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Policías estatales y municipales, fuera del Presupuesto de Egresos para 2020
Las policías estatales y municipales se vieron relegadas por el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020. Estas corporaciones continúan sin ser consideradas, al menos presupuestalmente, como ejes fundamentales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por Emilio Marcel Regidor Eternod
25 de marzo, 2020
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El servicio de seguridad pública es una labor compartida, entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, cada cual, con sus competencias, pero persiguiendo los fines comunes del servicio, que son “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”1. En este sentido a nivel federal se creó la Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana y la Guardia Nacional, pero a nivel local no se ha creado ninguna institución que dé un impulso al desarrollo policial estatal y municipal.

En este sentido, las policías estatales y municipales se vieron relegadas por el Presupuesto de Egresos de la Federación, en particular por lo que toca al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) que son las principales fuentes de recursos presupuestales para las entidades federativas y municipios.

El FASP es la transferencia federal más importante en materia de seguridad pública para las entidades federativas, y se encuentra destinado a cumplir las estrategias nacionales en materia de seguridad pública. Este fondo tiene un aumento de recursos de 0.4% en términos reales (pasa de $7,210 MDP en 2019 a $7,444 MDP en 2020)2. Esta mínima variación al alta de 2019 a 2020, refleja que no existe un interés claro de la Administración Federal en dar recursos a las Autoridades Estatales para atender el problema de la inseguridad ni tampoco en el desarrollo de los cuerpos de seguridad locales, lo que impide su fortalecimiento.

Para poner en perspectiva esto, el FASP en 2013, tenía recursos por $7,631.8 MDP. Y en el PEF de 2020, se asignaron $7,444 MDP. En pocas palabras, no se ha recuperado el gasto en este rubro desde 2013.

En esta misma línea, el FORTAMUN es un fondo que representa los únicos recursos federales del ramo 33 que son ejercidos directamente por los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Pasa de $84,264 MDP a $86,971 MDP; es decir, aumenta un 0.4% en términos reales. Respecto a este fondo, cabe señalar que el Presupuesto 2020 ignora el Acuerdo 04/XLIV/19 del Consejo Nacional de Seguridad Pública de que al menos 50% del FORTAMUN se destine al fortalecimiento de las capacidades policiales locales. Acuerdo que de cumplirse hubiera ayudado a mejorar el desarrollo policial de las corporaciones municipales y de las Alcaldías de la Ciudad de México.

Así mismo, el FORTASEG es un subsidio que se utiliza para la evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito; la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública. Disminuye de $4,009 MDP a $4,000 MDP entre 2019 y 2020 (en términos reales, cae 3% su presupuesto). Ahora bien, en 2018, este subsidio ascendía a la cantidad de $5,000 MDP. Podemos apreciar de estas tres cifras una diminución en términos nominales del 20% de 2018 a 2020. Lo que en términos reales implica una reducción de 25.78%.

Estas variaciones en el presupuesto de 2020, respecto al de 2019, resultan reveladoras, puesto que esencialmente muestran que sigue sin haber un cambio en la política pública de seguridad, escatimando y menoscabando los recursos que se entregan a las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales. Es decir, estas corporaciones continúan sin ser consideradas, al menos presupuestalmente como ejes fundamentales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Incluso podemos ver respecto al FORTASEG, que se incumplió con el acuerdo que se había alcanzado en materia de capacitación. Esto es solo un ejemplo puesto que lo normal es que se dejen de lado los acuerdos alcanzados en distintos rubros. Retrocediendo así el camino ya andado y dejando a estas instituciones en el abandono.

Abundando sobre esto, el Índice de Desarrollo Policial, estudio realizado por Causa en Común, demuestra que ninguna corporación policial estatal ni federal cumple con los mínimos requisitos de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto al desarrollo policial. Esta situación no debe continuar, ni profundizar el abandono institucional en el que han sobrevivido durante décadas, al contrario, debemos de dotar a las corporaciones policiales, tanto estatales como municipales, de los recursos económicos necesarios para fortalecerlas atendiendo sus urgentes necesidades en cuanto a reclutamiento, capacitación, servicio de carrera, equipamiento e infraestructura, salarios y prestaciones sociales dignas.

Es evidente que la violencia y la inseguridad son males que corren rampantes en la sociedad mexicana, según los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública3 entre enero y diciembre de 2019 se registraron 34.582 víctimas de homicidios dolosos en México, lo cual nos da un promedio de 94.66 homicidios diarios. A esta cifra debemos añadir 1,006 víctimas de feminicidio, es decir 2.75 feminicidios al día.

En otros delitos las cifras oficiales muestran que, en 2019, hubo denuncia de 1,614 víctimas de secuestro, que son en promedio 4.42 al día, 644 víctimas de trata de personas, que son 1.76% al día, respecto a la extorción las cifras muestran que se pasó de 6,432 casos en 2018, a 8,266 en 2019, lo que representa un incremento de 28.5%. En general según los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo un aumento del 3.65% a la incidencia delictiva total.

De lo anterior podemos desprender que lamentablemente la inseguridad y la violencia no son temas prioritarios para la actual administración, puesto que, frente a un alza en la incidencia delictiva, no se da ni un alza presupuestal para combatir estos problemas y mucho menos un cambio de estrategia sustancial. Sin que esto pretenda ser exculpatorio de las fallidas estrategias de seguridad implementadas con anterioridad, en el fondo de las cosas, es imperativo que, en todas las corporaciones de seguridad, se cuente con los elementos económicos, materiales y humanos para poder desempeñar con éxito su labor, sin embargo, esta necesidad es particularmente fuerte respecto a las corporaciones locales y municipales de seguridad, de aquí que surja la pregunta ¿por qué las hemos abandonado?

* Emilio Marcel Regidor Eternod es licenciado en derecho, investigador de Causa en Común.

 

1 Ver artículo 2° de la LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

2 Los montos en pesos se presentan en términos nominales (es decir, se incluyen las cifras tal como aparecen en los documentos oficiales), y los cambios porcentuales se muestran en términos reales (considerando una inflación en 2019 de 2.83%) de conformidad con Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en Banco de México, “Sistema de información económica. Inflación”.

3 Ver: Informe de Incidencia Delictiva Fuero Común, publicado el día 20 de enero de 2020.

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