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Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
¿Qué propuestas elegimos en materia de seguridad?
Los gobernadores electos de Michoacán, Chihuahua y San Luis Potosí iniciarán sus periodos de gobierno en entidades con graves niveles de violencia y con evidente presencia del crimen organizado. Es importante mantener acciones desde la sociedad civil organizada para señalar al mismo tiempo que proponer opciones para mejorar las condiciones de seguridad.
Por María del Pilar Déziga Velázquez
1 de julio, 2021
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Las pasadas elecciones, las más  grandes de nuestro país, fueron un ejercicio democrático para quienes decidieron salir a votar  y ejercer su derecho a elegir quiénes ocuparán diversos cargos públicos en este país. En ese contexto, el tema de seguridad se mantuvo como una de las principales preocupaciones de los votantes y también como uno de los temas más recurridos por las y los candidatos.

Causa en Común realizó un análisis para conocer las plataformas políticas de los partidos, coaliciones y candidatos electos, así como las acciones en materia de seguridad que pronunciaron en medios de comunicación y debates públicos. En dicho análisis se concluyó que al menos las 11 gubernaturas ganadas por el partido Morena y sus aliados siguen replicando el modelo federal de militarización, a través de solicitar mayor número de elementos de la Guardia Nacional, o incluso la creación de una “guardias estatales”; se insiste en abandonar a las policías locales y no se contemplan acciones en materia de prevención.

Además, la presunta relación de algunos de candidatos con organizaciones criminales es una señal de la mayor gravedad para la gobernabilidad y la seguridad en dichas entidades.

Para reflexionar sobre los temas, Causa en Común llevó a cabo un foro de diálogo en el que se analizaron los retos y las propuestas en materia de seguridad en San Luis Potosí, Chihuahua y Michoacán. En este evento participaron Salvador Maldonado Aranda, profesor investigador de El Colegio de Michoacán; Diana Chávarri Cazaurag, directora regional para Ciudad Juárez del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec); Luis Alberto Osornio, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

En el caso de Michoacán, “hay muy poca coordinación entre los órganos de seguridad locales y federales, cada quien trabaja bajo sus esquemas”, de acuerdo con Salvador Maldonado Aranda. En el contexto complejo que vive el estado, en donde se han aplicado todas las estrategias nacionales sin éxito, es necesario integrar esquemas de seguridad localizados, es decir, donde exista una mayor coordinación pero se privilegien la estrategias locales con tres ejes principales: un esquema de seguridad localizado, con atención a la prevención y a la inseguridad, un trabajo coordinado y transparente y la atención al fenómeno de las autodefensas. Para el investigador el ejemplo es Cherán, un municipio autónomo que bajo su autogestión ha logrado reducir su incidencia delictiva drásticamente, hasta reportar un solo delito al mes. A largo plazo se requiere de mayor congruencia en una estrategia federal contra la delincuencia organizada, ya que esta ha ganado terreno y control no solo sobre las policías locales, sino sobre áreas estratégicas para el manejo de recursos económicos, como lo es la dirección de obras públicas. En general, “gran parte del problema es que los límites son borrosos a nivel local”.

Es importante señalar que Michoacán enfrenta un contexto grave de violencia. De acuerdo al estudio de Causa en Común sobre atrocidades, en los primeros cinco meses de este año se han contabilizado al menos 25 masacres, lo que convierte a la entidad en la segunda con más masacres en el país. Además, es el cuarto estado con mayor número de víctimas de descuartizamiento, con 32, y  el tercero con el número más alto de víctimas de calcinamiento.

El efecto de los altos niveles de violencia en el estado ha sido el desplazamiento interno de habitantes de comunidades como Aguililla, municipio en el que se han registrado durante el último mes eventos como cierres de carretera y enfrentamientos entre grupos criminales, situación que ha orillado a varias decenas de familias a huir de la violencia y dejar sus casas y pertenencias.

En el caso de Chihuahua, Maru Campos ofrecía en sus promesas de campaña a la ciudadanía en materia de seguridad una mejor coordinación con municipios y la federación, sin embargo existía un vacío de propuestas fundamentadas en diagnósticos y poca profundización del tema, como apuntó Diana Chávarri Cazaurag. De acuerdo con la investigadora, se observaba una apertura de la gobernadora electa para trabajar con la sociedad civil en temas de seguridad y justicia y construir posterior a las elecciones una agenda más detallada, y es un compromiso que se debe aprovechar. Hay coincidencia en que se requiere de voluntad política en los tres niveles de gobierno para que, independientemente del partido político en el estado o municipio, se mantenga en una ruta totalmente ajena de lo político-partidista el tema de seguridad y justicia.

El estado ocupa el segundo lugar con más casos de tortura en el país, con 47 , de acuerdo con la investigación sobre atrocidades de Causa en Común; es el quinto lugar en número de masacres, con al menos 20 eventos registrados en lo que va del año y es el tercero en fosas clandestidas, con 28.  Además, de acuerdo con la información de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros cinco meses del año se registró un incremento del cien por ciento de los casos de secuestros, comparado con el mismo periodo del año pasado y otro incremento del 25% en el número de robos de vehículos con violencia, lo que ubica a la entidad entre los primeros cinco estados con los mayores índices en esos delitos.

En San Luis Potosí, el fortalecimiento de las policías municipales debe convertirse en la línea guía para una política de seguridad efectiva en el Estado, en consideración de Luis Alberto Osornio. Para el investigador, el gobierno de San Luis Potosí debe priorizar el desarrollo y fortalecimiento de las estructuras de seguridad municipal, incluyendo las certificaciones a policías, y crear planes de acción con los estados aledaños para combatir los polígonos de inseguridad.

La entidad ha enfrentado una serie de eventos violentos en las últimas semanas, como fue la masacre de policías estatales y se ubica en la quinta entidad con mayor número de casos de descuartizamientos, con 25 , de acuerdo con e estudio de atrocidades de Causa en Común.

Adicionalmente a los retos de seguridad que enfrentan cada uno de estos candidatos es importante señalar que sobre ellos  existen varias acusaciones sobre temas delicados. En el caso de San Luis Potosí, la Fiscalía General de la República informó que inició dos nuevas carpetas de investigación en contra del candidato electo por enriquecimiento ilícito. En Michoacán, el actual gobernador acusó al gobernador electo de tener vínculos con grupos criminales del estado y señaló que contaba con las evidencias de sus acusaciones. Además, diversos medios periodísticos han vinculado al gobernador electo con integrantes de grupos delictivos que operan en el municipio de Aguililla y algunos  que se encuentran en prisiones de México y Estados Unidos.  En Chihuahua, la gobernadora electa fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, por desvíos de recursos y sobornos recibidos durante el periodo de gobierno de César Duarte.

Todos los casos son igualmente graves, particularmente en entidades donde la violencia alcanza niveles muy graves y donde la presencia de grupos del crimen organizado es evidente.

En ese contexto en que iniciarán sus periodos de gobiernos es importante mantener acciones desde la sociedad civil organizada para señalar al mismo tiempo que proponer opciones para mejorar las condiciones de seguridad.

Se deben rescatar a nuestras policías y darles lo mínimo indispensable para enfrentar situaciones de enorme peligro. Se les tienen que dar mejores sueldos, prestaciones, equipamiento e instalaciones. Deben también crearse fiscalías estatales realmente capaces de investigar. Debe establecerse el control por parte del gobierno al interior de los penales. Deben también crearse programas emergentes de empleo. Deben de imaginarse acciones específicas de prevención de la violencia. Debe, ante todo, insistirse en la creación de puentes entre comunidades y autoridades.

* María del Pilar Déziga Velázquez (@PilarDeziga) es Internacionalista por el ITESM y Socióloga por la UNAM. Se ha desempeñado en el servicio público, colaboró en la Embajada de Canadá en México, en el Consulado de México en Douglas, Arizona, y formó parte de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Petróleos Mexicanos, en el área de investigación e inteligencia.

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