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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Seguridad pública: triunfalismo oficial sin sustento
Desde hace dos años y medio venimos arrastrando los 3 mil asesinatos por mes, lo que ni por asomo permitiría afirmar que la pendiente de inseguridad ha comenzado a revertirse.
Por Juan Carlos Romero
27 de mayo, 2020
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Días atrás, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer las cifras de incidencia delictiva correspondientes a abril de 2020. Al presentarlas públicamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reiteró una idea que ya ha expresado anteriormente, pero que difícilmente encuentra sustento en las cifras; a saber, que en materia de asesinatos nos ubicamos “en la línea de contención”.

El más reciente logro de esta administración, según el funcionario, es haber revertido la tendencia de crecimiento y haber logrado 1.66% homicidios dolosos menos que en marzo pasado que –es importante recordarlo– fue el segundo mes más violento del que haya registro en la historia. Es fácil, pues, hablar de avances después de alcanzar picos históricos.

Lo que se omitió mencionar en el reporte del gobierno federal es que el total acumulado de víctimas de homicidio intencional y de feminicidio en el primer tercio de este año fue de 11,849 víctimas, lo que significa un incremento del 2.2% en relación con las 11,587 del primer tercio del 2019.

Desde hace dos años y medio venimos arrastrando números que rondan los 3 mil asesinatos por mes, lo que permite suponer que entramos a una fase de estabilización, pero ni por asomo hemos visto una disminución significativa que permita afirmar que la pendiente inclinada ha comenzado a revertirse.

Más aún, una proyección prematura, a partir de los datos con los que hoy contamos, nos pinta un 2020 con cifras cercanas a los de 2019, el año más violento en la historia reciente de México, cuando tuvimos 34,582 de homicidios dolosos y 1,006 feminicidios, lo cual resulta más grave si se considera el enorme subregistro en materia de feminicidios y si se toma en cuenta que la cifra anual de homicidios del INEGI usualmente es 10% mayor a la del SESNSP, ya que se basa en las actas de defunción expedidas en el país.

Es cierto que los homicidios no están creciendo al ritmo que lo venían haciendo pero, como lo han advertido muchas voces, la estabilización de la violencia que hoy vemos se dio cuando ya habíamos alcanzado un nivel extraordinariamente elevado. El promedio diario de asesinatos entre enero y abril de 2019 fue de 97, mientras que en el mismo periodo del presente año subió a 99. Tener de manera continua casi 100 víctimas de homicidio en promedio diario no puede considerarse bajo ninguna circunstancia un buen dato.

Es conocido que el actual gobierno considera la Guardia Nacional como eje fundamental de su Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ante lo vago e impreciso que resultan en sus alcances otros puntos de ese plan como la “regeneración ética de la sociedad”. Sin embargo, no es posible advertir tampoco grandes logros del despliegue de integrantes de este nuevo cuerpo de seguridad a la hora de enfrentar la violencia, la inseguridad, y reducir los homicidios en estados que son un foco rojo.

Guanajuato, por ejemplo, ha sufrido una escalada en la criminalidad, al punto que el año pasado se convirtió en la entidad más peligrosa del país. A pesar de que el número de efectivos de la Guardia Nacional se incrementó de 2,110 en agosto pasado a unos 5,000 en enero (según declaración del presidente de la República)1, el estado acumuló durante el primer cuatrimestre mil 534 víctimas de este delito, 24% más que el mismo periodo del año pasado. Por si fuera poco, mientras la tasa de víctimas por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes es de 9 a nivel nacional, en Guanajuato es de 24.63; casi el triple. Esto, además de que entre los 10 municipios con las tasas más altas por ese ilícito, figuran Celaya, León, Irapuato y Zamora.

Lo mismo ocurre cuando se revisa la situación de las 20 regiones prioritarias en el combate a la delincuencia; al menos en la mitad de ellas sigue habiendo un incremento en el número de homicidios dolosos y en ninguno se advierte una reducción significativa de éstos.

Por lo que hace a los delitos contra la propiedad, concretamente en el robo en sus diferentes modalidades, la cifra correspondiente a abril es inferior en 33.29% respecto a marzo de 2020, pero esto apunta a ser un fenómeno meramente excepcional más que un indicador de la efectividad en las políticas de seguridad pública.

A diferencia de marzo, cuando aún desde la Presidencia de la República se invitaba a la gente a no dejar de salir a las calles, en abril la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 impuso restricciones al funcionamiento de establecimientos, así como a la movilidad de las personas; las medidas de distanciamiento hicieron que una buena parte de la población se quedara confinada en casa durante todo el mes.

Es entendible que bajo esas condiciones, el robo a casa habitación, el robo a transeúnte o el robo a negocio, por sólo aportar tres ejemplos, hayan sufrido un desplome no atribuible necesariamente a un mejor desempeño de la autoridad a cargo de abatir los delitos o disuadir la comisión de éstos.

Con la extorsión, que como la mayoría de los delitos tiene un alta “cifra negra” (es decir, que las víctimas no presentan denuncia o no se inicia una carpeta de investigación aunque haya denuncia), ocurre algo similar. Los engaños mediante violencia psicológica y agresiones verbales vía telefónica por el supuesto secuestro de un familiar, o las amenazas a negocios por el llamado “derecho de piso” se redujeron en un contexto en el que las familias están juntas bajo techo y los establecimientos han dejado de operar.

No existe ningún “punto de inflexión” en los índices de criminalidad en el país y los informes diarios que supuestamente recibe cada mañana el gabinete de seguridad para tomar decisiones tácticas y estratégicas no están arrojando resultados ni siquiera en las regiones prioritarias que debían ser el modelo a seguir en cuanto a reducción de la incidencia delictiva.

Ni inflexión, ni contención. La criminalidad sigue al alza más allá de las declaraciones.

* Juan Carlos Romero (@jcromero) es periodista y editor en varios medios. Ha trabajado con organizaciones y organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, especialmente en el tema de libertad de expresión.

 

Para ver un panorama más completo, consultar el análisis comparativo de incidencia delictiva 2020 de Causa en Común.

 

1 Andrés Manuel López Obrador. Conferencia de prensa matutina del viernes 31 de enero, 2020.

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