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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Siete posibles efectos del COVID 19 en la seguridad pública
El COVID-19 está transformando todos los aspectos de la vida humana, incluyendo los mercados criminales y los patrones de violencia. En el presente artículo se discuten los siete principales efectos que tendrá la actual pandemia en el futuro de la seguridad pública en México y el mundo.
Por Víctor Manuel Sánchez Valdés
6 de mayo, 2020
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La pandemia por COVID-19 ha trastocado la mayor parte de las facetas de la vida humana y todo parece indicar que seguirá generando cambios profundos en la sociedad. En ese contexto, es previsible que los patrones de violencia, delitos y seguridad pública se verán alterados, por lo que el objetivo presente artículo será tratar de estimar los posibles efectos que vivirá nuestro país en materia de seguridad, a través de siete grandes tendencias que se exponen a continuación:

1.- Disminución momentánea de los delitos, con un repunte después de la contingencia

Medios de comunicación de todo el planeta han reportado un marcado descenso en la comisión de delitos, en especial, aquellos de índole patrimonial, ya que, si menos personas están en las calles debido a la cuarentena, resulta lógico pensar en una caída abrupta de los robos en vía pública o en el transporte público. Algo similar sucede con la extorsión a negocios, que se vuelve más complicada cuando la mayoría de los negocios están cerrados y los que permanecen abiertos han sufrido importantes pérdidas en sus ingresos. Incluso hay varios países de América Latina, en donde la cantidad de homicidios va a la baja, aunque en México, al menos de forma momentánea, no parece ser el caso.

En resumen, se puede esperar que delitos como robo a casa habitación, robo a negocio, robo en transporte, robo en la vía pública, robo de vehículos, allanamientos, daño a la propiedad, lesiones, raptos, extorsiones y secuestros, experimenten una caída en las semanas o meses que dure la cuarentena. Esto no quiere decir que no se presentarán casos, pero la cantidad de los mismos tenderá a la baja.

A pesar de lo anterior, cuando termine la cuarentena es altamente probable que la tendencia se revierta y se incrementen, incluso a un nivel más alto del que se registraba antes, porque los efectos económicos negativos, como el desempleo, el cierre de negocios o la pérdida de ingresos ocasionará que muchas personas por necesidad o falta de oportunidades vean en del delito una posible fuente de ingresos.

La tendencia general a la baja en los delitos no es una regla absoluta, de hecho habrá algunos casos en que en este período se incrementen; por ejemplo, se ha registrado en las últimas semanas un preocupante repunte de la violencia intrafamiliar, debido en gran medida al hecho de que las familias tienen que convivir por más tiempo en espacios reducidos y en contextos de tensión emocional, también se están incrementando los delitos cibernéticos y los fraudes.

2.- Reducción en el caudal de tráfico de productos ilegales

El tráfico ilegal de productos en todo el mundo está ligado al movimiento internacional de mercancías legales, es decir, los bienes ilícitos utilizan mismas rutas y medios de transporte que los legales, de hecho, es normal que un mismo barco traiga contenedores de droga, junto a otros productos legítimos como televisores o ropa.

Debido a que en este período de contingencia el desplazamiento de personas se ha reducido, la cantidad de personas que transportan droga o dinero, comúnmente conocidas como mulas, ha caído en la misma proporción. De igual forma, la cantidad de barcos, aviones, tráileres, trenes o autos que se mueven entre fronteras, se ha contraído de forma importante en los últimos meses, lo que se traduce en menos paquetes y contenedores en tránsito, incluyendo los que contienen productos ilegales.

Este fenómeno está afectando al tráfico ilegal de muchos productos como drogas, armas, dinero, piratería, especies protegidas, bienes de lujo robados e incluso el tráfico de personas.

A lo anterior hay que sumar la contracción del mercado de robo de combustibles en México y en otros lugares del planeta, debido a que una caída en el consumo de los hidrocarburos, derivado del paro de actividades de muchos sectores productivos y un menor desplazamiento de personas, han propiciado el desplome de los precios del petróleo y la gasolina, por lo que la rentabilidad de los huachicoleros está en su punto más bajo.

En resumen, la actual pandemia está afectando los ingresos de muchas organizaciones criminales en todo el mundo, sobre todo de aquellas dedicadas al tráfico ilegal de productos entre fronteras. Aunque como se verá en el siguiente punto, ciertas organizaciones han tratado de minimizar las pérdidas a través del ajuste de los precios de venta.

3.- Aumento en los precios de algunos productos ilícitos

La demanda de muchos de los productos ilícitos, en especial de las drogas, es en gran medida inelástica, es decir, es poco sensible al precio, por ende, no importa tanto el aumento en el valor de venta, siempre habrá un gran número de personas que deseen su consumo.

En este período se ha vuelto más complicado producir y transportar muchos productos ilegales, el más claro ejemplo son las drogas sintéticas, cuya fabricación por parte de las organizaciones criminales se ha dificultado, debido a la falta de insumos, ya que la mayoría de los precursores químicos vienen de China y de otros países de Asia, donde la actividad industrial ha estado parada por semanas.

Por ello, las organizaciones criminales en México han tenido que bajar la producción de drogas sintéticas, pero al mismo tiempo incrementaron de forma importante el precio de venta. De forma que la disminución observada en rentabilidad por menor un menor caudal de producción, se compensa en parte por un precio mayor y como la demanda es inelástica, hay muchos consumidores que están pagando el sobrecosto.

Algo similar podría estar sucediendo con otros productos, ya que, si la logística del tráfico internacional se ha vuelto más complicada y costosa, parte al menos de este costo se está trasladando a los consumidores, aunque ello no quiere decir, que las organizaciones criminales no estén asumiendo reducciones en sus márgenes de ganancia, sobre todo en productos con demandas menos inelásticas que las drogas, como las armas o la piratería.

4.- Incremento en las personas que trabajarán en mercados ilícitos después de la pandemia

Una de las consecuencias que ha tenido la pandemia de COVID-19 es la pérdida de empleos. La propia Secretaría del Trabajo informó que, del 13 de marzo al 6 de abril de este año, se perdieron en México 346,878 puestos de trabajo, a los cuales habrá de agregarse una cantidad mayor en los próximos meses, así como la reducción de los ingresos para muchas personas, que las obligará a buscar nuevas entradas de dinero que compensen las pérdidas.

Debido a que es muy probable que se tratará de una situación generalizada, no podemos descartar que los siguientes meses e incluso años, muchas de las personas que perdieron su empleo tengan dificultades para conseguir otro y en situaciones desesperadas, se podrían ver tentadas a trabajar en mercados ilegales.

Lamentablemente el tamaño de las economías ilegales es muy grande en nuestro país y ofrecen oportunidades laborales a muchas personas que carecen de otras opciones para contar con un ingreso, que les permita cubrir sus necesidades básicas.

Existe una amplia gama de actividades ilegales; muchas de alto riesgo, como pertenecer a los aparatos sicariales de una organización; otras de riesgo medio, como vender droga al menudeo en las calles o cultivarla en alguna zona serrana de difícil acceso; pero también empleos de bajo riesgo, como trabajar en muchas de las empresas fachada que estas organizaciones utilizan para lavar dinero.

Lo preocupante es que la situación de extrema necesidad puede orillar a muchas personas que nunca consideraron la posibilidad de trabajar para una organización criminal, a incorporarse a las mismas, lo cual no sólo condenará a muchos mexicanos, sino que también contribuirá al crecimiento de las organizaciones, la violencia y el delito. Es por ello que urgen medidas de las instituciones públicas, para asegurar oportunidades legales de ingreso para los miles de mexicanos que perderán sus empleos en estos meses.

5.- Ayudas del crimen organizado a su base social

Muchas organizaciones criminales suelen entregar bienes o realizar actividades para construir puentes con la población de los lugares en donde operan de forma intensiva, en pocas palabras, construyen una base social, como una herramienta de protección que dificulta la labor de las autoridades, porque los ciudadanos en lugar de colaborar con el gobierno, terminan protegiendo a los grupos criminales, por considerarlos sus benefactores.

Por tal motivo, no resulta extraño que en días pasados los medios hayan reportado la entrega de despensas en varios municipios del país, por parte del Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, Zetas Vieja Escuela y hasta organizaciones de menor tamaño, como los Viagras y la Familia Michoacana.

Este fenómeno no es exclusivo de México. De hecho la escena se ha repetido en varias latitudes. En Italia la Camorra ha repartido dinero y comida en barrios populares de Nápoles, Barrio 18 ha hecho lo propio en San Salvador y el Comando Vermelho ha decretado toque de queda en diferentes favelas de Río de Janeiro y Sao Paulo.

Es decir, las organizaciones se convierten en benefactoras de zonas de alta marginación en países de todo el mundo, en ocasiones supliendo al Estado en diferentes tareas, asegurando lealtades, que después capitalizan a su favor, y por tanto, debemos entender este tipo de crisis como ventanas de oportunidad en que las organizaciones criminales buscan reforzar su posición en determinados territorios, pero también, debemos verlo como un riesgo para la sociedad, porque se normaliza la existencia de importantes generadores de violencia.

6.- Surgimiento de mercados negros temporales

La cuarentena que están viviendo millones de personas en todo el mundo ha disminuido la producción y la comercialización de muchos productos, al tiempo que ha aumentado la demanda de otros insumos, sobre todo de medicamentos, productos de limpieza y materiales de protección, como guantes o mascarillas, al grado que ha sido imposible cubrir la cantidad requerida de algunos de estos bienes.

El crimen organizado siempre busca aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el entorno, por ello, no resulta extraño que varios grupos en distintas partes del planeta hayan comenzado a incursionar en la fabricación y distribución de bienes escasos o de copias de los mismos de menor calidad.

Por ejemplo, se han publicado en Colombia y otros países noticias de venta de medicamentos falsos o de insumos como las mascarillas N95, que simulan tener las mismas características que las auténticas, pero que no cumplen con los estándares mínimos de calidad, las cuales son comercializadas por organizaciones criminales, aprovechando la necesidad y la falta de información de muchas personas.

Esta situación también ha dado pie a la generación de fraudes a gran escala, por ejemplo, en Costa Rica circuló una aplicación que presuntamente ofrecía mapas interactivos de dispersión de la enfermedad, llamada COVIDLock, cuando en realidad dicha aplicación se generó para robar los datos de las personas que la instalaban en sus dispositivos.

7.- ¿Menos recursos para seguridad pública?

Ante una previsible caída en el crecimiento económico del mundo y en especial de nuestro país, es altamente probable que México vea mermados sus ingresos fiscales, lo que obligará a realizar recortes en varios rubros del gasto público, los cuales podrían incluir a la seguridad pública.

De hecho ante la situación de emergencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitió un oficio mediante el cual autoriza a los estados y municipios, para destinar algunos de los recursos que recibieron en 2020, tanto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y la Ciudad de México (FASP) y del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), para equipamiento de los agentes de seguridad frente a la contingencia del COVID-19, ya que en sus labores podrían tener contacto con personas contagiadas.

Si bien no se trata de una disminución al presupuesto de seguridad de estados y municipios en 2020, no se puede descartar que la emergencia y la baja captación de ingresos fiscales, obliguen a reducir el gasto en seguridad pública en 2021, a pesar de la importancia que tiene el tema y a pesar de que las conductas delictivas se pudieran incrementar.

Esto sería un duro golpe para el país, porque la violencia ha ido en crecimiento en los últimos años de forma sostenida y la implementación de estrategias que nos ayuden a contenerla, requiere de la inversión de recursos, por ende, una disminución en el presupuesto de seguridad, podría minar estos esfuerzos.

Conclusión

La propia pandemia del COVID-19 nos ha enseñado que no podemos predecir el futuro, ni dar cosas por sentado, por ello, las tendencias aquí presentadas se basan en patrones de comportamiento que se han observado en las últimas semanas, así como inferencias lógicas a partir de experiencias previas, sin embargo, las mismas no se deben de entender como un destino predeterminado, por ello, como en cualquier ejercicio de prospectiva, la posibilidad de resultados diversos es factible, pero lo que es un hecho, es que esta pandemia generará cambios importantes en el rumbo de la seguridad pública, la violencia y el crimen organizado. 

* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval ) es colaborador de Causa en Común, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor por el CIDE y especialista en seguridad pública.

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