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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Transparencia en materia de seguridad pública: deuda pendiente
Las instituciones de seguridad, estatales y federales suelen negar información directamente vinculada con sus responsabilidades establecidas en ley. Esto puede deberse a que no cuentan con dicha información, a que no consideran conveniente difundirla, por deslindarse de alguna postura o porque no conocen sus responsabilidades, o por una combinación de estas razones.
Por Raúl Rosales Ochoa
20 de enero, 2021
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La transparencia es una de las obligaciones más relevantes que las instituciones tienen que cumplir en un régimen democrático. Es fundamental que sea un ejercicio que se realice en dos vías: es necesario que el Estado ponga a disposición de la ciudadanía información sobre temas que le importan e incumben, así como que existan mecanismos para que las y los ciudadanos accedan a la información que no se hace pública de manera proactiva por parte del Estado.

En ese sentido, la obligación del Estado de proporcionar información oportuna y de calidad a la ciudadanía, permite incrementar su participación activa en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas.

El acceso a la información pública es un elemento de la transparencia que proviene del “derecho a la información”. En México, este derecho está reconocido en el artículo 6° de la Constitución, y en los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Esta Ley otorga a la ciudadanía la facultad de solicitar acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como de cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Desde la creación de la LGTAIP y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se han logrado grandes avances en la materia, pero aún existen deficiencias en torno a los mecanismos existentes de transparencia.

Opacidad en materia de seguridad pública

Causa en Común ha utilizado como insumo de sus investigaciones la información que proporcionan las diferentes dependencias a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, con frecuencia la información que se obtiene ha dejado mucho que desear. En muchas ocasiones, las dependencias se niegan a dar información, respondiendo con incompetencias e inexistencias de información; y cuando la llegan a proporcionar, ésta suele ser deficiente.

En 2017 y 2018, Causa en Común evaluó el cumplimiento de la ley en materia de desarrollo policial a partir de solicitudes de información enviadas a instituciones estatales de seguridad.1 El 15% de los cuestionamientos dirigidos a estas dependencias no se registró porque no fue respondido (10%), se reservó la información (3%), o fue respondido con “incompetencia” e “inexistencia de información” (2%). Además, sobresalen ejemplos absurdos como el caso de Hidalgo que, en 2016, envió un catálogo de perfil de puestos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero en 2017 reportaron que no existía. También destaca el caso de Campeche que reportó, en 2016, tener stand de tiro, aulas, dormitorios, comedor y gimnasio en sus Academias, pero en 2017 ya no.

Causa en Común también realizó un estudio, en 2017 y 2018, en el que se evaluaron los Centros de Atención a Llamadas de Emergencia (CALLE).2 Una parte de la evaluación se hizo a partir de solicitudes de información a dependencias estatales. Sobresalió que existe un alto grado de opacidad en lo que se refiere al personal de los CALLE y a sus funciones. También se encontró que las entidades federativas carecen en su mayoría de regulación que incentive la transparencia de los CALLE y de las corporaciones de seguridad. Un ejemplo de esto es que 17 entidades no proporcionaron información acerca de sus cámaras de video vigilancia.

Desde 2019, Causa en Común también realiza un ejercicio continuo de verificación de las declaraciones en materia de seguridad pública en las conferencias de prensa matutinas. Estas conferencias son consideradas por el presidente y otros altos funcionarios públicos el principal mecanismo de rendición de cuentas y transparencia con el que cuenta el gobierno federal. Sin embargo, en el análisis del primer año de conferencias matutinas se encontró que, al preguntar por el sustento de dichas declaraciones a instituciones federales de seguridad, la mayor parte de lo que se dice no tiene respaldo.3

Dichas preguntas se enviaron a través de la Plataforma de Transparencia. Del total de respuestas proporcionadas, el 52% no contenía información sobre las declaraciones emitidas en las conferencias; es decir, más de la mitad de las respuestas de las instituciones federales de seguridad, fueron “inexistencias”, “incompetencias” y “reservas”. El 48% restante sí contenía información, pero únicamente un 23% “coincidió totalmente” con las declaraciones. Esto quiere decir que el 77% de las respuestas evadieron dar información o no dieron sustento a las declaraciones.

En síntesis, las instituciones de seguridad, estatales y federales suelen negar información directamente vinculada con sus responsabilidades establecidas en ley. Esto puede deberse a que no cuentan con dicha información, a que no consideran conveniente difundirla, por deslindarse de alguna postura o porque no conocen sus responsabilidades, o por una combinación de estas razones.

Retos en materia de transparencia

Ante el alto nivel de opacidad que existe en materia de seguridad pública, sobresalen dos retos importantes:

1) Fortalecer las capacidades del INAI y de los institutos locales de transparencia. Se requiere otorgarles mayor poder a los institutos de transparencia del país para que obliguen a las dependencias a transparentar la información. Asimismo, es necesario que se apliquen las sanciones que se encuentran en la LGTAIP a aquellas instituciones o servidores públicos que se nieguen a transparentar algún documento o a proporcionar algún tipo de información.

Lamentablemente, el presidente ha atacado la autonomía del INAI, incluso ha planteado su desaparición. Esto sin duda contravendría estándares internacionales relativos al derecho a la información. En lugar de estigmatizar al INAI o a los institutos locales de transparencia y recortarles recursos, como ya lo ha hecho el actual gobierno federal, lo que corresponde es reconocer su labor y exigir que se les brinde más apoyo para que puedan cumplir con sus responsabilidades.

2) Fortalecer las capacidades de las Unidades de Transparencia: Al mismo tiempo que se fortalecen las capacidades de los institutos de transparencia, también se requiere fortalecer las capacidades de las unidades de transparencia de las dependencias federales y locales.

Dentro del sistema de transparencia, no sólo importan los órganos garantes de transparencia, sino también las unidades encargadas de proporcionar la información. Por ello, se requiere conocer el estado en el que se encuentran dichas unidades en cuanto a presupuesto, personal y capacitación; esto debido a que, probablemente, estas áreas no suelen contar con los recursos suficientes para proporcionar la información solicitada, tienen muy poco personal, o no cuentan con la capacitación adecuada para atender las obligaciones de transparencia de su institución.

Una vez analizado el estado general de las unidades, se deberán de aplicar una serie de acciones para corregir las deficiencias mencionadas. Más adelante, será necesario una evaluación de impacto de las posibles intervenciones para verificar que en efecto hubo una mejoría, pero en principio se requiere conocer el estado en que se encuentran las unidades del país, en particular, de aquellas que forman parte de instituciones de seguridad.

Una reflexión final…

El país necesita transitar de un esquema de máxima reserva a uno de apertura y transparencia, en el que la información generada permita a los gobiernos y a la sociedad evaluar de mejor manera los recursos humanos y materiales que se destinan a las instituciones, así como aprovechar de mejor manera los datos recabados para el diseño de políticas públicas.

El sistema de transparencia en nuestro país se encuentra en constante construcción. La ciudadanía sin duda es un actor relevante en dicho proceso, pero también es responsabilidad de las autoridades cumplir con sus obligaciones. Es de vital importancia que no se destruya lo que con tanto esfuerzo se ha logrado desde la sociedad civil organizada. Es cierto que existen muchas deficiencias, pero es posible mejorar lo que ya se tiene. No se puede retroceder en un derecho humano fundamental como lo es el acceso a la información por algún capricho político.

* Raúl Rosales Ochoa (@ruloarosales) es Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Trabajó en México Evalúa en el área de Anticorrupción y Educación. Participó en un proyecto de investigación con el CONACYT y el CIDE acerca de las relaciones comerciales entre México y Guatemala. Ha trabajado temas sobre sociedad civil organizada y participación política.

 

 

1 El Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) es un conjunto de indicadores que miden el cumplimiento de la ley en materia de desarrollo policial a partir de cinco ejes: carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social y certificación. Este estudio se puede consultar en la página de la organización en este vínculo electrónico.

2 Entre 2017 y 2018, Causa en Común realizó una evaluación de los Centros de Atención a Llamadas de Emergencia (CALLE) con el objetivo de analizar el marco regulatorio y la organización de los centros, identificar buenas prácticas y elaborar recomendaciones para mejorar el servicio de 911. Este estudio se puede consultar en la página de la organización en este vínculo electrónico.

3 Este análisis es público y puede consultarse directamente desde la página de la organización en este vínculo electrónico.

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