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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Nuevo Sistema de Justicia Penal ¿qué nos falta?
Tras siete años de la reforma constitucional que permitió la instalación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, ha habido avances muy importantes en materia de procedimientos generales, capacitación e infraestructura. Sin embargo, no todos los operadores que dan vida al sistema acusatorio están listos para hacerlo, principalmente el primer respondiente: el policía. Por ello, es fundamental atender materias pendientes como su capacitación bajo estándares profesionales, la aprobación de protocolos de actuación y coordinación entre instituciones.
Por Causa en Común
24 de junio, 2015
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Por: María Elena Morera Mitre (@MaElenaMorera)

Un gran avance en la implementación del sistema penal acusatorio se dio en marzo de 2014, cuando se aprobó por decreto el Código Nacional de Procedimientos Penales para todo el país, que permite homologar la operación del sistema. Por ejemplo, la mayoría de los estados han logrado trascendentes avances en la implementación de los juicios orales y de los procedimientos para la discusión de la prueba.

De acuerdo con la SETEC solo 6 estados operan de forma total, 24 de forma parcial, y Sonora y Baja California Sur faltan por empezar. Durango es el único estado que ya opera el sistema en todo su territorio y, según declaraciones de su gobernador, lograron reducir la duración promedio de un juicio de 180 a solo 34 días demostrando que es posible contar con un sistema judicial más expedito.

En cuanto al personal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está impulsando en los estados el Programa Rector de Profesionalización para fomentar y fortalecer el desarrollo policial, cuyo fin es mejorar las condiciones profesionales y laborales de las policías en las entidades. También se están impulsando el fortalecimiento de órganos implementadores locales a fin de conseguir las metas del sistema penal acusatorio. Ahí colaboran las instituciones locales de seguridad para decidir el destino de los recursos económicos y las políticas públicas estatales.

No obstante, todavía falta voltear la mirada a las necesidades que se deben cubrir de manera funcional con los operadores críticos del sistema: los policías preventivos. Ellos, al igual que los policías ministeriales, tendrán una influencia fundamental en el desarrollo de las investigaciones y, por tanto, en las decisiones del jueces.

¿Esto qué significa?

De acuerdo a la reforma constitucional de 2008, a los policías (sean federales, estatales o municipales) por ser los que normalmente llegan primero a una escena del crimen o hallazgo, les toca jugar un papel determinante en la cadena de custodia y protección de los indicios y del lugar de los hechos: el papel legalmente reconocido como “primer respondiente”. Esto, palabras más palabras menos, consiste en la función crítica de convertirse en los detonadores de la investigación inicial.

Para aclarar en qué radica esta función es necesario decir que implica ser el primero en llegar a una escena de delito o hallazgo y cumplir con los siguientes pasos: averiguar si los sospechosos andan cerca; identificar a posibles víctimas y testigos; asegurarse que el lugar de los hechos o del hallazgo quede aislado y separado de cualquier persona ajena a la investigación; con ello, impedir que se contamine la escena y evitar la alteración de los indicios, lo que representa el inicio de la cadena de custodia.

¿Y cuál es la trascendencia de la participación policial como primer respondiente?

Los procedimientos internacionales y los manuales de investigación criminal señalan que la mayoría de los casos se resuelven o se pierden en la primera hora. Es decir, cuando la policía se entera de un caso, si de verdad quiere contar con todos los elementos posibles para apoyar una posible investigación, tiene muy poco tiempo para poner en funcionamiento todos los protocolos establecidos en este marco legal a fin de asegurar la preservación y el acceso a la mayor cantidad de información que sea de utilidad para un potencial juicio.

Esta responsabilidad no ha sido plenamente atendida y todavía hay muchas lagunas procedimentales, funcionales y de carácter operativo, en relación a la intervención de los policías para realizar la investigación inicial, y posteriormente en su función para el seguimiento a casos y su participación en los juzgados.

Actualmente, sobre todo en las policía estatales y municipales, los protocolos de atención de emergencias, los protocolos para la protección de escenas y la cadena de custodia y los mecanismos de comunicación con la ciudadanía para obtener información sensible sobre los delitos dependen de lo que dicte la federación y los estados no han hecho muchos esfuerzos por ser proactivos. Es importante reforzar este aspecto, dado que es crucial para estandarizar los servicios policiales.

Respecto a los mecanismos de primer respondiente, los policías no reciben el material necesario para acordonar áreas y asegurar indicios para aquellos casos donde éstos corren el riesgo de desaparecer por las condiciones de la escena. Muy pocos han recibido capacitación en técnicas de entrevista y menos aún para aplicar técnicas de fijación fotográfica o en video como parte de su función de primer respondiente. Esto provoca que en el proceso se puedan perder testimonios de primera mano e indicios que con frecuencia resultan cruciales para el éxito de la investigación.

Algunas propuestas

Entre las necesidades que hay que cumplir están: los policías estatales y municipales no reciben aún la capacitación necesaria para garantizar el pleno respeto a los procedimientos mencionados. Son muy pocos los que ya cuentan con kits básicos para la preservación de escenas e indicios. Menos aún son los que han recibido la formación para tratar entrevistar testigos, víctimas y sospechosos en la escena.

En cuanto a la coordinación con la policía ministerial o investigadora, aún subsisten huecos procedimentales y recelos institucionales sobre la forma en que cada uno debe ejercer su responsabilidad y los límites de ésta. Sigue muy extendida la idea de que la policía no debe intervenir en la investigación y su trabajo se termina cuando los peritos o los agentes del MP toman el control, descartando a priori la utilidad que los agentes preventivos y municipales pueden tener gracias a su conocimiento del campo y de los actores sociales locales en el área que les toca vigilar.

En términos de los juicios orales, destaca el comentario que en su momento recibí de parte de un procurador de justicia, quien mencionó las enormes dificultades que policías y agentes ministeriales (y en general, todo el personal de instituciones de justicia y seguridad que debe participar en los juicios) tienen para expresarse y desenvolverse públicamente. Ello puede afectar claramente las decisiones de un jurado o de un juez, si no se argumentan y defienden de manera adecuada los hallazgos que conducen a la posible responsabilidad de un sospechoso.

Para solventar las deficiencias de la policía en términos de la formación y capacitación acerca de sus nuevas funciones, la SETEC ha instrumentado un esquema nacional de capacitación para policías estatales y municipales. También, como muestra del interés norteamericano en este proceso, recientemente se inició, en el marco de la Iniciativa Mérida, la capacitación a 1600 replicadores para que ellos se hagan cargo de formar a las policías estatales y municipales a nivel nacional.

Continuando con esta ruta hacia el cambio, también es importante fomentar que las instituciones policiales continúen el camino de la profesionalización, de la capacitación y de la construcción de instituciones respetables. En ello entran temas tan básicos como la generación de protocolos internos donde se respete y fortalezca la cadena de mando; la construcción de mecanismos que fomenten, desde la misma organización, el respeto a la figura policial y que se reduce a cuestiones tan básicas como: acceso a prestaciones y salarios dignos, un sistema de carrera que permita asegurar la permanencia de los elementos, la conciliación entre su vida familiar y laboral a través de horarios razonables, la generación de instrumentos de evaluación continua para mejorar sus capacidades y habilidades, entre otras.

Como se puede observar, a un año de que venza el plazo para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, queda mucho camino por recorrer para lograr el objetivo de contar con instituciones de justicia y seguridad plenamente capaces, profesionales y confiables. Por ahora reconocemos los avances y el esfuerzo, pero difícilmente podríamos decir que para entonces, la totalidad del proceso estará operando adecuadamente.

 

* María Elena Morera es presidenta de @causaencomun. El texto contó con la colaboración de Juan Pablo Arango Orozco, investigador de Causa en Común A.C.

 

 

Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal.

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