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Por Causa en Común
Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Subregistro y manipulación: documentar la simulación
Aún cuando la población no denuncia ante el abismo entre sociedad e instituciones de seguridad, los índices de violencia son altísimos con un promedio de 100 homicidios y 10 mujeres asesinadas diario, datos que documentan el informe de incidencia delictiva que los gobiernos manipulan para ocultar cifras.
Por Genaro Ahumada García
2 de junio, 2021
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Causa en Común realizó el análisis de los datos correspondientes al mes de mayo sobre incidencia delictiva, publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Como lo ha denunciado la organización desde que realiza este análisis, los datos publicados tienen un constante subregistro de delitos de alto impacto y una manipulación de cifras con el propósito de disminuir el impacto de las cifras, y con ello, documentar la simulación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (ENVIPE) 2020, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o no iniciaron una carpeta de investigación en las fiscalías durante 2019 fue del 92%; es decir, 9 de cada 10 delitos cometidos no pasan por el aparato de seguridad y justicia de México. Esta cifra no ha variado mucho desde la ENVIPE de 2011, en la que la cifra negra o subregistro de denuncias ascendieron al 91%. Llama la atención que esta cifra negra se concentre en entidades con la peor situación de inseguridad: Guerrero, con 96% de delitos no denunciados; Oaxaca (95%), Michoacán (95%), Sinaloa, (94%), Tamaulipas (94%) y Veracruz (93%), entre otros.

La misma encuesta arroja resultados sobre cuáles pueden ser algunos de los motivos principales por los cuales las y los ciudadanos no denuncian. El 64% de la población dijo que no denunció algún delito del cual fue víctima por “razones atribuibles a la autoridad”; por ejemplo, es “una pérdida de tiempo” (37%), desconfían de la propia autoridad (15%), los trámites resultan difíciles (9%), detectaron una “actitud hostil” por parte de la autoridad (4%) o tuvieron miedo a ser extorsionados por la propia autoridad (1%). De igual forma, la población tiene la percepción de más que justificada que la justicia no es pronta ni expedita, como lo establecen las leyes.

Con este panorama, los datos del SESNSP pueden ser, si acaso, una radiografía distorsionada de la situación real que enfrenta el país en materia de seguridad. Los delitos con mayor cifra negra son la extorsión (97%), fraude (96%), robo parcial de vehículo (95%), robo o asalto en calle o transporte público (94%), secuestro (94%) y robo a casa habitación (91%), todos los cuales enfrenta la población día a día. Los datos, por tanto, son un galimatías que nada le dice a la población sobre la incidencia de delitos como homicidio, robo con violencia, secuestro, feminicidio, violencia familiar o extorsión, que viven en sus comunidades.

Más allá del subregistro o cifra negra en la denuncia e investigación de delitos, resulta más preocupante cuando las autoridades la desincentivan. Esto es, cuando en un cálculo político generan menos condiciones para que la población denuncie y, por tanto, hay menor incidencia delictiva que informar y mejores números para justificar sus acciones de gobierno en materia de seguridad, lo cual resulta una perversidad que la población no merece.

El reporte elaborado por Causa en Común detectó, como cada mes, una serie de anomalías en los datos reportados por el SESNSP. Desde la organización denominamos “anomalía” a una cifra que parece inverosímil o, al menos, poco creíble frente al nivel de seguridad y violencia que enfrenta la entidad que lo reporta.

De acuerdo a la definición de la organización, una anomalía puede ser un número contrastante de delitos en alguna entidad federativa de un periodo a otro, o también la reclasificación de ciertos tipos de delitos. Algunas entidades juegan entre el homicidio doloso y el culposo para manipular los datos, es decir, se clasifican en uno u otro a conveniencia.

Lo mismo pasa con el feminicidio. Muchos homicidios contra las mujeres pasan como homicidio doloso y no como feminicidio, debido a la incapacidad ministerial para elaborar investigaciones sólidas que demuestren que, en la gran mayoría de estos casos, se asesina a las mujeres por el solo hecho de serlo.

Por ejemplo, para el delito de secuestro Coahuila reportó una disminución del 100% en el periodo de enero a abril de 2021 respecto del mismo periodo del año pasado. Esto quiere decir que, de acuerdo a las autoridades locales, en Coahuila no ha ocurrido ningún secuestro en lo que va del año. Sin embargo, recordamos el caso del secuestro, desaparición y asesinato de Marisa N, una mujer originaria del municipio de Arteaga, Coahuila, que para la autoridad no representó siquiera una carpeta de investigación que se reflejara en la estadística.

Tamaulipas reportó que, en lo que va de 2021, no se ha registrado ningún feminicidio en la entidad. Sin embargo, de acuerdo a reportes de organizaciones civiles y medios de comunicación, han sido asesinadas de manera violenta, al menos 21 mujeres en lo que va del año, pero las autoridades han clasificado estos delitos como homicidios dolosos sin el agravante de feminicidio. Una vil estratagema para invisibilizar la violencia contra las mujeres en el estado.

Causa en Común destacó el reporte del SESNSP sobre el aumento del delito de narcomenudeo  en un 10% En este caso, se destaca que dentro de los primeros 10 municipios con más registros de narcomenudeo, no figure ninguno de Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas o Jalisco, lugares conocidos por ser sede de grupos delictivos importantes.

Zacatecas tiene el promedio más alto de asesinatos registrados por cada 100 mil habitantes con 30, pero la menor en cuanto a feminicidios. Chihuahua registra 21 asesinatos por cada 100 mil pero tiene una tasa de cero en extorsiones. Yucatán y Colima no reportan ningún caso de robo de vehículo con violencia. Es decir: toda mujer que se sienta insegura, debería mudar su residencia a Zacatecas; Todo el que haya sido extorsionado, debería estar en Chihuahua; todo aquel que no quiera que le roben su auto, debería ir a Yucatán o Colima.

En síntesis: la población no denuncia porque hay un abismo entre sociedad e instituciones de seguridad; aún con esa falta de denuncia, los índices de violencia son altísimos (no hace falta recordar que tenemos en promedio 100 homicidios y 10 mujeres asesinadas cada día) y además, con los pocos datos con los que la autoridad realiza el informe de incidencia delictiva, los gobiernos realizan prácticas de manipulación y ocultamiento de cifras.

Lo que se necesita es hacer un ejercicio de autocrítica para reconocer los problemas que contiene el informe y hacer lo que importa: reconstruir a las instituciones y eliminar la brecha que la impunidad ha puesto entre el gobierno y la población. Mientras no se haga esto, mientras se siga jugando políticamente con los números; mientras se sigan escondiendo los problemas de sistema de justicia, de los ministerios públicos, del abandono de las policías civiles y del sistema penitenciario, solo se seguirá documentando la simulación.

* Genaro Ahumada García (@AhumadaGenaro) es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestrante en Comunicación Política por la Universidad Austral de Argentina. Se ha desempeñado en el servicio público en áreas relacionadas a la protección de los derechos humanos. A lo largo de su trayectoria ha sido consultor, asesor, investigador y redactor de discursos políticos.

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