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El blog de Causa en Común
Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
¿Qué hacer ante la crisis de inseguridad?
Ante la crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país, es necesario construir una estrategia integral de seguridad que incluya a las policías, las fiscalías, los jueces, el sistema penitenciario, además de una auténtica política de prevención y nuevos enfoques en torno a las drogas.
Por Citlali Baltazar
11 de diciembre, 2019
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El pasado 3 de diciembre, Causa en Común presentó el informe “¿Cómo vamos en seguridad pública?”, en el que se realizó un recuento crítico de los principales hechos y circunstancias en materia de seguridad pública del primer año del sexenio del presidente López Obrador, así como las acciones que su gobierno ha realizado en esta misma materia. El recuento es alarmante, pues incluye incrementos en los índices delictivos, la aceleración de la militarización del país (al tiempo que se debilita a las Fuerzas Armadas), la reducción de apoyo a policías locales, el estancamiento del presupuesto en seguridad, reformas en detrimento de nuestros derechos, y la ausencia de un sistema de atención a víctimas que realmente funcione. 

Ante la identificación de estos problemas, es necesario construir una estrategia integral de seguridad que incluya a las policías, las fiscalías, los jueces, el sistema penitenciario, una auténtica política de prevención, y nuevos enfoques sobre la política de drogas. A continuación, se presentan algunas propuestas concretas de Causa en Común en materia de seguridad pública, que buscan aportar a construir un país menos violento y más seguro para todos. 

 

  1. Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Hoy en día, el SNSP opera más con base en incentivos políticos (por la ausencia de consecuencias, dados los incumplimientos en cuanto a desarrollos en materia de seguridad), que en criterios técnicos que busquen garantizar la seguridad de la ciudadanía. Es necesario reorganizar el SNSP para convertirlo en un mecanismo que construya políticas de seguridad basadas en evidencia y que impida repetir modelos de seguridad fallidos. Asimismo, para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública sea, efectivamente, la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en materia de seguridad, se propone que: 1) los acuerdos que el Consejo emita incluyan tiempos y parámetros de cumplimiento bien definidos, así como que identifiquen a los actores específicos responsables de cumplirlos; 2) se establezcan sanciones administrativas y presupuestales por incumplir dichos acuerdos; y 3) se definan los mecanismos necesarios para dar seguimiento al cumplimiento e impacto de los acuerdos.
  2. Desarrollo policial. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), realizado por Causa en Común, ninguna corporación policial estatal ni federal cumple con los requisitos mínimos de ley en cuanto a desarrollo policial. Dada esta situación, se propone crear un organismo nacional que centralice los procedimientos del desarrollo policial de las corporaciones municipales, estatales y federales. Este organismo emprendería una estrategia nacional de rescate institucional a partir de acciones como: 1) desarrollo y fortalecimiento de las corporaciones; 2) censo policial y definición de estados de fuerza por localidad y región; 3) incremento presupuestal sustancial a los recursos destinados a la seguridad a nivel local; 4) revisión salarial a nivel nacional de las y los policías, que permita elevar sus percepciones; 5) la aplicación en todo el país de un sistema integral de profesionalización para las corporaciones policiales; 6) el desarrollo de sistemas de interconexión y bases de datos de información en materia de seguridad que permitan que el país logre transitar de un modelo puramente reactivo a uno de inteligencia e investigación; y 7) promover mecanismos de supervisión externa a cargo de organizaciones de la sociedad civil. 
  3. Creación de una Guardia Nacional Civil. Se propone consolidar a la Guardia Nacional como un cuerpo civil (tal y como marca la ley), que opere bajo una doctrina policial respetuosa de los derechos humanos. Además, se deben definir claramente las tareas que estarán a su cargo, delimitando su ámbito de competencia y territorial, y permitiendo un retiro gradual de las Fuerzas Armadas a sus funciones originales, que son la preservación y defensa de la soberanía y la integridad territorial.
  4. Uso de la fuerza. Se debe aplicar un protocolo nacional, tomando en consideración la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, que permita estandarizar esta facultad a nivel nacional, les dé certeza a los policías en su actuación, y garantice la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. 
  5. Sistema de administración y procuración de justicia. Los aspectos mínimos a considerar en un nuevo modelo ministerial debieran ser: 1) la definición de un sistema de transición adecuado, con el presupuesto requerido; 2) garantizar la autonomía técnica y presupuestal de las fiscalías; 3) desarrollar y fortalecer el sistema profesional de carrera para los agentes del ministerio público; 4) consolidar los servicios periciales con solidez científica e independencia técnica; 5) definir órganos de control eficientes y mecanismos de participación ciudadana. De igual forma, se propone reformar el artículo 21 constitucional para especificar que el Ministerio Público lleve únicamente la conducción jurídica de la investigación y deje a las policías en libertad de investigar, como sucede en todo el mundo. 
  6. Sistema penitenciario. Es urgente atender la crisis penitenciaria, la cual reproduce patrones delictivos y representa graves violaciones a los derechos humanos. Para ello, es necesario recuperar el control de los penales, ya que en la mayoría de ellos prevalecen condiciones de autogobierno. También debe iniciarse un programa de desarrollo penitenciario, a la par del proyecto de desarrollo policial, el cual contemple la carrera profesional de los custodios y sus condiciones laborales, así como la garantía de las condiciones mínimas de seguridad que deben prevalecer en todos los penales del país.  
  7. Acciones de prevención. Ninguna estrategia de seguridad tendrá éxito si no va acompañada de una política nacional de prevención integral de la violencia y la delincuencia, que atienda causas, gestione riesgos y repare daños. Una estrategia de este tipo debe definir acciones puntuales para cada lugar dependiendo de las condiciones socioeconómicas y de entorno, considerar el nivel y el ámbito de prevención, y definir el plazo en el que se pretende incidir. Todas las acciones deben también ser susceptibles de evaluación.
  8. Política sobre drogas. Es necesario explorar nuevos enfoques y políticas sobre drogas, especialmente en lo que se refiere a la marihuana. Se propone despenalizar plenamente su cultivo, comercialización y consumo, así como poner en marcha programas integrales y masivos de disuasión, sustentados en la educación y la salud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta lista de propuestas no es desde luego exhaustiva, pero abarca los principales aspectos que debemos atender con urgencia. Son temas todos que venimos arrastrando por demasiado tiempo, mientras las condiciones de inseguridad se deterioran mes con mes. Con estas y otras propuestas, que abundan en la discusión pública, el actual gobierno debe asumir su responsabilidad y abocarse a construir una verdadera estrategia que brinde a los mexicanos un mejor futuro.

@causaencomun

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