¿Quiénes portan las armas en México?
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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
¿Quiénes portan las armas en México?
La implementación de operativos disuasivos con la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional no han hecho más que evidenciar la falta de resultados para disminuir el poder de la delincuencia organizada y, por el contrario, ha mostrado una serie de deficiencias que tienen como resultado el asesinato de civiles inocentes, de policías, de actores políticos, el desplazamiento de comunidades enteras y una sensación de desolación ante el panorama de atrocidades que aumentan día a día.
Por Nancy A. Canjura Luna
4 de mayo, 2022
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Hemos escuchado hasta el cansancio la política de “abrazos, no balazos” del presidente. Como ejemplo, en la primera reunión de la Iniciativa Piloto del Mecanismo de Revisión de la aplicación de los protocolos de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional, los representantes del gobierno mexicano enfatizaron sobre el cambio de paradigma que implementan bajo la premisa de que violencia genera más violencia, por lo que el combate a la inseguridad está fincado en 5 principios: una estrategia de prevención que atiende causas estructurales, pacificación, reforma de los cuerpos de seguridad a través de un nuevo modelo de policía y justicia cívica, la atención de la violencia de género y un programa de reinserción social efectiva.

Dicho así suena ideal, como el camino más natural contra la política militarizada y beligerante que ha mostrado su ineficacia; sin embargo, la realidad es completamente diferente. Las acciones emprendidas por la “4T” van en sentido contrario de sus discursos y, peor aún, ante la simulación de un giro de timón que no llegará, la implementación de operativos disuasivos con la participación de las Fuerzas Armadas y con la Guardia Nacional (GN) no han hecho más que evidenciar la falta de resultados para disminuir el poder de la delincuencia organizada y, al contrario, ha mostrado una serie de deficiencias que tienen como resultado el asesinato de civiles inocentes, de policías, de actores políticos, el desplazamiento de comunidades enteras y una sensación de desolación ante el panorama de atrocidades que aumentan día a día.

La agresión contra un vehículo que derivó en el asesinato de Ángel Yael, y en lesiones contra Edith Alejandra, estudiantes de la Universidad de Guanajuato, es la muestra más reciente de lo anterior. Todo lo que ha ocurrido en torno al caso es una radiografía de lo que no funciona adecuadamente en la “estrategia de seguridad”. El 27 de abril pasado, poco antes de las cinco de la tarde, los estudiantes viajaban junto con otro estudiante (que resultó ileso) en una camioneta blanca en la carretera Salamanca- León, una zona en la que hay ductos de hidrocarburos, y por lo cual la GN realiza patrullajes rutinarios, con la finalidad de evitar y detectar la colocación de tomas clandestinas.

A partir de ese punto, la información se tergiversa y es imprecisa. Según el comunicado emitido por la GN, “un elemento de esta Fuerza de Seguridad Pública se vio involucrado en un incidente en el que lamentablemente una persona perdió la vida y otra resultó lesionada (…) un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y, de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar”; posteriormente se informó de la detención del elemento señalado, que al día siguiente fue puesto en libertad por parte de un juez federal, además que la imputación que se le dio fue por tentativa de homicidio, a la que le siguió un comunicado de la Fiscalía General de la República para apelar dicha resolución. Posteriormente, en la conferencia matutina del presidente, éste apuntó que se identificó que el guardia detenido no fue el responsable del asesinato del estudiante; sin embargo, sí realizó detonaciones de su arma de cargo, por lo que fue puesto en libertad, aunque reconoció que todos los elementos involucrados deben estar disponibles para el esclarecimiento de los hechos.

Ahora bien, tanto la comunicación de las instituciones implicadas como la narrativa sobre los hechos plantean dos cuestiones relevantes. La primera de ellas es el deslinde de parte de la Guardia Nacional sobre las acciones del inculpado, y la segunda es el planteamiento de que la conducta de las víctimas fue el detonante de la agresión. El actuar de la fiscalía y de la Guardia también deja mucho que desear en cuanto a los protocolos para la apertura de la carpeta de investigación y las diligencias subsecuentes.

Otra variable a considerar es la letalidad en las operaciones de la GN, lo que va en contra del carácter civil que ostenta. Ya durante 2021 se había hecho notar que los enfrentamientos en los que ha participado esta institución resultan en un número mayor de muertos que de lesionados o detenidos durante sus operaciones de 2020 (por el desfase de un año en el reporte que analiza esa información, 1 y donde además se señala que más de una quinta parte de dichos enfrentamientos se dio en Guanajuato contra civiles armados.

Hasta este punto, todo lo que se describió en el primer párrafo se contradice con la realidad. La estrategia de no responder con violencia solo vive en las buenas intenciones del presidente y, lo que es más grave, impide establecer con transparencia y contundencia una ofensiva contra la delincuencia organizada y lo que ello implica, que los guardias no reciban la capacitación adecuada, que no se les dé el respaldo institucional adecuado, que no exista el seguimiento correcto a lo que pasa en torno a los integrantes de esta institución. Hemos visto volcaduras aparatosas de sus vehículos con resultados fatales, emboscadas, asesinatos y ahora la responsabilidad sobre el homicidio de un joven civil desarmado. ¿Quién maneja los vehículos de la GN? ¿Quién maneja sus armas? ¿Es acaso este hecho resultado de la ineptitud, de la falta de protocolos, de un mal elemento? Hasta ahora no hemos visto nada de paz, solo violencia.

* Nancy A. Canjura Luna (@canjural) es licenciada en Ciencias Políticas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Iberoamericana y como investigadora y servidora pública. Se ha especializado en temas de seguridad y violencia, así como género.

 

1 Información del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2021, INEGI. Disponible aquí.

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