlos con el proceso de repatriación. Simplemente transitan de las jaulas de Estados Unidos a las oficinas de México, sin saber cómo, cuándo y dónde verán a sus familiares.

En este proceso de repatriación existe un grupo de niñas y niños que conocen perfectamente los procesos tanto en Estados Unidos como en México y que son contratados por organizaciones criminales para el trasiego de drogas o como “polleros”. Éstos niños y niñas son un preciado objeto por estas bandas, ya que al no tener la mayoría de edad no son sujetos a un proceso judicial en Estados Unidos y son repatriados con el mismo proceso de las demás niñas y niños. Sin embargo, en México no se conoce, al menos de manera oficial, de sus antecedentes en Estados Unidos, donde se les deja en libertad, pero con uno o varios registros criminales por sus actos.  Este grupo de menores son vulnerables, al igual que los otros, pero por distintas razones. Los niños y niñas que participan en actividades criminales son objeto de acoso y amenazas por los grupos criminales de su comunidad y, además, son menores con altas probabilidades de continuar con actividades criminales en su adultez.

En todos los escenarios existentes y las distintas características de las niñas y niños que migran a Estados Unidos, las condiciones son las mismas: violaciones a sus derechos humanos en ambos lados de la frontera, situaciones de crimen y violencia y desintegración familiar. Frente a esto, las respuestas son inapropiadas en todos los sentidos y de todos los involucrados. México se mantiene en el discurso como la víctima, aunque en la práctica es victimario tanto de sus migrantes como de los migrantes de otros países. Estados Unidos, utiliza el tema migratorio para las contiendas políticas y lo impone como moneda de cambio para México, que lo permite y lo fomenta.

Además, la llegada a la presidencia de Joe Biden pudo ser interpretada por los cientos de miles de migrantes como un buen momento para ingresar a Estados Unidos, considerando que es un gobierno con una postura menos agresiva en contra de los migrantes. Sin embargo, la presión de recibir alrededor de 250 mil personas se está volviendo, de nueva cuenta, una crisis y un motivo de ataque contra el gobierno de Biden y, sin duda será el principal elemento de la campaña republicana.

En este contexto, la crisis migratoria de niñas y niños se ha expuesto sólo como un tema humanitario, que por supuesto que lo es, pero que su origen, desarrollo y consecuencias se ha estudiado poco y resulto mucho menos. Es un tema que se debe estudiar desde todas sus aristas: seguridad, política y economía. Es una lástima que además se complique ese tema en un momento en que el gobierno mexicano está mandando señales de enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos y no de diálogo, como debería hacerlo.

* María del Pilar Déziga Velázquez (@PilarDeziga) es Internacionalista por el ITESM y Socióloga por la UNAM. Se ha desempeñado en el servicio público, colaboró en la Embajada de Canadá en México, en el Consulado de México en Douglas, Arizona, y formó parte de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Petróleos Mexicanos, en el área de investigación e inteligencia.

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