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Policías de México y el mundo: la comparativa
Sumado a las excesivas jornadas laborales que los policías mexicanos deben cumplir, en comparación con el resto del mundo, los bajos salarios representan una importante diferencia en sentido negativo, considerando el alto nivel de responsabilidad que conlleva su profesión en nuestro país.
Por María del Pilar Déziga Velázquez
18 de noviembre, 2020
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Ser policía tiene una diversidad de significados respecto de su organización interna y las condiciones en que se trabaja. En México, a partir de la desaparición de la policía federal en diciembre 2019, existen corporaciones a nivel estatal y corporaciones a nivel municipal que dependen de esos ámbitos de gobierno. Las diferencias entre ambas se han desdibujado, particularmente en la última década en que las discusiones de la política de seguridad en México han transitado de la centralización, mediante la figura de un mando único o mando coordinado, a la descentralización de sus objetivos y funciones. En algunos casos, hay policías municipales que han adquirido las condiciones para adaptarse a las necesidades de sus municipios porque han sido diseñadas desde la autonomía de la autoridad local; sin embrago hay municipios que no cuentan con cuerpos de policía por lo que subsanan su carencia con la participación de policías estatales o bien, los cuerpos castrenses.

En otras regiones del mundo hay tendencias centralizadoras de las corporaciones policiales como Suecia, donde existe una sola corporación que depende del gobierno federal. Hay otra tendencia como la adoptada por Francia en que las policías se dividen entre las desplegadas en las ciudades y las que operan en las zonas rurales. En casos como Inglaterra existen corporaciones desplegadas por regiones donde algunas pueden tener un cierto nivel de autonomía, aunque cumplen con estándares diseñados a nivel federal, principalmente en temas de capacitación y régimen disciplinario1. En Estados Unidos y Canadá existen, como en México, corporaciones a nivel federal, estatal y municipal que dependen operativa y administrativamente de cada ámbito de gobierno.

En América Latina, desde la década de 1990 se emprendieron procesos de reforma policial. De estos esfuerzos surgieron modelos de policía comunitaria adoptados en Brasil, Colombia, Guatemala y Costa Rica, inicialmente, cuyo objetivo fue descentralizar operativa y administrativamente a las corporaciones2. En México, el denominado “Modelo de Policía de Proximidad Social” se ha convertido en un tema para sumar bonos políticos, ya que no existen posibilidades de transitar hacia los objetivos de ese modelo mientras los policías no cuenten con condiciones laborales dignas, capacitación continua y de calidad; salarios dignos; esquemas de carrera policial que funcionen, y un sistema de incentivos y reconocimiento que los mantengan con vocación e identidad a la institución policial.

Además, la ausencia de límites efectivos sobre el ejercicio del poder político ha subordinado las exigencias institucionales a intereses particulares. A pesar que el país vive una crisis de inseguridad, las corporaciones policiacas se encuentran en una situación de abandono institucional en sus distintas vertientes, esencialmente: capacitación, equipamiento y salarios, trípode que frágilmente se sostiene sobre un piso de abusos y discrecionalidad al interior de las instituciones de seguridad pública a nivel nacional. Los bajos salarios y las largas jornadas laborales son condiciones que impactan negativamente al desempeño de los policías y, consecuentemente, a la seguridad de los ciudadanos. Los policías en el mundo cumplen jornadas laborales tan diversas como las circunstancias que enfrentan a pesar que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que las jornadas laborales de los policías no deberían ser superiores a las ocho horas.

De acuerdo con el estudio de Causa en Común sobre las Jornadas Laborales de las policías3, el rango internacional de las jornadas laborales para policías oscila entre ocho y 12 horas diarias. En ningún país se encontró establecida formalmente una jornada de 24 horas, aunque en Nicaragua y México se identificaron casos con este tipo de jornadas. De acuerdo con la encuesta ¿Qué piensa la policía? realizada por Causa en Común, el 30% de los policías laboran en jornadas de 24×24.

En el resto del mundo, en la mayoría de los países estudiados por Causa en Común (52), los policías trabajan 8 horas por ley y se estipulan en ley las jornadas mínimas y máximas de trabajo a la semana; sin embargo, en América Latina y Medio Oriente existe una mayor tendencia a que se extiendan las jornadas laborales. Las peores prácticas respecto de abuso de jornadas laborales y discrecionalidad se ubican en países exsoviéticos y del Medio Oriente.

En los últimos tres años se han llevado a cabo revisiones a las legislaciones policiales, en tres cuartas partes de los países estudiados (52). En América Latina hay casos de notables diferencias como Uruguay, cuya reforma de 2018 se enfocó en fortalecer el sistema educativo policial con la creación de la Dirección Nacional de Educación Policial, y Chile, donde se reforzó la especialización de los policías y se reforzó una visión de Derechos Humanos. En México, la última propuesta de modificación a la Ley de Seguridad Pública se llevó a cabo en 2015.

Sumado a las excesivas jornadas laborales que los policías mexicanos deben cumplir, en comparación con el resto del mundo, los bajos salarios representan una importante diferencia en sentido negativo, considerando el alto nivel de responsabilidad que conlleva su profesión en nuestro país. En promedio, en México los policías ganan $11,787 mensuales. Si bien, de acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) conducida por el INEGI, el 60% de la población económicamente activa gana las tres cuartas partes de ese ingreso4, las funciones de la policía son de alto riesgo y mayor responsabilidad frente a los oficios y ocupaciones del resto de la población, por lo que su ingreso debería estar a la altura de sus responsabilidades.

En países como Canadá, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Francia y Australia, los policías se encuentran entre la población con ingresos altos y beneficios sociales adicionales, considerando el riesgo que implica ser policía. Es importante señalar que en algunos de estos países la incidencia delictiva es baja, además que los policías reciben mayor capacitación y de mejor calidad.

En México, de acuerdo con la encuesta ¿Qué piensa la policía?, los policías señalaron que no se sienten suficientemente capacitados para labores policiales fundamentales como mantener audiencias ante un juez (65%), dar primeros auxilios (52%), recibir denuncias (45%), manejar una patrulla (34%), sobre perspectiva de género (30%), uso de la fuerza (19%) y tampoco para detener a una persona (19%).

La evidente diferencia, en términos negativos, de las policías mexicanas frente a las policías en el mundo se ha acentuado con la actual política de militarización de la seguridad pública. La apuesta política por militarizar la seguridad deja en la superficie los profundos vacíos en términos del modelo policial mexicano y, más importante aún, de la ausencia de un sistema de desarrollo policial verdadero.  La tendencia a la militarización es muy particular en América Latina, donde se ha visto que cada vez más los políticos invitan a las Fuerzas Armadas a participar en ámbitos civiles.

En Brasil, Chile, Colombia y Nicaragua está establecido constitucionalmente que las Fuerzas Armadas pueden participar en la seguridad pública.  Además, en Brasil, Venezuela y Nicaragua existe una presencia militar importante dentro de los gabinetes de gobierno. Destaca el caso de Brasil, cuyo gabinete está conformado por un 30% de militares, quienes ocupan cargos en áreas de salud, ciencia y tecnología, energía, infraestructura, defensa y seguridad. Se calcula que hay unos 3,000 militares designados en distintos cargos civiles. Actualmente, cinco países tienen de uno a dos secretarios de Estado de origen militar dentro de los gabinetes de gobierno: Guatemala, México, Honduras, Ecuador y Paraguay.

En el caso mexicano, está claro que el proyecto militarista tendrá consecuencias profundas:

  • El asentamiento de las Fuerzas Armadas en seguridad pública puede derivar en más violaciones a derechos humanos, y no resolverá la crisis de inseguridad.
  • Las nuevas funciones adquiridas por las Fuerzas Armadas implican una sobrecarga de responsabilidades que no podrán cumplir, incrementando su desgaste político.
  • El creciente poder de las Fuerzas Armadas alterará el equilibrio civil militar en el país, poniendo en riesgo la democracia.
  • El proceso de militarización también podría generar fracturas al interior de las Fuerzas Armadas.

* María del Pilar Déziga Velázquez (@PilarDeziga) es Internacionalista por el ITESM y Socióloga por la UNAM. Se ha desempeñado en el servicio público, colaboró en la Embajada de Canadá en México, en el Consulado de México en Douglas, Arizona, y formó parte de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Petróleos Mexicanos, en el área de investigación e inteligencia.

 

1 CHEATMAN, Amelia (2020): How Police Compare in Different Democracies. Council of Foreing Relations. Estados Unidos. Recuperado de aquí.

2 FONDEVILLA, Gustavo (2017): El rol del policía municipal en México. Trabajo social y mediación de conflictos. Revista SCIELO. México. Recuperado de aquí.

3 Recuperado de aquí.

4 Recuperado de aquí.

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