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Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende se... Causa en Común es una ONG multidisciplinaria de mexicanos trabajando por México que pretende ser al mismo tiempo incómoda y propositiva. Es presidida por María Elena Morera y se dedica a la construcción de ciudadanía, la promoción del Estado de Derecho y a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Síguela en Twitter: @causaencomun. (Leer más)
Urnas y sangre
En el caso de México es evidente que las buenas intenciones no son suficientes, que se necesitan acciones concretas de protección, y que se debe iniciar de manera emergente el rescate de nuestras policías.
Por María del Pilar Déziga Velázquez
19 de mayo, 2021
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El próximo 6 de junio en México se elegirán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas y más de mil 900 presidencias municipales; en suma, más de 21 mil cargos públicos, una amplia jornada electoral.  Sin embargo, las personas que activamente están contendiendo por un cargo público se enfrentan ante un escenario hostil y sumamente violento, que pone en riesgo su integridad y nuestra democracia. Nuestros precedentes inmediatos en épocas electorales son muy preocupantes. El pasado periodo electoral fue el más violento desde que se tiene registro. Desde el inicio del proceso electoral, en septiembre pasado, hasta ahora, han asesinado a 65 actores políticos.

El problema de la violencia política no es exclusivo de México. En América Latina se han registrado diversos episodios de violencia contra candidatos y actores políticos, aunque los contextos son distintos. En El Salvador, en medio de las elecciones legislativas y municipales, el pasado febrero, asesinaron a dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El asesinato sucedió mientras se llevaba a cabo un mitin político, a la vista de cientos de personas y no hay responsables detenidos. La polarización política del país, entre el FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ha cobrado relevancia y se ha traducido en eventos violentos, similares a ese doble homicidio. En El Salvador, el último proceso electoral de este año se vivió con graves expresiones de violencia advertida en mensajes de odio entre miembros de los dos grupos políticos con mayor fuerza. La respuesta del gobierno, fue minimizar lo sucedido y no se consideró un problema en medio del proceso electoral.

En Colombia, durante el último proceso electoral de 2019, se registraron 9 asesinatos y 46 incidentes violentos en contra de aspirantes a cargos de elección popular en diversos departamentos y alcaldías del país. Además, en marzo de este año, asesinaron en su casa a un ex gobernador de una provincia colombiana. En la mayoría de los casos, los eventos sucedían mientras los aspirantes se trasladaban durante sus campañas electorales y, en algunos casos, en eventos de proselitismo.  En Colombia, de acuerdo con declaraciones de la policía, las y los candidatos fueron víctimas de grupos criminales. Al igual que en México, los asesinatos de actores políticos son un reflejo de la violencia generalizada que se vive en Colombia y convierten a los aspirantes en objetivos clave para los grupos criminales.

La respuesta del gobierno de Iván Duque fue destinar una Unidad de Nacional de Protección, integrada a la protección de candidatos y habilitar una línea de emergencia para éstos, en caso de recibir amenazas o estar en riesgo. Los líderes de partidos políticos, así como algunos candidatos, manifestaron haber buscado pactos de no violencia con representantes de grupos criminales en las zonas donde se llevaron a cabo los procesos electorales. El caso de violencia política en Colombia es una combinación entre los altos índices de violencia, así como la participación de los grupos criminales en la vida política del país.

En Brasil, país más poblado de América Latina, de acuerdo con un informe del Grupo de Investigación Electoral de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en los últimos tres años se han asesinado a 165 políticos. En el último proceso electoral en 2020 se asesinaron a 91 candidatos, duplicando la cifra del año anterior.  En Brasil, los asesinatos a los actores políticos se registraron en las ciudades con mayores índices delictivos: Sao Pablo, Río de Janeiro y Pernambuco.  Los eventos han sucedido en eventos públicos mayoritariamente.  Además de registrarse los hechos, en esas ciudades, otros sucedieron en ciudades con menos de cincuenta mil habitantes, circunstancia similar al caso mexicano donde más de la mitad de los eventos violentos, se registraron en municipios de menos de cien mil habitantes. En ambos casos, destaca que los asesinatos y eventos violentos ocurren en zonas con menos presencia de fuerzas de seguridad y donde los grupos criminales mantienen amplia presencia.

Al igual que en México, los casos de violencia política en Brasil son perpetrados por integrantes de grupos criminales que buscan infiltrarse en los procesos electorales e interferir con los procesos de elección de los gobiernos, principalmente a nivel municipal.

En Nicaragua, cuyo proceso electoral iniciará en noviembre de este año, hasta el momento ha registrado el asesinato de un líder campesino y exalcalde de una municipalidad, opositor al gobierno del presidente Daniel Ortega. El evento sucede en medio de un clima de preocupación en ese país por la ausencia de garantías para llevar a cabo un proceso electoral transparente y seguro. El gobierno, sin ningún pronunciamiento sobre lo sucedido, mantiene un proceso de promoción y preparación para los comicios electorales de este año.

Los ejemplos expuestos representan diversas condiciones en que se observa la violencia política en el continente. En algunos casos, los asesinatos o eventos de violencia se pueden asociar a las ideologías políticas de los partidos, grupos o candidatos. En otros casos, los asesinatos son perpetrados por integrantes de grupos criminales que buscan amenazar a los aspirantes y afectar los procesos electorales. También hay casos en que la presencia de grupos criminales es mayormente evidente y buscan integrarse de manera estable en los gobiernos locales.

Además, la violencia política en el continente es un reflejo de la violencia generalizada que se vive en un gran número de países de la región. Asimismo, los eventos de violencia en contra de candidatos y funcionarios suceden en zonas con bajas concentraciones de habitantes y altas tasas de incidencia delictiva.  Sin embargo, las respuestas de los gobiernos se caracterizan por comisionar a grupos de policías o militares al cuidado de las y los aspirantes a puestos públicos en las ciudades más pobladas.

México es un claro ejemplo de la ausencia de estrategia para disminuir la violencia contra los candidatos a diversos cargos públicos. Uno de los principales retos que enfrentan las autoridades es ofrecer la mayor seguridad posible a aspirantes que se encuentran en situaciones o zonas de alto riesgo. El pasado cuatro de marzo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó una estrategia para proteger a candidatos y aspirantes a cargos populares, que contempla reforzar la seguridad en localidades de alto riesgo; brindar protección a quienes han sufrido de amenazas; la coordinación operativa con autoridades e instancias competentes; la creación de mesas de trabajo; y la evaluación semanal de la estrategia. Sin embargo, el asesinato del aspirante a la presidencia del municipio de Caborca es uno de los varios ejemplos de la ausencia de estrategia de seguridad, focalizada a las necesidades reales que se viven en la mayor parte de los municipios de México que están en los procesos electorales este año.

En el caso de México es evidente que las buenas intenciones no son suficientes, que se necesitan acciones concretas de protección, y que se debe iniciar de manera emergente el rescate de nuestras policías. La seguridad pública no es un área propia de las Fuerzas Armadas. No están preparadas para realizar ninguna de las funciones esenciales de cualquier policía. De ahí que cualquier tema de seguridad termine siempre en esta conclusión: la militarización no sirve, y tenemos que desarrollar policías eficaces.

En América Latina no parece vislumbrarse un panorama distinto.  Si -además- aspirar a un cargo público significa jugarse la vida, no es exagerado afirmar que la democracia podría tener los días contados.

* María del Pilar Déziga Velázquez (@PilarDeziga) es Internacionalista por el ITESM y Socióloga por la UNAM. Se ha desempeñado en el servicio público, colaboró en la Embajada de Canadá en México, en el Consulado de México en Douglas, Arizona, y formó parte de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica en Petróleos Mexicanos, en el área de investigación e inteligencia.

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