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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Pobreza y desigualdad frente a la violencia
Si bien no se puede determinar una relación causal entre violencia y desigualdad, lo que sí se puede afirmar es que la política de desarrollo social es un elemento necesario para alcanzar mejores niveles de bienestar en la población, y con ello, reducir los factores que posibilitan las conductas antisociales y delincuenciales.
Por Genaro Ahumada García
11 de agosto, 2021
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La semana pasada, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó los resultados de las estimaciones de pobreza multidimensional en México para 2020. Más allá del impacto negativo que tuvo la pandemia en la economía mexicana, utilizado desde ya por el gobierno federal como justificación para descalificar y denostar las cifras presentadas, resulta sorprendente el aumento considerable de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, así como la prevalencia de carencias sociales, dentro de una administración que asumió como mito de gobierno la frase “por el bien de todos, primero los pobres”.

Entre 2018 y 2020, la situación de pobreza a nivel nacional aumentó de 41.9 % a 43.9 %; es decir, un aumento del 2 % que significan 3.8 millones de personas más en pobreza, para un total de 55.7 millones. En cuanto a la pobreza extrema, el aumento entre 2018 y 2020 fue de 1.5 %, un incremento de 2.1 millones, pasando de 8.7 a 10.8 millones en esta condición. Adicional a ello, 3 de las 6 carencias sociales que mide el CONEVAL aumentaron, incluido un dramático ascenso en la carencia de acceso a los servicios de salud, la cual pasó de 16.2 % en 2018 a 28.2 % en 2020, justo en momentos en lo que es urgente contar con un sistema de salud fuerte.

El aumento en las estimaciones de la pobreza es una pésima noticia para el país, una realidad muy cruda para millones de personas que la padecen y un fracaso del Estado mexicano, después de  años de construcción de políticas enfocadas al combate a la pobreza y miles de millones de pesos invertidos en ellas. Durante mucho tiempo se utilizó el argumento de que las políticas neoliberales implementadas en México no habían servido para revertir las profundas desigualdades y la situación de pobreza estructural que viven millones de personas en el país. Ahora, con el intento de un cambio de enfoque en las políticas de desarrollo social, basadas en las transferencias monetarias directas, está demostrado que tampoco son la solución al problema; por el contrario, han sumido a millones de personas (algunas en mayor situación de vulnerabilidad) a vivir con ingresos por debajo de la línea de  bienestar, con los cuales puedan satisfacer sus necesidades básicas.

El fracaso del Estado mexicano en el combate a la pobreza y la desigualdad es también un fracaso en la política de prevención de las violencias en el país. Existe una importante correlación entre los niveles de violencia y las condiciones de desigualdad. Elena Azaola asegura que uno de los tres factores que determinan los niveles de violencia en México es la aplicación de políticas sociales deficientes que no mitigan la marginalidad, la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, basadas en un modelo económico que privilegia la acumulación de gran porcentaje del capital en unas cuantas manos. Se estima que cerca del 70 % del capital económico está concentrado en menos del 10 % de la población, el segundo país más desigual dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo a un estudio publicado por Oxfam México.

Diversos estudios sociológicos, antropológicos, e incluso psicológicos reportan que el nivel de desigualdad expresada en la distribución de los ingresos -y que permea en otras desigualdades como el acceso a otros bienes y servicios, como la salud, la educación y la vivienda- produce un rompimiento del tejido social, perdiendo con ello la cohesión social, y los rasgos de solidaridad y colaboración que deben caracterizar a una sociedad civilizada y en desarrollo. De acuerdo a la propia OCDE, uno de los elementos que representa un reto para mantener la cohesión social es la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, lo cual se traduce en un desequilibrio del orden esperado, y puede desencadenar un “malestar” social en contra de quienes acumulan la riqueza, a través de manifestaciones de violencia, inseguridad y altos índices de crimen.

Si bien no hay un consenso acerca de las implicaciones que tiene la pobreza y la desigualdad en los índices de violencia, distintas organizaciones han demostrado una relación consistente entre ambos factores. La desigualdad de oportunidades limita la movilidad social de millones de personas desde su nacimiento, condenándolos a reproducir las condiciones de pobreza y exclusión donde nacieron. Ahora, si bien no se puede determinar una relación causal entre violencia y desigualdad, lo que sí se puede afirmar es que la política de desarrollo social es un elemento necesario para alcanzar mejores niveles de bienestar en la población, y con ello, reducir los factores que posibilitan las conductas antisociales y delincuenciales.

El investigador Rogelio Gómez Hermosillo asegura que la raíz de la pobreza en México es la precariedad laboral. De acuerdo a su investigación, las más de 65 millones de personas que ahora están en condición de pobreza y pobreza extrema carecen del ingreso suficiente para satisfacer necesidades de alimentación, como la adquisición de una canasta básica, y enfrentan de 1 a 3 carencias sociales de las 6 que mide el CONEVAL. De este total, 22 millones de personas están en pobreza extrema por carencia alimentaria; es decir, no les alcanza para comer, esto sin considerar los altos niveles de informalidad, la precariedad en la seguridad social y la exclusión de las mujeres de la actividad económica.

El crimen organizado se presenta siempre como una alternativa. Hay millones de jóvenes que, ante la imposibilidad de acceder a un trabajo estable, con prestaciones sociales y un ingreso digno que cubra las necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestido, asumen la decisión de enrolarse a grupos delincuenciales, ya sea como halcones o sicarios, y donde, pese al riesgo, reciben un ingreso muy por encima del que podrían recibir en otro espacio.

Condenar a millones de personas a la precariedad y el abandono es no atender las causas y la raíz del problema. El país requiere de una visión integral de las problemáticas que enfrenta, y no de medidas aisladas cuyos efectos nunca tendrán resultados.

* Genaro Ahumada García (@AhumadaGenaro) es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestrante en Comunicación Política por la Universidad Austral de Argentina. Se ha desempeñado en el servicio público en áreas relacionadas a la protección de los derechos humanos. A lo largo de su trayectoria ha sido consultor, asesor, investigador y redactor de discursos políticos.

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